El retorno a trabajo presencial de los servidores públicos se ha convertido en una “llamada de auxilio” por parte del gobierno, donde se ordenó a cada jefe de agencia entregar para finales de marzo un plan de reactivación de empleados.

Así lo informó en conferencia de prensa la secretaria de la gobernación, Noelia García, tras concluir una reunión del gobernador Pedro Pierluisi con sobre 12 agencias de infraestructura a las que se orientó sobre la nueva directriz del Primer Ejecutivo.

Aunque de primera instancia no se precisó cuántas personas se prevén que puedan retornar a los trabajos presenciales, hubo un compromiso de informar la cifra a los medios de la prensa durante el día. Tampoco se ofreció estimado de empleados que laboran de manera remota o híbrida.

Posteriormente, la secretaria de la gobernación informó que “menos del 50% se encuentran en teletrabajo y esperamos que ya para finales de marzo 75% de la fuerza laboral esté de regreso al trabajo presencial”.

La Rama Ejecutiva tiene 118 agencias e instrumentalidades gubernamentales que proveen 340 servicios a un costo aproximado de $21,800 millones. Se estiman unos 120,000 trabajadores activos en el gobierno de Puerto Rico.

“Puedo contestar con un número certero tras consultar... pero hay espacio todavía para seguir reinsertando empleados al trabajo presencial. No solamente hay espacio, sino que es necesidad ese llamado al trabajo presencial; es una llamada de auxilio porque necesitamos ejecutar”, puntualizó García.

El 15 de septiembre de 2020 la exgobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó por decreto ejecutivo que los servidores públicos fueran retornando a sus centros de trabajo. Sin embargo, un mes después (octubre de 2020), a solicitud de Primera Hora, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATHR) no pudo precisar cuántos empleados laboraban de forma virtual. En esta ocasión, cuatro meses luego, el gobierno sigue a ciegas con las cifras y todo apunta a que la OATHR no cuenta con un sistema unificado de recursos humanos que permita centralizar todos los datos, tal como advirtió el año pasado la exdirectora de la dependencia de gobierno, Sandra Torres López.

“Es importante establecer la necesidad real que tenemos de ejecución y hay que reactivar a los empleados necesarios para poder gestar esa ejecución”, insistió por su parte, la secretaria de la gobernación.

Especificó que todo aquel empleado que tenga una condición particular o que esté en riesgo de salud al trabajar presencial, debe entregar una certificación médica. Cada caso será evaluado y los elegibles se les brindará la oportunidad de teletrabajo.

La funcionaria dijo que el plan que se les está exigiendo a cada jefe de agencia, instrumentalidad y corporación pública es una directriz dispuesta en la Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico, creada el año pasado a inicio de la pandemia, a fin de que se creara un programa en la que los empleados pudieran realizar sus tareas de forma remota. El plan solicitado debe cumplir con unas guías establecidas por el Departamento de Salud y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH).

Ahora, tras una disminución de casos de COVID-19, un proceso de vacunación iniciado y unos planes de gobierno que están dando énfasis al desarrollo económico a través de múltiples proyectos de infraestructura el gobierno entiende que es “esencial” traer de vuelta al trabajo presencial a muchos empleados.

“Hay tareas que se pueden hacer a distancia y otras no”, dijo García al enfatizar que las agencias deben garantizar el cumplimiento de un protocolo de salud y seguridad, en el que se mantenga distanciamiento y otras medidas de higienización.

La exhortación es que el plan de trabajo a remoto se someta en un periodo de 30 días - y ajustado al mes de marzo- y que cada protocolo sea establecido por las necesidades y servicios que ofrece cada dependencia.

“Todas las agencias de gobierno tienen que someter el plan de trabajo a distancia, sin excepción de ninguna”, acotó.

Explicó que las agencias deben utilizar los fondos asignados a través de la Ley CARES Act para ambientar y preparar las áreas de trabajo. A través de esta ley a Puerto Rico se le otorgaron $2,200 millones, de los cuales $40 millones se habían utilizado para la compra de materiales y equipo de protección para ser distribuidos en todas las oficinas gubernamentales y $24 millones para fortalecer el programa de trabajo a distancia.

“Desde marzo cada agencia tenía que hacer su plan estratégico de reinserción de empleados”, acotó García al indicar que lo importante es asegurar a los servidores públicos que están en un lugar adecuado.

Que haya empleados públicos sin vacunar no debería ser excusa para los patronos, según la funcionaria. “En lo que ocurre la vacunación hay que seguir con el distanciamiento y los procesos de higienización”, acotó García.

En caso de que surjan procesos de solicitud de licencias –incluidas las licencias sin sueldo- cada patrono debe buscar la manera de llenar la vacante mediante contratos, talentos identificados en la misma agencia o traslados.