El primer rostro que verán cientos de niños en el retorno a las escuelas del sistema público que comenzará el lunes será el de los choferes de las guaguas escolares que los llevarán a los planteles, una figura de la que se habla poco, pero que juega un papel fundamental, sobretodo, en tiempos de pandemia.

Durante 18 meses más de 1,000 de estos profesionales estuvieron en un receso forzoso a causa de los terremotos y la crisis salubre ocasionada por el coronavirus. Sin embargo, volverán a la carga con nuevos protocolos de salud y seguridad y con la esperanza de que los padres y madres confíen en el riguroso proceso que enmarcarán los viajes entre las comunidades y las escuelas.

Según el presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón, entre los nuevos requerimientos de prevención se destaca que se redujo la cabida a una tercera parte para garantizar que haya distanciamiento entre estudiantes dentro del vehículo donde se clausurarán algunos asientos. A esto se suma que transportistas y alumnos, todos, deben tener todo el tiempo una mascarilla cubriendo su nariz y boca.

El protocolo dispone que cada estudiante tendrá un asiento asignado una vez haya recibido la toma de temperatura y suministro del desinfectante de manos. Los asientos deberán ser ocupados de atrás hacia adelante para evitar el contacto físico según se dirijan al área asignada. Los estudiantes no deberán sentarse más de uno por asiento, alternando lados para cada fila y saltando filas entre estudiantes, logrando, al menos, tres pies de distancia física entre los alumnos que no son del mismo hogar. Los niños del mismo hogar pueden sentarse juntos y más cerca (por ejemplo, dos estudiantes por banco).

“Además, vamos a tomar temperatura a todos los estudiantes antes de montarse y se llevará un registro de limpieza de las unidades antes y después de recoger a los niños. El sistema de sanitización es bien riguroso”, expresó sobre el proceso registrado a través de un formulario que se debe entregar a la autoridad de salud de cada escuela.

El protocolo establecido por el Departamento de Educación dispone que el padre, madre o encargado del estudiante deberá estar presente en la parada u hogar hasta que el menor pase el cernimiento. Aquel alumno que presente síntomas no podrá abordar el transporte y se reincorporará su servicio tras presentar un certificado médico que así lo autorice.

“Es bien importante que sepan que el 100% de los transportistas estará vacunado contra COVID-19 y cada dos semanas se harán pruebas de cernimiento para monitorear que no haya nadie enfermo”, agregó el también dueño de Transportación Rosado, una empresa que ofrece servicio a unos 400 niños residentes de pueblos de la región educativa de Bayamón y Arecibo.

Explicó que, por lo general, un vehículo de menor cabida puede acomodar en promedio entre 16 a 20 alumnos. Con la nueva dinámica preventiva el número se reduce a entre seis y siete.

Manifestó que ante la baja en capacidad que surgirán entre los transportes hay compañías que tienen preparados vehículos sustitutos.

“Sin embargo, aun es temprano para decir que se necesitarán más transportes porque la información que tenemos es que la matrícula de estudiantes que van a necesitar el servicio bajó. Ese es uno de los grandes retos que tenemos inicialmente: hay que convencer a los padres y madres para que confíen en nosotros, se sientan seguros de que sus hijos estarán bien, y soliciten el servicio al Departamento de Educación”, sostuvo Rosado.

“Precisamente a partir del miércoles y antes del viernes se deben estar firmando los contratos de este nuevo semestre escolar. Los compañeros están avisados de los documentos que tienen que proveer. Básicamente, estamos esperando que bajen esos contratos con la lista de los estudiantes que han ido solicitando el servicio. Pero lo que nos han adelantado es que los números están por debajo de lo que sería un inicio de clases normal”, acotó.

Según explicó a Primera Hora el director de la Oficina de Transportes Escolares del Departamento de Educación, Joel Ramos Díaz, hasta el momento se están preparando unos 180 contratos.

“En un año normal el número aproximado de contratos es de 500 a 600. Pero debo aclarar que el proceso no ha terminado y es bueno decir que llevamos casi la mitad”, sostuvo Ramos al agregar que el dinero para pagar a los transportistas totaliza $106 millones de los fondos federales ESSER (Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias).

Detalló que de ordinario los contratos se otorgan a alrededor de 225 compañías. También están los contratos que establecen los municipios directamente con transportistas escolares. Este año ha habido un aumento en este renglón. “Tenemos alrededor de 30 contratos de municipios, cuando lo tradicional es tener unos 23. Se han ido uniendo municipios como Loíza o Río Grande que interesaron integrarse”, dijo Ramos.

En total, los transportistas escolares recorren unas 4,800 rutas que impactan a 40,999 estudiantes de la corriente regular y a 11,602 de educación especial.

“Hay dos criterios de elegibilidad: por kilómetros y los ingresos familiares. Este año, por ejemplo, 15,968 estudiantes no fueron elegibles cuando se examinó las solicitudes”, explicó el funcionario.

Solicitan un segundo incentivo

Muchos de los transportistas escolares confrontaron grandes retos económicos, pues desde los terremotos de enero de 2020 -y luego con la pandemia- quedaron inoperantes y sin cobrar por sus servicios, recordó el presidente de la Federación de Porteadores Escolares.

Rosado explicó que aun cuando el gobierno otorgó un incentivo de $20 millones de los fondos Cares Act -que fueron distribuidos entre más de 2,400 vehículos-, el dinero ($8,500 por unidad) se utilizó para reparar los transportes, cubrir gastos de seguro, realizar la compra de productos de sanitización, entre otras gestiones, que no consideraron la falta de ingresos que tuvieron por el pasado año y medio.

“Es una situación bien delicada porque estuvimos sin generar ingresos 18 meses y ahora estamos en una incertidumbre. Se supone que comencemos el lunes a trabajar, pero después de arrancar nosotros tenemos que esperar entre 90 a 120 días para cobrar y la realidad es que muchos transportistas no tienen la capacidad económica para estar tanto tiempo sin cobrar. En ese sentido le estamos solicitando al director de transportación escolar de Educación, Joel Ramos, que analice si se puede viabilizar un segundo incentivo para los transportistas escolares”, manifestó Rosado.

“Este es uno de los temas que vamos a tocar el viernes en una asamblea de la Federación de Porteadores Escolares en el Centro de Convenciones de Cataño. Allí estaremos orientando a los compañeros y recogiendo el insumo de cómo la industria se siente de cara al reinicio de clases el lunes”, dijo sobre la organización que agrupa a cerca de 150 compañías de transporte alrededor de la isla.

Consultado sobre la petición de los porteadores escolares, el director de la oficina de transporte del DE dijo que “es algo que se puede conversar”.

“Se pueden identificar fondos y consultarlo con el gobierno federal”, agregó.

Ramos mencionó que, inicialmente, la solicitud del grupo era que se le otorgara un incentivo a los porteadores que fueron contratados para ofrecer servicios de marzo a junio, cuando el gobierno intentó reabrir las escuelas infructuosamente pues la iniciativa sólo duró dos semanas debido al repunte de casos de coronavirus. Debido a la cancelación de clases presencial los transportistas no generaron ingresos.

“En ese periodo hubo cerca de 300 contratos... la idea se consultó con la oficina de asuntos federales y respondieron que no le daban el visto bueno. Ofrecieron, a cambio, la duplicidad de rutas y es lo que estamos trabajando ahora porque, debido a que la cabida de niños en las guaguas es menor, probablemente se les puede duplicar o triplicar las rutas a un mismo transportista”, explicó.

De otra parte, el funcionario dijo que la semana que viene se les otorgará a unos 2,225 transportistas $300 de un remanente del incentivo que recibieron el mayo.