El derecho humano y mandato constitucional que tienen los confinados para que el gobierno les ayude en su proceso de recuperación y reinserción social parece ser la soga finita que está a punto de reventar en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a causa del drástico recorte presupuestario que enfrenta la agencia y que está sumando a su estrepitosa crisis una merma de más de $400,000 en fondos para los limitados programas de libertad condicional.

La complejidad del camino para lograr la transformación de los reos y su reintegración a la sociedad se nutre de diferentes alternativas que incluyen los programas de libertad a prueba y los programas de desvío y comunitarios. 

Precisamente, estas iniciativas son las que están en riesgo, aun cuando son centros de tratamiento y alternativas al encarcelamiento que se establecen para que las personas convictas capacitadas para retornar a la comunidad cumplan parte de su sentencia fuera de la institución carcelaria. Los costos aproximados por un confinado que recibe el servicio de libertad condicionada en un hogar es de entre $7,000 a $10,000 al año, en contraste con un reo en una institución penal cuyo costo anual sobrepasa los $40,000.

En cambio, menos de un 2% del presupuesto de la agencia está destinado a iniciativas de rehabilitación, según datos provistos en 2017 a este diario por el exsecretario de la agencia, Erik Rolón.

Para entonces Rolón adjudicó la bajísima inversión de la agencia a programas que deberían ser prioridad institucional a la maltrecha finanza de la agencia. De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal (FSF) aprobó este año fiscal un presupuesto de $380.9 millones para el DCR. Esto representa $18.9 millones menos que la pasada asignación.

Los programas de libertad condicional incluyen los hogares de desarrollo integral, los cuales brindan servicios a confinados adictos que propenden la rehabilitación; los centros educativos y de rehabilitación cristiana, que también ofrecen tratamientos contra la adicción y el alcoholismo pero con una base religiosa; y  los hogares de adaptación social, los cuales albergan a reclusos de custodia mínima y los preparan para su excarcelación permitiéndoles, incluso, trabajar en la comunidad durante los últimos meses de su confinamiento.

Actualmente, hay cinco hogares de estas categorías que mantienen contratos con el DCR para cumplir con los fines antes mencionado: Hogares CREA, Teen Challenge, Hogar Nueva Vida, Hogar Nuevo Pacto y Upens.

Según informes entregados a Primera Hora por el DCR, el pasado año fiscal la asignación presupuestaria a estos programas de rehabilitación fue de $3,584,743. En cambio, para el año fiscal 2019-2020 la cifra  se redujo a $3,175,836 para una diferencia de $408,907 menos destinados a unas vías de rehabilitación que en los últimos 20 años habían sufrido drásticas bajas en presupuesto. Según un informe de auditoría de la agencia publicado en 2001, para esa fecha la agencia pagaba por los servicios comunitarios $13.8 millones. Curiosamente, los hogares participantes eran los mismos que los actuales.

“Aunque la reducción en el presupuesto representa un reto enorme para el DCR, estamos trabajando para identificar alternativas que cumplan con las disposiciones de los tribunales y de los reglamentos internos del DCR y que no afecten la participación de los probando y confinados en estos programas”, expuso en declaraciones escritas Alex Joel Torres, secretario auxiliar de la Oficina de Programas y Servicios de la agencia.

Explicó que de la población correccional actual – representada por 8,877 hombres (incluyendo sumariados) y 303 mujeres- sólo se benefician de los servicios 361 confinados. De estos 353 son de los programas de libertad a prueba, ocho de programas de desvío y entre 60 a 65 de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Dijo que los requisitos para los servicios varían y que, por ejemplo, en algunos centros el reo debe tener historial de uso de sustancias controladas, mientras los de libertad a prueba deben ser referidos por un tribunal y en los programas de desvío no pueden admitirse a reclusos convictos por casos de Ley de Armas y deben restarle tres años o menos de sentencia.

Este diario le inquirió al funcionario conocer la cantidad de participantes que pudieran afectarse con la reducción de fondos asignados a los programas, pero el número no fue precisado.

“No podemos estimar un número exacto de participantes que puedan afectarse”, respondió Torres.

En cambio, una fuente interna del DCR indicó a Primera Hora que la limitación en los programas de libertad condicional está “creando un embudo” porque aun cuando hay confinados cualificados para beneficiarse de los servicios es imposible ingresarlos en los hogares por la precariedad económica.

“Se podrán mantener a los que participan ahora mismo pero no se pueden meter más clientes porque el presupuesto no da. Incluso el déficit pudiera afectar a los que están beneficiándose actualmente. Y a eso se suma que cada vez las leyes son más punitivas y limitan la jurisdicción”, destacó al estimar que los reclusos afectados por el desbalance en dinero pudieran alcanzar a los 400 confinados.

Torres coincidió con la fuente al destacar que en los programas de desvío solo cualifican mensual a aproximadamente entre 5 a 15 confinados “ya que las leyes excluyentes han limitado las salidas a este programa”.

¿Están en comunicación con la Administración de Tribunales para advertir sobre la situación tomando en consideración que en muchas instancias los jueces optan por enviar a los convictos a programas de desvíos que se suplen de estos fondos en precariedad?, cuestionó este diario.

“Hemos estado comunicando la situación a los diferentes tribunales. Sin embargo, estamos en comunicación con la Administración de Tribunales para formalizar una reunión con el propósito de buscar alternativas viables, como pueden ser los programas ambulatorios, ya existentes”, dijo Torres.

Mientras, sostuvo que en el caso de la Junta de Libertad Bajo Palabra  se está reevaluando la utilización de los programas para hacer más eficientes en el manejo de los mismos.  “Por otro lado, el DCR está evaluando la posible expansión los Centros de tratamiento de Residencial (CTR), para aceptar referidos de los Tribunales y la JLBP. En cuyo caso no conlleva costo adicional para la agencia”, aseveró el funcionario.

Un problema de mala administración

El mandato constitucional  de rehabilitación está contenida en el artículo VI sección 19 de la Constitución de Puerto Rico. En específico, dicha disposición preceptúa como política pública “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

Sin embargo, para Madeline Gotay, portavoz de la organización Pro Derechos del Confinado, el DCR ha hecho fracasar por años ese mandato de rehabilitación moral y social.

“El derecho constitucional a esa rehabilitación está supuesto a activarse tan pronto una persona es sentenciada penalmente. A partir de ese instante, de ese primer día en el que lo condenan, el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene la responsabilidad de iniciar un plan institucional e individual para cada persona que ingresa a la cárcel”, sostuvo Gotay sobre el procedimiento que está contemplado en el Plan de Reorganización que hizo el DCR en 2011 y que pareciera estar en el limbo.

“La persona comete delito y se le impone una pena, eso es cierto, pero constitucionalmente hay que rehabilitarlo y por eso es el segundo apellido de la agencia: ¡rehabilitación!”, reiteró al advertir que al no cumplirse con este plan aumentan las probabilidades de reincidencia entre la población correccional lo que a final de cuentas “representa más gastos para el gobierno”.

Por su parte, la trabajadora social Milagros Rivera Watterson, portavoz del Comité Amigos y Familiares de Confinados, dijo que los problemas presupuestarios en el DCR se veían venir “y no se hizo nada”.

“Aquí ha habido un problema de mala administración por años que ha seguido arrastrándose… ahora estamos en un estado de emergencia en el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la gobernadora  (Wanda Vázquez Garced) tendrá que actuar porque no puede seguir permitiéndose esta crisis en las instituciones. Ha sido una cosa tras otra. Es tapar un roto para destapar otro y eso no puede ser”, expresó.

Mencionó como ejemplo la reducción impuesta por la JSF, la cual ha tenido un efecto inmediato sobre los servicios de salud de los reos. El ente federal impuesto por el Congreso ordenó recortar el 50% del presupuesto destinado al Programa de Salud Correccional, que representan unos 13 millones de dólares. La cifra se suma a otros $8 millones que se recortaron en el presupuesto del pasado año fiscal.

“Ellos pudieron haber ido a la Junta y presentar la situación real que existe para evitar todo esto. Pero no hay enfoques integrales. La Constitución habla de que hay que tener un enfoque de rehabilitación y no se está respetando ese mandato. Y yo lo que creo es que el gobierno está corriendo un peligro bien grande de que se reabra el caso Morales Feliciano”, dijo la autora de varios textos incluido “Sobreviviré”.

El exsenador Héctor Martínez -quien ha propuesto insistentemente un reenfoque en los procesos de reinserción social de los reos- reconoció que hay diversos mecanismos para impulsar la rehabilitación y entre ellas se incluyen las reclasificaciones de custodia, las bonificaciones por buena conducta, estudio y trabajo, los programas de  desvío y la libertad bajo palabra.

“Estos, precisamente, son los canales que pueden servir de puentes efectivos entre el confinamiento entre cuatro paredes -y lo que eso implica- y la reinserción a la sociedad. Pero, lamentablemente, hay muchas restricciones y se sigue viendo la cárcel como un lugar punitivo en lugar de un centro de rehabilitación de esas personas que cometieron unos errores y que ya fueron castigados en un tribunal”, expresó quien aspira a una candidatura senatorial.

La crisis presupuestaria en el DCR, se suma al preocupante número de muertes que se han suscitado en las cárceles, donde al momento se han registrado 44 fallecimientos, 17 más que las reportadas para esta misma fecha el año pasado. Ninguna de las muertes se ha registrado en los cinco centros pertenecientes al programa afectado por la baja en fondos económicos. 

Muchos de los decesos, según declaraciones oficiales de la agencia, son por sobredosis de sustancias controladas. Este asunto confirma, a su vez, el eterno problema de las instituciones correccionales del país: la alta incidencia de contrabando de drogas, corrupción y crimen organizado que se perpetúa desde los barrotes.

El secretario interino de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, confirmó recientemente a Primera Hora la falta de personal como la génesis de muchos de estos problemas que enfrenta la agencia. Hoy el sistema cuenta con 500 oficiales custodios, pero se estima que se necesitan más de 1,500 para cubrir todos los puestos mediante una academia que se prevé comenzar para inicio de 2020.

Al plan de acción el DCR también apuesta a meterle mano al problema de guardias penales corruptos, los cuales se pretenden intervenir con apoyo del Negociado Federal de Investigaciones Especiales (FBI) y otras agencias federales como la DEA.