La presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, defendió este jueves la labor de las guardias correccionales del Centro de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón, en momentos en que alegan enfrentar expresiones de repudio de parte de manifestantes que exigen respuestas sobre la muerte de la reclusa Shannel Colón Ponce.

Martínez expresó que el sindicato se encuentra “practicamente indignado” tras las oficiales de la prisión ser señaladas como “asesinas y corruptas” por el caso de la joven de 23 años que según la versión preliminar de las autoridades se habría suicidado la semana pasada en medio de un traslado supervisado hacia su celda y en momentos en que las videocámaras del establecimiento estaban inoperantes por una supuesta falla de energía eléctrica.

“Esto pone en duda nuestra labor y valores como servidores públicos, en donde nosotros damos más de la milla extra, somos responsables de velar vida y propiedad de las instituciones penales con pocas herramientas de trabajo y con poco personal”, respondió la líder sindical al denunciar que existen deficiencias dentro de las instituciones penales de la Isla por, según ella, falta de personal correccional y ofertas de empleo poco atractivas.

“Mientras no haya el ‘staff’ requerido en todas las instituciones, porque todas las instituciones están trabajando por debajo del personal, yo no te puedo decir como presidenta del sindicato que nosotros vamos a cumplir con velar vida y propiedad al 100%. Van a seguir ocurriendo muertes de miembros de la población correccional porque no hay ese personal para poder dar esas rondas y cubrir esos puestos”, respondió a Primera Hora al reiterar su petición a la Cámara de Representantes a tomar acción para aprobar el Proyecto del Senado 459, que buscaría aumentar el salario base del oficial correccional a $2,350.

“Está en la responsabilidad de la supervisión de la institución de cubrir los puestos que garanticen seguridad, vida y propiedad. Nosotros estamos trabajando, dando la milla extra, doble jornada, haciendo más de cuatro puestos, cuando realmente se supone que para garantizar cumplimiento de su trabajo, el oficial correccional realice solamente un puesto”, alegó.

A pesar de que la portavoz de los oficiales correccionales sostuvo que no emitiría opiniones sobre el fallecimiento de Colón Ponce -quien estuvo sumariada desde abril por cargos de apropiación ilegal de vehículos, ante la espera de los resultados de la segunda autopsia que realiza el Instituto de Ciencias Forenses y la culminación de la pesquisa del Departamento de Correccción y Rehabilitación (DCR)-, sí manifestó que “pongo las manos en el fuego por mis compañeras”.

“Mis compañeras son mujeres de ley y orden, son madres, empáticas ante lo que es la situación y muy claras en lo que es nuestro deber magisterial de velar vida, propiedad y de garantizar rehabilitación”, expresó.

La defensa de Martínez se produce en momentos en que familiares y amigos de Shannel, quien recibía asistencia médica para atender su condición de salud mental, han reclamado transparencia en la investigación e insisten que se evalúe el ángulo de una posible muerte violenta.

Además, dichas expresiones se llevan a cabo al tiempo que informes de muertes de confinados y confinadas reportados en las prisiones del País y registradas por periodos de años fiscales a través del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico indican que, en un periodo de cuatro años, los fallecimientos de la población se han duplicado, mientras que en muchas instancias las causas son una incógnita pues se clasificaron como indeterminadas o pendientes de investigación.

Por otro lado, dicha postura se asume al momento que la secretaria del DCR, Ana Escobar, diera a conocer que se enmendó el protocolo de prevención de suicidios hace seis meses y que han ampliado la vigilancia en los centros de corrección para evitar contrabando con servicios de unidades caninas y la “instalación de equipos sofisticados” en los perímetros de las cárceles.

Además, Escobar aseguró a este medio que hay activas investigaciones por las autoridades locales y federales vinculadas al contrabando en las cárceles. Alegó que debido a estas pesquisas de inteligenia realizadas bajo su incumbencia, desde enero de 2021 se han arrestado a 10 funcionarios del DCR y ocho familiares de confinados vinculados a la entrada de contrabando a las instituciones.

“Nosotros, como sindicato, estamos encaminados que toda acción, protocolo, o investigación que sea para evitar el contrabando y la corrupción dentro de la agencia, estamos a favor cualquier procedimiento siempre y cuando este sea uno justo, limpio y que se deja llevar por la debida confidencialidad”, indicó Martínez, quien sostuvo que las unidades especializadas del DCR “no tienen la capacidad, ni siquiera de preparación, ni de confidencialidad para llevar a cabo lo que es prevenir y atacar el contrabando dentro de las instituciones penales”.