Tras la publicación del informe de la pesquisa que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén que mantenía el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) en La Guancha de Ponce, la abogada Mayra López Mulero adelantó este viernes que buscará la manera de que hayan “consecuencias” contra todo aquel que manchó el nombre de su cliente, el destituido comisionado de la agencia, Carlos Acevedo.

La licenciada no estableció que radicaría una demanda contra funcionarios del gobierno y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto. Dijo que esa afirmación la podría indicar en un futuro. Solo planteó que su cliente ha sufrido un “daño irreparable”.

En esencia, López Mulero afirmó que Acevedo “ha sido más que reinvindicado a la luz de los acontecimientos”.

“Ahora, actuaremos conforme a la verdad. Vamos a procurar que haya consecuencias. Lo que hicieron a Acevedo es una afrenta a la ley, a la Constitución, a la verdad, a la justicia, a sabiendas de que hicieron saldo de balón político y carne cañón para fabricarle un caso a un empleado púbico en claro menosprecio de la verdad, de la justicia, de la ley, a sabiendas y con intención para encubrir, ocultar, la incompetencia de un gobierno en el manejo del terremoto”, agregó en entrevista con Primera Hora.

Los problemas de Acevedo comenzaron el 18 de enero, cuando un grupo de ciudadanos aludió haber encontrado el almacén de La Guancha de Ponce con suministros expirados, así como artículos necesarios para atender la emergencia del terremoto. Entre estos artículos había catres y toldos.

De inmediato, la gobernadora Wanda Vázquez destituyó a Acevedo del Nmead. Alegó que la causa era el mal manejo que se le había dado al almacén.

Como medida, la primera ejecutiva ordenó al NIE realizar una pesquisa en un periodo de 48 horas. El resultado de la misma fue remitido al Departamento de Justicia y divulgado anoche por el gobierno, luego de que recibieran una directriz del Tribunal de Apelaciones.

En el informe no se alude a irregularidades cometidas por Acevedo. Lo que se concluyó fue que el almacén no tenía servicio de agua ni luz, los artículos no estaban organizados, que no se le había brindado mantenimiento y que no había un inventario.

No obstante, el NIE constató que artículos del almacén fueron distribuidos tras el sismo más fuerte reportado el 7 de enero. Especifica, de hecho, que el 9 de enero se sacaron suministros para Peñuelas y Yauco.

El informe no justifica ni establece algún motivo para despedir al comisionado del Nmead.

Ante estas revelaciones, López Mulero denunció que ha quedado demostrado que funcionarios implicados en la investigación o en la controversia mintieron bajo juramento ante la Comisión Especial de la Cámara de Recuperación y Preparación Total, así como ante los jueces del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Ramos Cuevas y Lauracelis Roques Arroyo.

“Aquí todos los funcionarios que mintieron bajo juramento lo hicieron ante dos foros importantes”, destacó.

Cuando se le preguntó directamente si las consecuencias las buscarían a través de una demanda, la letrada afirmó “estoy esperando los referidos que se deben hacer (de la Comisión cameral al Panel del Fiscal Especial Independiente) para que haya consecuencias. Así que una vez el FEI asuma su jurisdicción, yo estaré anunciando el próximo paso en cuanto al daño irreparable que le han hecho a mi cliente, incluyendo a la alcaldesa de San Juan”.

López Mulero incluye a Cruz Soto porque el municipio se encuentra en medio de un pleito judicial para no aceptar que Acevedo se reintegre a su puesto de carrera en el ayuntamiento.

Según alega el municipio, el funcionario fue restituido a su cargo, pero suspendido a la misma vez de empleo en lo que investigan el motivo de su destitución en el Nmead. La controversia se encuentra en el Tribunal de Apelaciones.