Líderes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, conocidos como el G8, denunciaron este martes que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos mantiene estancada la aprobación del estudio de impacto ambiental que se necesita para el dragado de ese cuerpo de agua.

Acompañados por miembros de las comunidades, los líderes del G8 encabezaron una manifestación frente a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros en San Juan para exigirle a esa entidad que no detenga más el proceso antes de que comiencen a caducar los estudios que ya se han realizado.

"Están buscando excusas para detenerlo", expresó el portavoz de las comunidades de Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Santurce, la Península de Cantera, Israel-Bitumul, Buena Vista Hato Rey, Parada 27, así como Las Monjas, Mario Núñez.

Señaló que en el 2007 el Congreso aprobó la ley conocida como Water Resources Development Act of 2007 (WRDA), que faculta al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que realice el dragado.

Para llevarlo a cabo, explicó Núñez, se requiere una declaración de impacto ambiental, que consiste en un estudio de viabilidad de siete etapas.

"Nos encontramos en la quinta etapa y hemos desembolsado $3.5 millones del pueblo de Puerto Rico para llevar a cabo ese estudio", dijo Núñez. 

"Pero, después de ocho años de estar trabajando con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ahora es que nos dicen que sería la primera vez que hacen un dragado ambiental, que nunca han hecho un dragado ambiental", agregó. "Pero si lo sabían en el 2007, por qué no lo dijeron en ese momento y esperaron a que les diéramos a ellos $500,000 para evaluar el estudio de viabilidad en su quinta etapa".

Núñez dijo que desde el comienzo de este año el Cuerpo de Ingenieros en Washington, D.C. ha insistido con más frecuencia en la excusa de que sería su primer dragado ambiental, pese a que la misma Ley WRDA "los faculta a hacerlo".

El líder comunitario indicó que, de no ver cambios, pronto acudirán a los tribunales para someter una demanda que obligue a la agencia federal a cumplir con el mandato de ley.

El G-8 está convencido de que una vez superadas las trabas del Cuerpo de Ingenieros, el proyecto completará el proceso sin problemas.

"Ese estudio ya pasó un panel internacional de expertos que lo aprobaron satisfactoriamente", comentó.

Según la Ley WRDA, el Congreso asignará $157 millones para el dragado, una vez se complete la declaración de impacto ambiental. Solo faltarían $70 millones para completar el total de lo que costaría el dragado, que esperan comenzar en agosto de 2016. Sin embargo, las comunidades, que sirven de hogar para 26,000 familias, comienzan a sentir la presión del tiempo y temen ver que desaparezca la esperanza del dragado.

"Siguen dando largas y ya hay estudios que pronto comienzan a caducar. Entonces, se va a perder todo el esfuerzo y dinero que se ha invertido en llegar hasta donde estamos", afirmó Núñez mientras hacían el reclamo frente al Cuerpo de Ingenieros.

Por otro lado, como acto de protesta, miembros del G8 recogieron sedimento del fondo del Caño Martín Peña y los colocaron dentro de cubos identificados con el nombre de cada una de las comunidades afectadas por las aguas contaminadas. A cada cubo pusieron letreros con palabras como "injusticia", "prejuicio" e "inestabilidad". Estos fueron colocados en la entrada de las instalaciones del Cuerpo de Ingenieros, en San Juan.