El trastorno de alcohol que pueda padecer una persona acusada de un delito no violento, como pudiese ser un robo o escalamiento, será considerado por los fiscales del Departamento de Justicia para el programa de desvío terapéutico, el cual promulga la rehabilitación y evita enviar a más personas a la cárcel, según se estableció este martes en una orden administrativa firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

La nueva política pública fue acogida durante la “Cumbre de Justicia Terapéutica: Nuevas estrategias para enfrentar las drogas emergentes” que se realizó en el hotel Caribe Hilton y en la que participó el gobernador Pedro Pierluisi y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Sin embargo, ya desde el primero de enero pasado entró en funciones en las 11 Cortes de Drogas que se han establecido en los tribunales.

Según detalló Pierluisi, “el secretario de Justicia acaba de firmar una orden administrativa en la cual implanta o armoniza, las normas del Departamento con las nuevas guías que se promulgaron para el manejo de estos casos en octubre del año pasado. Esas nuevas guías fueron producto de un acuerdo colaborativo entre la Administración de Tribunales, el Departamento de Justicia y las otras agencias. Básicamente, la política pública de mi administración es que a estos usuarios de drogas y también personas que abusan del alcohol, se les trate con una perspectiva salubrista. No hace sentido estar encarcelando a estas personas si cumplen con las disposiciones, las directrices del juez o la jueza que esté supervisando su rehabilitación”.

Con este cambio, las personas acusadas de ciertos delitos, incluyendo violencia de género, que sea adicta al alcohol podría no tener un récord criminal y no cumplir cárcel si se acoge a los tratamientos que se han establecido desde la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Estos tratamientos son ordenados por el juez que atiende las Cortes de Drogas.

Entretanto, el gobernador comentó que delitos relacionados a la violencia, tráfico de drogas o una persona que participe en organizaciones criminales, por ejemplo, no podrían beneficiarse de este programa.

“Este asunto de la adicción a drogas y el abuso del alcohol impacta, está relacionado a muchos de los crímenes que se cometen en Puerto Rico. Puede ser violencia doméstica, por ejemplo, un escalamiento, un robo, puede ser de igual manera abuso de envejecientes, abuso de menores. Incide en muchos otros casos que se imputan en los tribunales. O sea, que si somos efectivos combatiendo la adicción a drogas de una manera salubrista y de igual manera el abuso del alcohol, va a bajar la incidencia criminal no solo en casos de drogas como tal, sino en muchos otros casos relacionados”, auguró Pierluisi.

Fue, de hecho, orientar sobre las nuevas estrategias para atender casos criminales relacionados a usuarios habituales de drogas y alcohol lo que llevó a Justicia a realizar esta primera cumbre. Emanuelli comentó que con este tipo de educación se busca que tanto los fiscales como los agentes de la Policía identifiquen estos casos que se pueden beneficiar de la Corte de Drogas y se promueva la rehabilitación en vez del castigo.

“Esta iniciativa forma parte de las medidas que hemos implementado en cumplimiento con la política pública del gobierno de Puerto Rico para atender con un enfoque de justicia terapéutica a quienes incurren en delitos no violentos, debido al trastorno adictivo de sustancias y alcohol, asegurando que, al ser procesados criminalmente, tengan a su disposición programas de rehabilitación efectiva que les permita reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia. Tenemos que humanizar la ley y los procesos judiciales, atendiendo el aspecto emocional y sicológico. Al atender de manera distinta a quienes cometen delitos debido a condiciones adictivas, obtendremos resultados más efectivos para estos, sus familiares y la sociedad”, indicó el secretario.

Por su parte, la jueza presidente del Supremo anunció su compromiso de expandir estas Cortes de Drogas a las 13 regiones judiciales. Las zonas que no tienen este programa son Aguadilla y Aibonito.

De inmediato, Oronoz no detalló una fecha en específico de la apertura de estas Cortes de Drogas.