El Frente para la Auditoría de la Deuda llamó hoy, sábado, a la Legislatura a que no sean “sellos de goma” y no le den luz verde a la aprobación de la medida legislativa que habilitaría el plan de ajuste de deuda (PAD) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El grupo compuesto de líderes sociales y profesionales de varios sectores instó a que no se dejaran intimidar por el ente federal impuesto por el Congreso de los Estados Unidos que rechazó el pasado viernes las enmiendas generadas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1003, una medida que permitiría al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) reestructurar unos $35,000 millones de la deuda fiscal, a menos que la Cámara de Representantes obtenga garantías por escrito de la JSF de que cumplirá la legislación.

“Nosotros nos oponemos al proyecto en su totalidad porque se está validando la emisión de nueva deuda que entendemos que, por un lado, va a comprometer a Puerto Rico con un pago insostenible todavía pese a que la Junta todavía ha vendido, y ciertamente ha habido una reducción al pago original de la deuda, esa reducción no es suficiente”, dijo la abogada Eva Prados, portavoz del frente, a Primera Hora.

Entre las enmiendas redactadas por la Cámara Alta, incluye lenguaje para establecer que la emisión de bonos de $7,000 millones propuesta y otras disposiciones del proyecto de ley no entrarán en vigor si se recortan las pensiones, asignar $500 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante cinco años, proteger los pagos del seguro médico de los trabajadores públicos y garantizar las asignaciones del fondo general a los municipios de la isla.

Igualmente, Prados insiste a que “Puerto Rico no caiga en la trampa” en avalar un proyecto que podría atentar contra los pensionados, la Universidad de Puerto Rico, y los municipios de la isla, a la vez que enfatizó el no comprometerse a comenzar el pago de la deuda del gobierno cuando “existen casos pendientes en el Título III que cuestionan la legalidad de estos bonos”.

Por otro lado, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez alertó a la Legislatura en un boletín que publicó en la cuenta de Facebook de su bufete que “no se deje coger de bobos” ante la presión del ente fiscal por aprobar la medida que generaría la ley habilitadora para implementar el PAD.

La misma pieza legislativa también daría luz verde a que el pago anual de la deuda pública de la isla reduzca de $3,300 millones a $1,100 millones.

“La Legislatura tiene el poder de cambiar el resultado de ese PAD, que, en realidad, es una situación que va a crear más medidas de austeridad, va a crear más aumentos en las contribuciones, cortes en los servicios esenciales, y, eventualmente, se va a incurrir en un impago de la deuda futura”, añadió el experto en quiebras y la Ley Promesa.

Emmanuelli Jiménez señaló que, de ajustarse la deuda de la isla, el gobierno seguirá intentando por años intentando pagar la deuda, los servicios públicos de la isla y los pensionados, sin herramientas de desarrollo económico ni progreso, hasta llegar a un segundo impago.

“Todos los créditos que se aseguraron durante el proceso de la quiebra actual, eventualmente, no se van a poder ajustar, no se van a poder reducir”, indicó el licenciado.