El gobernador Pedro Pierluisi convirtió en la tarde de hoy, viernes, una medida que define los feminicidios y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado.

El Proyecto del Senado 130, de la autoría de senadora popular Migdalia González Arroyo, enmienda el Artículo 93 (e) del Código Penal de Puerto Rico.

Además, ordena al Departamento de Justicia, el Negociado de la Policía y al Instituto de Ciencias Forense a desarrollar un protocolo de investigación para los casos de feminicidio y transfeminicidio en 120 días a partir hoy.

Asimismo, el Instituto de Estadísticas deberá establecer un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre los casos de feminicidio y transfeminicidio en un plazo de 180 días.

“La información estadística será pública y deberá actualizarse mensualmente a partir de que se haya establecido el sistema de compilación de datos”, lee la pieza legislativa.

El mandatario indicó en declaraciones escritas que la medida es “consistente con la política pública” de su administración que creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).

Esta semana, Pierluisi también convirtió en ley una medida que obliga a que los fiscales del Departamento de Justicia y personal de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) estén presentes en todas las vistas de causa probable para arresto por violación a la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Otras medidas firmadas

Por otro lado el primer ejecutivo del País convirtió hoy en ley una enmienda a la Carta de Derechos a Víctimas y Testigos de Delito con el fin de que los funcionarios de orden público no puedan indagar sobre la nacionalidad o el estatus migratorio de una persona que ha sido víctima de algún delito o que acude como testigo a realizar una denuncia a las autoridades.

El Proyecto del Senado 11 establece que toda persona que sea víctima o testigo de delito tendrá derecho a no ser cuestionado sobre su nacionalidad o estatus migratorio al momento de informar la comisión de un delito, así como durante o posterior a cualquier etapa del proceso criminal.

La medida establece que todo funcionario de orden público tiene que garantizar que se provea el servicio o derecho que le corresponda a la víctima o testigo. Cada una de las agencias sujetas al cumplimiento de esta ley deberá realizar talleres de capacitación a todo su personal y tener material educativo en medios electrónicos y en las instalaciones físicas de cada agencia.

“Son incuestionables las aportaciones de los miembros de comunidades sin estatus migratorio definido que viven en nuestra Isla. Es responsabilidad de este gobierno proteger sus derechos y procurar que no se sientan intimidados o cohibidos a la hora denunciar que han sido víctimas de algún delito o que puedan ser testigos de una violación a la ley, ayudando así a las autoridades a esclarecer un acto delictivo. Con esta medida que firmé hoy, garantizamos que no se cuestione por estatus migratorio o nacionalidad a una posible víctima o testigo. Voy a continuar dando paso a medidas que representan nuestra política pública y que fortalezcan la cultura de respeto y el derecho de todos”, sostuvo el gobernador en el comunicado de prensa.

De igual manera, el primer ejecutivo le dio paso a los Proyectos del Senado 71 para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico”.

Con esto se persigue establecer ciertas protecciones para personas sufriendo una sobredosis que pidan asistencia médica de emergencia, así como crear un programa para la prevención de sobredosis de opioides, entre otros fines.

Mientras, el Proyecto del Senado 74 propone crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico adscrito a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA) para recopilar la información generada por el componente gubernamental relativa a la situación de las drogas legales e ilegales en el archipiélago y crear el Comité Científico Asesor.

De otro lado, el mandatario estampó su firma en el Proyecto del Senado 19 para establecer un procedimiento que considere la indigencia de la persona convicta al determinar la imposición de la pena especial.

Con esta ley, una persona sin recursos económicos para pagar la pena especial establecida por sus delitos no estaría impedida de obtener los beneficios de libertad bajo palabra y libertad a prueba. Tampoco será privado de participar en los programas de desvío establecidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Con esta ley se busca igualar las posibilidades de rehabilitación de todos los convictos, independientemente de su situación económica.

Asimismo, Pierluisi le dio paso al Proyecto del Senado 135 para que en casos en los que se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las tres ramas de gobierno, corporaciones públicas y municipios, estos puedan exigir la restitución o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas por los actos de hostigamiento sexual cometidos por un agresor.

Por otro lado, el gobernador también firmó los Proyectos del Senado 301 para que los municipios tengan prioridad sobre cualquier persona o entidad privada al momento de que se considere contratar un agente administrador en algún proyecto de vivienda pública. Mientras, el Proyecto del Senado 475 otorga una extensión hasta el 30 de junio de 2022 para que los municipios afectados por los terremotos puedan realizar donaciones o cesión en usufructo o titularidad a sus constituyentes de las propiedades inmuebles recibidas por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.

Por último, el primer ejecutivo convirtió en ley la Resolución Conjunta del Senado 60 para denominar el Nuevo Centro de Gobierno Municipal de Caguas como “William Miranda Marín”.