Aunque no han logrado alcanzar un acuerdo definitivo respecto a la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014), el gobernador Alejandro García Padilla se mostró dispuesto este martes a considerar algunas enmiendas que someterán durante los próximos días los sindicatos que agrupan a empleados de las corporaciones públicas para aclarar y flexibilizar algunas disposiciones del estatuto.

Alrededor de 25 líderes obreros llegaron este martes a La Fortaleza para insistir en la derogación de la ley, pero en cambio el primer ejecutivo los instó a continuar negociando con sus respectivos patronos posibles cambios en los convenios colectivos que logren las economías que proyecta la legislación, y eviten así que entren en efecto algunas de sus disposiciones.

“Nada puede interrumpir el proceso de negociación”, dijo enfático García Padilla durante una conferencia de prensa en la Mansión Ejecutiva tras salir de la reunión que se extendió por poco más de tres horas.

El gobernador instruyó a los jefes de agencia a negociar de buena fe y a entregar a las uniones toda la información pertinente que les sea requerida como parte del proceso de diálogo, y de igual forma, exhortó a los líderes obreros a ser responsivos ante cualquier requerimiento que les hagan los patronos.

Las uniones tienen hasta el 31 de agosto próximo para llegar a entendidos con la gerencia de las agencias y corporaciones públicas, y si no llegan a acuerdos, a partir de esa fecha entrarían en vigor de manera retroactiva al 1 de julio las disposiciones que suspenden la concesión de aumentos en beneficios económicos a los trabajadores.

La Ley 66, en su artículo 11, establece que los empleados de las corporaciones públicas tienen hasta este jueves para negociar, pero García Padilla indicó que su administración interpretará que tienen hasta finales del mes próximo, como los funcionarios del Gobierno central.

A su salida de la reunión, Pedro Irene Maymí, presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), insistió en que el estatuto es innecesario, pues las uniones podrían renegociar las cláusulas de los convenios colectivos sin que exista un mandato de ley, y dijo que la propia legislación dificulta las conversaciones entre las partes.

“¿Qué apertura para la negociación hay bajo la ley? Ninguna. De aquí a que se pueda trabajar con la derogación de la ley, hay que someter enmiendas porque no hay ese espacio para la negociación, y muestra de eso es que se niegan a proveernos la información", señaló el líder de la UIA al reafirmarse en que algunos jefes de agencia se han negado a proveer los documentos que han solicitado.

Entre esa información que ha sido requerida, mencionó los datos de los empleados de confianza, el impacto económico que tendría eliminar la cláusula de subcontratación y de que se permitan los traslados de empleados públicos, así como que se alteren algunos aspectos del derecho de antigüedad.

Las enmiendas que las uniones someterán ante el Ejecutivo están relacionadas con el artículo 17 de la ley, que establece los mecanismos de control fiscal en las corporaciones públicas que no están relacionados con las cláusulas económicas.

"Es un artículo que abre la puerta para despidos constructivos, para que el patrono de manera soslayada subcontrate las labores que ya realizamos los trabajadores de las corporaciones y agencias públicas”, sostuvo el dirigente de la unión de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Sin embargo, advirtió que insistirán en que el estatuto sea eliminado o declarado inconstitucional en los tribunales, y mientras tanto, continuarán las manifestaciones en contra de las medidas fiscales tomadas por esta administración.

“Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr derogar esta ley, y todo trabajo que se haga con miras a eso en los tribunales tiene que ir acompañado de las acciones sindicales... Estaremos complacidos cuando logremos derogar esta ley. Esto es un paso más que hemos dado, pero complacidos no estamos", enfatizó.

García Padilla, en tanto, dijo que se siente “muy a gusto con el liderato obrero del País”, y dijo que respetará su derecho a protestar, aunque reiteró que no tolerará la violencia.

"Pueden haber manifestaciones, pero que no afecten los derechos de otras personas, que no haya violencia. Se va a garantizar su derecho, pero no puede pasar lo que pasó en el túnel de Minillas donde se afectaron derechos de terceros”, expresó.

Asimismo, dijo que accedió a revisar el lenguaje relacionado con los traslados de empleados para evaluar de qué manera podría establecerse claramente que no serán “ni onerosos ni arbitrarios”.

García Padilla destacó que, hasta el momento, 58 de las 64 unidades apropiadas del Gobierno central han llegado a acuerdos con los jefes de agencia, y en 53 de ellas la matrícula ha ratificado lo acordado. No proveyó cifras de las negociaciones en las corporaciones públicas.

Participaron en el encuentro representantes de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, de la UIA, así como los sindicatos que agrupan a los empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de los Puertos, el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos, la Universidad de Puerto Rico, entre otras entidades públicas.

Las partes no tienen una nueva fecha de reunión pautada, pero dejaron entrever que se verán las caras nuevamente cuando las propuestas de enmiendas estén listas.