El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que el borrador de proyecto de reforma laboral que envió hoy la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a las Cámaras Legislativas y al gobernador Ricardo Rosselló “es un reconocimiento” de que no tienen el poder legislar.

“No decían ellos (la JSF) que tenían el poder de aprobar leyes. No decían ellos que todo el mundo tenía que acatar sus decisiones. No era el argumento de ellos y de otra gente aquí, que ellos podían aprobar leyes”, reaccionó Rivera Schatz.

-¿Tiene que haber un legislador que lo radique, usted cree que aparecerá un legislador que lo haga?”, preguntó una reportera al líder senatorial.

“Pero la pregunta que yo me hago es que ellos no han dicho tantas veces que tienen el poder legislar y de hacer todo. Pues entonces, es un reconocimiento de que no lo tienen”, sostuvo.

Dijo que no ha visto el borrador ni la carta que le envió la JSF y añadió que mañana jueves discutirá el asunto con el caucus de senadores novoprogresistas y que también, espera reunirse con los senadores de las demás delegaciones.

¿Y sobre el argumento de la JSF de que bajando los días de vacaciones y enfermedad y quitándole el Bono de Navidad a los empleados del sector privado va a mejorar la economía, ¿qué usted piensa?”, se le preguntó.

“Eso es falso. No hay proyecto laboral de quitarle derechos al trabajador que haya resultado en aumento en los empleos en términos generales. Podrá haber algún renglón en particular que pueda mejorar, pero en el macro no”, indicó el Presidente del Senado.

“¿Dónde está el razonamiento de ellos?; ¿Dónde está la información que sostiene el proyecto que ellos están proponiendo? ¿Ellos tienen datos que puedan ofrecer a Puerto Rico a los fines de que puedan comparar alguna jurisdicción que haya tomado esa medida y resultara en un aumento de empleo? A ellos les gusta hablar de estadísticas, qué hablen ahora de estadísticas. Qué demuestren las estadísticas que tienen”, remachó Rivera Schatz.

Sobre el aumento al salario mínimo dijo que “es insólito que Puerto Rico se haya convertido, para algunos sectores que lo critican, en el único lugar en el mundo donde un trabajador está bien pago hay que condenarlo”.  

Otra senadora novoprogresista, Zoé Laboy sentenció que en el Senado ni en la Cámara “hay ánimo alguno de que ninguno de nosotros presentemos este proyecto”.

“Esto podría ser por petición, pero estoy casi segura que nadie va a estar dispuesto ni dispuesta a presentarlo”, sostuvo.

Reiteró en que está totalmente en contra de “las barbaridades que esta Junta que se haga en Puerto Rico porque para citar al presidente de esa Junta (José Carrión), él no puede vivir con lo que está pidiéndole a otros y a otros que vivan”. 

Fortaleza reacciona 

Desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario, dijo que el anteproyecto de reforma laboral de la JSF  no tiene posibilidad alguna de ser aprobada.

“Lamentamos que la Junta de Supervisión Fiscal siga utilizando recursos que terminan pagando nuestros contribuyentes para implementar medidas para las que no tienen autoridad legal ni justificación moral", dijo Rosario.

"Esa medida no tiene posibilidad en la Asamblea Legislativa según comunicó el gobernador junto al liderato de todos los partidos políticos. La invitación del gobernador es a trabajar en las medidas en las que existe consenso y esperamos que la Junta responda a ese llamado de diálogo por el bien de Puerto Rico”, agregó.

Según la propuesta de la JSF, lo que se busca es que las empresas tengan menos restricciones laborales y que esto les permitirá crecer y contribuir más a la economía, según la medida.

El proyecto, redactado en inglés, elimina la Ley del Bono de Navidad, y se establece que el último cheque por este concepto de forma compulsoria, como existe desde 1969, se pagaría hasta el 2018 y luego desaparece.

La Ley 80, un mecanismo que le da ciertas protecciones al trabajador contra los despidos injustificados, queda derogada. Igualmente, los días por enfermedad y de vacaciones se reducen a solo 7 días cada uno.

El proyecto también establece que el salario mínimo será de 7.50 la hora, aunque aumentaría según avances las proyecciones de incremento en la participación laboral, que actualmente ronda el 40%.