La jueza superior Sonya Nieves Cordero denegó esta noche una solicitud del Departamento de la Familia, mediante la cual la agencia buscaba obtener la custodia provisional de Nazaret, la niña de dos años que removió el pasado miércoles del hogar de la madre, Lisha Ramón Mejías, en las parcelas El Polvorín, en Cayey.

“Me la dieron, me dieron a mi hija”, exclamó con una sonrisa la madre de la menor, luego que concluyera una vista a las 8:15 p.m. en la Comandancia de Caguas.

Ramón Mejías indicó que, esta misma noche, la agencia le entregará a la niña en Cayey. Sin embargo, la joven aclaró que, como parte del protocolo, la menor, que se encuentra en un hogar temporero, tendrá que ser revisada en un hospital.

“Lo primero que voy a hacer es abrazar a mi hija, amamantarla, y darle todo mi amor”, indicó.

“Tan pronto pueda, voy a lactarla, porque ya mis senos lo sienten”, expresó la joven, quien elogió el trabajo de su abogado, Ramón Rivera Grau, quien la acompañaba a su salida de la comandancia.

“Es el mejor abogado que luchó, y que hizo todo lo posible porque fuera así (la determinación de devolverle la niña a la madre)”, apuntaló.

Además, la joven dijo que el proceso de remoción de su hija fue “injusto”.

“No siguieron el procedimiento, la orden de protección era hacia Miguel, no para la nena”, sostuvo Ramón Mejías.

Por otro lado, el licenciado Rivera Grau manifestó que nunca hubo alegaciones de maltrato ni de la madre, ni del padre, hacia su hija.

“No había nada que sostuviera la medida más drástica, que es la remoción de un menor”, indicó el letrado.

En la vista, que comenzó a las 4:00 p.m., el Departamento de la Familia llevó como testigos a dos trabajadoras sociales que intervinieron en el caso.

En la misma, la jueza escuchaba de forma virtual a las partes. La madre y el padre de la niña, Miguel Torres comparecieron a la Comandancia al igual que el DF, parte peticionaria, representando por la abogada, María del Pilar Guzmán.

La vista de naturaleza civil estaba citada para la 1:00 de la tarde, pero no fue hasta pasadas las 5:00 de la tarde, que dio inicio, a puertas cerradas, como otros procesos en los que se ventilan asuntos de custodia de menores.

A las 7:00 de la noche, trascendió que Rivera Grau contrainterrogaba a una de las profesionales del trabajo social que investigó el caso.

Este caso ha generado gran presión pública al punto que vecinos se unieron ayer, jueves, a Ramón Mejías en la carretera PR-1, en Cayey, luego que la joven madre de 21 años denunció en las redes sociales de su negocio Organic que el DF le había removido a su hija. En el lugar, Ramón Mejías vende jugos naturales a diario como parte de su sustento económico cargando a su pequeña en una mochila en el pecho.

El Departamento de la Familia alega que removió a la menor porque sus padres no cumplieron con una orden de protección por un incidente de Ley 54 que, aparentemente, no llegó a corte.

Mientras transcurría la protesta en Cayey, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Glenda Gerena, dijo que la agencia tiene la custodia de emergencia de la niña por un período de 72 horas.

El caso se remonta a un incidente de violencia intrafamiliar entre la pareja el pasado 19 de diciembre, por el cual Torres obtuvo una orden de protección en contra de Ramón Mejías, al amparo de la Ley 54, para la Intervención contra la Violencia Doméstica. En ese momento, el tribunal le dio la custodia provisional de la nena al padre y le quitó a la madre las relaciones materno filiales hasta que se viera el caso en enero.

El 23 de diciembre, el padre de la menor desistió de continuar con la orden de protección y ya antes le había regresado la niña a la madre. Este jueves 29 de diciembre, a pedido del peticionario, la jueza municipal de Caguas, Evyanne Mártir Hernández, ordenó el archivo de la orden de protección.

En medio de las diferencias entre la pareja, el DF acudió el miércoles al tribunal con una solicitud de custodia de emergencia y esa noche removió a la niña del hogar de la madre bajo el argumento de que ambos padres habrían violado una orden de protección con la entrega de la niña a la mamá estando vigente el recurso legal.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, se presentó a la Comandancia de Caguas para “apoyar” a Ramón Mejías y, en horas de la noche, se mantenía en el lugar.

“Considero que Leisha es una joven trabajadora, una madre que ha cumplido sus responsabilidades con su hija. Basta con ver las publicaciones que ha hecho en las redes sociales sobre ella y su pequeña que denotan un grado de madurez extraordinario en el proceso de crianza, aun a su corta edad”, indicó Ortiz Velázquez.

“Estamos esperanzados en que esta noche esa pareja, tanto Miguel como ella, puedan tener a Nazareth en su hogar”, agregó el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

Temprano en la tarde, el licenciado Rivera Grau, dijo a periodistas que no había tenido acceso a la investigación que condujo Familia sobre el caso y que sostuvo que ya no hay una orden de protección en contra de su clienta.

“El Departamento de la Familia tiene unas prerrogativas dentro de su investigación a la que yo no he tenido acceso por el momento, todavía es un proceso confidencial”, dijo Rivera Grau a este medio.

El letrado indicó que Familia “tendrá que pedir los remedios al tribunal y presentar la evidencia de que la remoción de la menor fue conforme a la Ley 246, que a nuestro juicio no estaban los elementos para el proceso”.

Rivera Grau dijo que la madre de 21 años no está imputada de algún delito. “No existe ningún tipo de orden de protección vigente, aquí hubo una investigación que surgió a raíz de una orden de protección y lo que hubo en su momento fue una orden ex parte que fue desistida por la propia parte peticionaria”, sostuvo el abogado.

Familia reacciona

Por su parte, la oficina de prensa del DF sostuvo en declaraciones escritas que la agencia respeta y acata la determinación de la jueza Nieves Cordero. No obstante, manifestó que están “obligados a agotar todos los recursos disponibles para garantizar la protección de la menor”.

“Mientras, tal y como ordenó la Hon. Jueza Sonya Nieves Cordero, continuamos haciendo todos los esfuerzos para lograr una apertura de mamá y papá para recibir servicios que la fortalezcan, para que pueda garantizar la seguridad y bienestar de la menor. Precisamente, parte de los ofrecimientos del Departamento de la Familia para ayudar en casos como este, es un sensible plan de servicios que, de acuerdo con las necesidades de la familia, le provee las destrezas y herramientas que necesiten”, destacó.

Mientras tanto, la entidad gubernamental reiteró que su fin es que “la menor esté sana y segura, y siempre que los padres estén capacitados para garantizarlo.

“Daremos la ayuda y el apoyo necesarios para que, al final del proceso, pueda continuar en su núcleo familiar”, sostuvo.

“El Departamento de la Familia tiene la obligación de garantizar la seguridad de los menores, independientemente de las determinaciones judiciales, administrativas o de cualquier otro tipo, ante casos de potencial agresión o maltrato contra cualquier menor en Puerto Rico”, acotó.