La liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico se redujo un 24 % en mayo, una fuerte caída que se suma a la de meses anteriores y que deja al Gobierno de la isla con tan sólo 777.87 millones de dólares.

Así lo desveló hoy en un su web el brazo financiero de Gobierno local, que lleva meses intentando una emisión de bonos por 2,950 millones de dólares para dar liquidez al BGF, pero los mercados exigen muy elevados tipos de interés.

"Hasta el momento, los términos que nos han planteado no son favorables para el pueblo de Puerto Rico, por lo tanto, no estamos en posición de llevarla a cabo", dijo hoy el secretario de Gobernación, Víctor Suárez, en una conferencia de prensa.

Añadió que "no todos nuestros esfuerzos están dirigidos en esa transacción" y "el Gobierno está buscando otras alternativas", entre ellas la emisión de 900 millones de dólares en notas de anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs).

"Continuamos los esfuerzos para tener los TRANs. Eso nos dará el flujo de efectivo necesario para atender las obligaciones del Gobierno a partir del próximo año fiscal y también atiende el déficit que tenemos en términos de flujo de efectivo", explicó.

Tras confirmar que este ejercicio fiscal, que acaba a final de mes, se cerrará con un déficit de 190 millones de dólares, anunció que se va a presentar un proyecto de ley para que ciertas empresas públicas puedan prestar dinero al BGF invirtiendo en los TRANs (deuda a corto plazo que el Gobierno usa para pagar operaciones generales mientras espera por el cobro de impuestos).

En abril la reducción de la liquidez del BGF fue del 8.5 % (hasta 1,024 millones de dólares) y en marzo del 9 % (para quedar en 1,118 millones de dólares), en línea con lo ocurrido en meses anteriores. En junio de 2014, el banco tenía 3,139 millones en activos líquidos.

Las autoridades temen que en poco tiempo este Estado Libre Asociado a EE.UU. se quede sin fondos para pagar a sus funcionarios, mantener los servicios básicos a la ciudadanía o atender los compromisos con los bonistas derivados de su ingente deuda.

La isla acumula nueve años de recesión y tiene cerrado el acceso a los mercados financieros ante la falta de un proyecto fiscal y financiero que dé garantías a los potenciales inversores.

De hecho, la calificación de la deuda de Puerto Rico, que en conjunto asciende a más de 73,000 millones de dólares, está en grado especulativo ("bonos basura" o "chatarra").

El Gobierno tenía previsto recuperar esa confianza con la presentación de una ambiciosa reforma contributiva con la que pretendía aumentar la recaudación y reducir el fraude, pero la oposición del Legislativo -incluidos parte de los legisladores del partido gobernante- lo han impedido.

Tras meses de negociaciones y a falta de menos de un mes para que empiece el próximo ejercicio fiscal, el Ejecutivo ha logrado el apoyo de sus propios legisladores para aprobar una reforma que no es tan ambiciosa como la inicial pero que podría elevar la recaudación en 1,200 millones de dólares.

Se espera que durante esta semana se apruebe de una vez en el Parlamento local esta última propuesta, que incluye subir el actual Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) del 7 % al 11.5 % y ampliar los servicios a los que se aplica.