A cuentagotas.

Así fueron surgiendo ayer los nombres de los rectores de los recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que fueron destituidos por el recién nombrado presidente interino, Darrel Hillman.... y no se salvaron ni los que ocupaban sus puestos en propiedad.

Al final del día se supo que se les solicitó “la terminación inmediata” de sus funciones a todos los administradores, pero presidencia no se expresó al respecto y tampoco se dio a conocer evaluación alguna o los criterios para sacarlos. 

“No creo que va a ayudar en el proceso de acreditación porque lo que han demostrado es que estos cambios han sido basados ¿en qué?”, dijo Mario Medina, el hasta ayer rector en propiedad del recinto de Cayey, respondiendo a este medio que le preocupa el efecto que las “solicitudes de renuncia” podrían tener en el proceso que lleva a cabo la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), agencia que acredita universidades en Estados Unidos, Puerto Rico y en las Islas Vírgenes.

La MSCHE tiene una política política sobre intromisión político-partidista en la universidad que la señala como amenaza a la libertad y efectividad de las instituciones.

La agencia ya ha intervenido en cuatrienios anteriores y ha advertido que los vaivenes políticos en la estructura administrativa podrían afectar tres de los 14 estándares que evalúan para otorgar la acreditación: el estándar 4 (liderazgo y gobernanza), el estándar 5 (administración) y el estándar 6 (integridad).

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, defendió ayer en rueda de prensa que “la UPR es autónoma y la Junta de Gobierno tiene a bien implementar su política pública en la Universidad... más allá de eso no tengo más comentarios”.

Sin embargo, Medina respondió que el discurso de la autonomía universitaria pudo haber funcionado al gobierno durante la huelga pasada, “pero ya no”.

“Estas personas que están en la Junta de Gobierno, ¿quién los nombró?”, cuestionó el exrector.

“Hay cinco abogados que nombró el gobernador, una exsecretaria de Corrección, dos exmilitares del ejército americano… ¿de qué estamos hablando? Eso no es autonomía universitaria. El gobierno está en control de la universidad y ellos lo saben”, argumentó.

De hecho, el nombramiento de Hillman fue favorecido en bloque por los seis miembros de la junta que responden al Ejecutivo, versus los cuatro miembros de la comunidad universitaria.