Como anticipó la semana pasada, la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, demandó al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, por la orden que requiere el uso de mascarillas de manera compulsoria en ese cuerpo legislativo.

La demanda solicita que se declare esa orden administrativa como inconstitucional bajo alegaciones de que la misma impide que la representante ejerza sus funciones, constitucionalmente protegidas, “de manera arbitraria y caprichosa”.

Se solicita como remedio que el tribunal emita una orden de entredicho preliminar y permanente ordenando cesar y desistir de incurrir en “conducta ilegal para con la demandante”.

“La exigencia impuesta por el presidente de la Cámara que obliga al uso de mascarillas bajo la actual coyuntura, carece de justificación alguna y del más mínimo sentido de razonamiento lógico. Es un acto no solo ridículo e irresponsable sino profundamente abusivo y atropellarte que lacera los más elementales principios de derechos civiles y libertades democráticas de todos los ciudadanos, garantizados por nuestra constitución. Así también, la arbitrariedad de este mandato revela un desprecio total por el derecho de las minorías en la Cámara al colocar a la representante en la posición de escoger entre ejercer sus funciones o actuar contrario a su conciencia y creencias políticas, y las de aquellos que representa con su voz y voto en el proceso legislativo ante la Cámara de Representantes”, dijo Javier Jiménez, presidente y candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad.

“Tal proceder es una violación a los derechos de las minorías y una violación al libre ejercicio de la expresión política en el recinto donde el Estado debe salvaguardar la más amplia protección de este derecho. Apoyar el proceder del presidente de la Cámara, y los demás demandados, constituye un nefasto precedente para los miembros de esta Cámara de Representantes, que estoy segura en un futuro podrían sufrir en carne propia la restricción de derechos en el ejercicio de sus funciones que hoy Yo he decidido defender”, explicó por su parte Burgos.

Esta demanda se concretó luego de que el pasado martes la representante fuera removida del hemiciclo por no utilizar el tapabocas, como requirió el administrador de la Cámara de Representantes, Manuel Díaz Espino.

El requerimiento de mascarillas ocurrió en medio de una brutal alza de casos de COVID-19 en la isla que hasta el 27 de enero, provocó una tasa de positividad de 27%, lo que lleva a que Puerto Rico esté en nivel “alto” de transmisión comunitaria del virus.

La recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) es que la tasa de positividad no supere el 5%.