El presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (Uecfse), Francisco Reyes Márquez, criticó este jueves el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal para Puerto Rico, presentado ayer por el gobierno, porque “una gran parte de las recomendaciones contempladas descansan nuevamente sobre los hombros de los trabajadores”.

El líder sindical agregó que pretender alargar la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno más allá del año 2017 empobrecerá más a los trabajadores de las corporaciones públicas. Igualmente, expuso que una parte de la reforma laboral propuesta en el plan es inconstitucional.

Reyes Márquez también censuró que el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, que confeccionó el mencionado plan, recomiende la privatización y venta de activos del gobierno y servicios que en este momento le rinden dividendos al gobierno.

“El gobierno insiste en amenazar con la privatización de servicios que le rinden beneficios al gobierno. Los trabajadores de la Corporación ya denunciamos con mucha energía la equivocación que se cometía en el Informe Krueger, de recomendar la privatización de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Ahora se están cuidando y no lo dicen expresamente, pero dejan abierta esa posibilidad. Ese sería otro error y serán los trabajadores lesionados en el empleo y los patronos que verán aumentar las primas quienes lo pagarán”, dijo Reyes Márquez en declaraciones escritas.

Mientras, el senador novoprogresista Ángel ‘Chayanne’ Martínez Santiago advirtió  que la implantación de las recomendaciones del Plan resultaría en la destrucción del sistema de salud del país y cuestionó la viabilidad de reasignar los ingresos provenientes del impuesto a los casinos para solventar la Administración de Seguros de Salud (ASES).

“Si existe algo completamente irreal en esta propuesta es la reasignación de las partidas que generan los casinos, de la Universidad de Puerto Rico a la ASES. Sencillamente en Puerto Rico hay cada día menos casinos y la actividad contributiva que generaría esto no es significativa. Esto no puede ser una solución. Como tampoco lo es el continuar desangrando los municipios para que le transfieran fondos que no tiene a la ASES. La realidad es que el gobierno quiere eliminar personas del programa ‘Mi Salud’, de eso no cabe duda”, sostuvo el senador por el distrito de Arecibo.

Martínez Santiago enfatizó que el plan tiene como meta principal el limitar el acceso a la salud al proponer la consolidación de facilidades de cuidado médico que se localizan cerca de hospitales.

“La idea de limitar el financiamiento para los Centros 330 para consolidarlos es inaceptable. De realizarse esta parte del plan, esto sería nefasto para estos centros que tanta ayuda les brinda a nuestras personas enfermas. No lo vamos a permitir. Como tampoco dejaremos que se saquen personas del plan médico del gobierno”, dijo. 

Según plasmado en el plan, el gobierno buscaría “restringir” el número de clínicas que reciben aportaciones a través de la Sección 330 del Acta de Servicios de Salud Pública 330 (centros 330). 

Los Centros Comunitarios 330 son instituciones que ofrecen todo tipo de servicio primario y preventivo bajo un mismo techo para atender al paciente de manera integral, como lo hacían hasta 1992 los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) que se vendieron como parte de la Reforma de Salud. La mayoría de los pacientes de esos centros son personas de escasos recursos en comunidades rurales del país.