La decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley de Retiro Digno constituye “un rudo golpe” a los pensionados, dijo hoy la autora del estatuto, Lourdes Ramos Rivera y le hizo un llamado al gobernador Pedro Pierluisi y a los presidentes de las cámaras legislativas a que apelen la sentencia.

La legisladora novoprogresista dijo que a la luz del dictamen de la jueza Taylor Swain espera que sus compañeros legisladores que votaron a favor del Proyecto de la Cámara 1003, que serviría como ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), reconsideren su voto.

“Esta decisión me deja defraudada. Le da un golpe a los pensionados que son la población vulnerable. Esta ley se hizo por etapas y en este momento no le cuesta nada al pueblo de Puerto Rico. Solo que ellos están contando como costo, el estimado de falta de ingresos, que es el único renglón que le puede adjudicar como gasto. Como ellos están esperado quitarle el 8.5% de ingreso y la ley no se los permite, lo cuentan como gasto al ser un ingreso no recibido”, indicó.

Ramos Rivera dijo que cabildea en contra del Proyecto de la Cámara 1003, que al ser enmendado en el Senado, regresa ante la consideración de la Cámara.

“El lunes (próximo) espero que no se apruebe el informe de conferencia del Proyecto1003. De no aprobarse, el PAD no es viable y nos da la oportunidad de sentarnos a negociar y pagar lo justo, lo legal”, sostuvo.

Indicó la legisladora que dentro de la propuesta emisión de bonos se le pagarían “$500 millones a los bonistas de retiro que son bonistas no asegurados y han perdido su caso tres veces en Boston”.

“Esto significa que no me puedo rendir y perder esos $500 millones. La JSF tiene la potestad cuando son bonos no asegurados de decidir lo que va a pagar”, dijo para agregar que la emisión de bonos de retiro de $3 mil millones de 2008 se hizo “administrativamente” porque se aprobó en el Senado, pero en Cámara no.

“Estoy cabildeando para que derrotemos el Proyecto 1003. Si se aprueba es un cheque en blanco a la Junta, Estaríamos permitiendo otros pagos ilegales como el de los bonistas de retiro. Los economistas son dijeron en las vistas que este proyecto podría llevarnos a la quiebra a otra vez en cinco años”, expresó Ramos Rivera.

Dijo que el caucus novoprogresista no se ha reunido para discutir el asunto y que espera que sus compañeros de delegación “entiendan que esta es una situación bien importante”.

“No he visto el PAD, nadie sabe si a los pensionados se le va a quitar el dinero o no. Yo no creo en la Junta no se han ganado mi confianza. Sería decirle: hagan lo que ustedes quieran, cuando nosotros tenemos el sartén agarrado por el mango, porque sin nuestro voto no hay plan de ajuste y eso fue certificado por la jueza Taylor Swain”, subrayó la legisladora.

“No me debo a los grandes intereses. Voy a seguir defendiendo a los más vulnerables que son los pensionados y a los servidores públicos”, añadió.

No obstante, dijo que la resolución de la jueza tiene “puntos importantes” porque “establece claramente” la necesidad de que la Asamblea Legislativa pase juicio sobre el PAD. “Certifica que es necesaria la intervención de la Legislatura a pesar de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha insistido que no”, dijo Ramos Rivera.

Indicó, además, que considera que la sentencia de 30 páginas es contradictoria. “Dice que anula totalmente la Ley de Retiro Digno y también dice, que elimina unos artículos. Hay que pedirle a la jueza que aclare si es toda la ley o unos artículos, de los que habla en la sentencia”, sostuvo.

Ramos Rivera precisó que la sentencia invalida los artículos 1.02, 5.02, los capítulos 2, 3 y 4 y en el 5.01, la ultima oración. “Hay que ir a la ley y verificar porque sería incongruente la sentencia si dice que anula la ley e invalida esos artículos”, dijo.