Desde antes que asumiera la dirección del municipio de Santa Isabel, el alcalde penepé Enrique Questell, ha estado rodeado de escándalos que aunque han golpeado su imagen política no lo han sacado de la poltrona municipal del sureño pueblo, la cual ocupa desde el 2005.

Ha enfrentado demandas, señalamientos de malversación de fondos, acusaciones por actos lascivos y, más recientemente, se le imputa agredir al representante José R. “Pito” Torres Ramírez en medio de un incidente el pasado 25 de octubre en la plaza pública de Santa Isabel.  Al alcalde penepé se le radicaron ayer cargos en su modalidad menos grave por los delitos de amenaza y agresión.

Aquí, algunos de esos escándalos:

Agosto 2004: Siendo candidato a alcalde, Questell enfrentó un caso criminal por supuestamente agredir a su ex compañera. Alegó que el agredido había sido él. No hubo causa para enjuiciarlo.

Junio 2006: Questell es acusado de cometer actos lascivos contra una joven a la que se supuestamente recibió en su casa vistiendo solo una toalla azul. La mujer alegó que el Alcalde intentó forzarla a sostener relaciones sexuales mientras lo visitaba en su hogar para  una reunión relacionada a una entrevista de trabajo. No hubo causa para juicio.

Agosto 2006: Questell es demandado por 66 ex empleados municipales por discrimen político. El Alcalde alegó que las cesantías fueron producto de la crisis fiscal del Ayuntamiento.

Junio 2009: Un informe del Contralor reveló que el Alcalde  gastó $46,416 con cargo a la tarjeta de crédito municipal  para el pago de pasajes, estadías y alquiler de vehículos, así como para la compra de bebidas alcohólicas. Alegó que esos gastos fueron en asuntos municipales pero no presentó evidencia. Al cuestionársele, en aquel momento, sobre los gastos, dijo: “Para qué me dieron una tarjeta, pa' gastarla”, según reportes de entonces. Mientras todo estos ocurría, el Alcalde se subió el sueldo de $48 mil a $90 mil anuales.

Octubre 2012: Nuevos señalamientos se levantan contra Questell a quien en esta ocasión se le imputó haber inducido a una empresaria  a cometer fraude en una negociación mediante la cual obtuvo un contrato de $9,254 con el Municipio.  La imputación se desprendió de una declaración jurada de la contratista presentada  por el senador Cirilo Tirado, el representante José “Pito” Torres y el entonces candidato popular a la alcaldía de Santa Isabel, Justo Torres.