La pareja imputada de no cumplir con la imposición impuesta por el gobierno para los viajeros ante la pandemia del COVID-19 llegó este martes al Tribunal de Primera Instancia de Carolina sin abogado para el inicio del juicio en su contra.

La propia imputada, Zulma Iris Figueroa Córdova, tomó la batuta de su defensa.

Sin embargo, la jueza Berthaida Seijo Ortiz, quien preside la sala 204 de esta corte, le ordenó a Figueroa Córdova, de 53 años, y su esposo, Luis Ángel Colón Colón, de 44, conseguir un abogado.

“Queremos continuar por el derecho propio”, dijo la mujer, quien alegó que no han conseguido al abogado “adecuado”.

La jueza insistió en que debían conseguir un abogado o de lo contrario se tenía que efectuar otra vista en la que se evaluaría si Figueroa Córdova puede asumir la defensa de su esposo y la de ella. La decisión final, les dijo, tienen que someterla en una moción.

A su salida del tribunal, la imputada reiteró a la prensa su interés de defenderse por derecho propio.

“Je, je, je, como lo hice allí”, fue lo primero que dijo.

“Ustedes saben que me estoy representando por derecho propio”, agregó.

Figueroa Córdova fue escueta en sus respuestas. Entre otras cosas, mencionó que “estoy feliz, porque Dios es bueno” y se quejó por el tipo de preguntas que le lanzaba la prensa, tales como si se declararía culpable o se arrepentía de sus acciones. Ninguna tuvo contestación de parte de la mujer o su esposo.

“¡Ay, Dios mío! Pero, qué preguntas”, se quejó.

Por otro lado, durante la vista judicial, la jueza acogió la petición de los acusados de posponer el juicio. Quedaron citados para el jueves, 10 de marzo.

Es que Figueroa Córdova y Seijo Ortiz hicieron constar que hay dos mociones radicada en el caso. Una fue para solicitar una posposición del mismo, que fue radicada el pasado viernes y fue concedida.

Mientras, ayer, lunes, se radicó otra moción en la que alegan intervención indebida de parte de las autoridades.

“Lo que solicito honorablemente al tribunal y siguiendo el debido proceso, se radicó la moción, que lean la moción y ese tiempo adicional”, afirmó la acusada ante la corte.

La jueza le dio 10 días a las fiscales de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Ileana Martínez Rosado y María Teresa Carro, para contestar la moción sobre la intervención indebida.

Cabe destacar que al juicio llegaron cuatro testigos, todos representantes del Departamento de Salud o de una empresa privada contratada por la agencia para prestar servicios en el aeropuerto.

La fiscal Martínez Rosado dijo a la prensa que también utilizarían el testimonio que la propia acusada, el cual ha divulgado en las redes sociales.

“El ministerio público estuvo preparado en todo momento... Tenemos una prueba bastante sólida”, afirmó la fiscal.

Opinó que no cree que el tribunal permita que los acusados asuman su representación legal.

“Eso yo no creo que suceda, verdad, porque tenemos que salvaguardar la pulcritud de los proceso y que el imputado entienda por el proceso que está pasando”, indicó Martínez Rosado, a su salida del tribunal.

Del mismo modo, la fiscal destacó la importancia de este caso.

“Tenemos que llevar el mensaje de que aquí las órdenes ejecutivas emitidas por nuestro gobernador (Pedro Pierluisi) se tienen que cumplir y son fuerza de ley, así mismo lo ha dicho nuestro secretario de Justicia, (Domingo Emanuelli). Eso es lo que estamos proponiendo esta mañana, que se lleve el mensaje, que todo el mundo entienda que las órdenes ejecutivas y las leyes se tienen que respetar”, precisó.

Actualmente, la pareja se encuentra libre bajo fianza bajo el Programa del Servicio con Antelación a Juicio (SAJ), luego de que fuera acusados de violar la Orden Ejecutiva 2021-081 el 2 de enero.

Es que, ante el repunte de casos provocado por el ómicron, todo viajero- independientemente de su procedencia- deberá completar la Declaración de Viajeros, el cual solicita que se adjunte evidencia de inoculación contra el COVID-19 y prueba negativa del virus, según la Orden Ejecutiva 2021-081. También puede mostrar prueba de contagio al coronavirus de hasta tres meses y documentación de un proveedor de salud o de algún oficial gubernamental de salud que certifique que está recuperado y listo para viajar. Aquellos no vacunados deberán cumplir con una cuarentena de siete días desde su llegada a la Isla.

Se alega que el matrimonio se negó a llenar este documento y a presentar las pruebas requeridas de vacunación y la negativa de COVID-19 cuando aterrizaron a Puerto Rico el pasado 2 de enero de un vuelo procedente del estado de Florida, junto a sus hijos. Pese a la situación, la familia logró salir del aeropuerto sin mayores percances.

La pareja fue arrestada por las autoridades el 11 de enero, tras haberse atrincherado en su auto, junto a sus tres hijos de 15,18 y 20 años.

De ser hallados culpables en este juicio por delitos menos grave, el matrimonio se expone a una pena en prisión de seis meses y/o a pagar una multa de hasta $5,000.

Por otro lado, en la sala trascendió que la jueza Seijo Ortiz se retirará el próximo 11 de marzo. Si en la vista pautada en este caso para el próximo 10 de marzo no se logra proceder con el juicio, otro juez asumiría el caso, explicó la fiscal Martínez Rosado.