Cinco organizaciones sin fines de lucro se unieron hoy a la senadora Zoé Laboy para reclamar al gobierno una pronta acción para evaluar los miles de safe kits -también conocidos como rape kits-, en su inmensa mayoría de mujeres y menores, que están ataponados en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

“Cuando comenzamos a investigar en octubre, había casi 2,500 safe kits sin examinar, algunos de ellos desde 2004. Tres meses después ya hay casi 2,700. El problema se sigue agravando y no vemos que se tomen medidas concretas y con la premura que se requiere para resolver el asunto”, denunció la senadora novoprogresista en conferencia de prensa en el Capitolio.

La acompañaban portavoces de la Coordinadora Paz para la Mujer, Centro para el Apoyo a Víctimas del Crimen, Centro de Fortalecimiento Familiar Escape, Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico y la ginecóloga forense, Linda Laras, del Centro Salud Justicia.

En torno a la resolución de su autoría que propone redistribuir $3 millones del presupuesto vigente al NCF para lidiar con el ataponamiento de safe kits, Laboy dijo que el lunes le habló de la medida a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko.

La legisladora indicó que Jaresko le dijo que para que la JSF considere el traspaso de los fondos, una opción es que el gobernador Ricardo Rosselló firme la resolución conjunta y la envíe al ente federal para su autorización o que el Ejecutivo envíe una solicitud para que la Junta lo evalúe.

La resolución conjunta del Senado 335 propone reasignar al NCF unos $3 millones para examinar los safe kits, provenientes de fondos asignados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Le estoy haciendo un llamado al gobernador, ya que la resolución conjunta podría tomar más tiempo porque tiene que pasar en Senado y Cámara y luego él firmarla. Le pido que frente a la alternativa que Natalie Jaresko me presentó, que sea OGP el que le envíe una carta a la Junta pidiéndole esa transferencia de los fondos”, sostuvo Laboy.

La doctora Laras indicó, por su parte, que el safe kit (Sexual Assault Forensic Exam), es un kit de colección de evidencia relacionada a una experiencia de trauma ocurrida dentro de las últimas 72 horas de acceder a un hospital.

“En el ejercicio del cumplimiento de los derechos de las víctimas es imperativo la realización y la evaluación forense de los safe kits. En algunos casos esta es una evidencia fundamental para identificar a la parte agresora y lograr que se esclarezca el caso en los tribunales”, dijo, a su vez, Stefanie Figueroa, del Centro para el Apoyo a Víctimas del Crimen, adscrito al Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, destacó la importancia de que se examinen los rape kits con material genético de los agresores.

“Una víctima de abuso sexual se tiene que sentir protegida después de la victimización para que pueda tener un cierre y trabajar en su proceso de sanación”, añadió.

Vilma González Castro, de la Coordinadora Paz para la Mujer, subrayó, que en la medida en que esa evidencia genética no sea analizada “es un agresor que está en la calle violando probablemente a otras mujeres”. “Es importante que esto se atienda con la urgencia que requiere”, dijo para agregar que de lo contrario se envía un mensaje de “total impunidad”.