Los 270 empleados que componen al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) están resentidos con el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pues el nuevo plan certificado no contempla una asignación de fondos dirigida a establecer un plan de reclasificación y retribución que les permita una mejor compensación salarial.

Así lo explicó a Primera Hora el delegado de la unión de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Carlos Vélez, al describir como “injusto” que en el plan fiscal certificado se considere destinar $375 millones que habrán disponible en la isla -como resultado de las nuevas interpretaciones que el Centro de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS) ha dado al programa federal que financia la reforma de salud- unos aumentos salariales para los maestros, policías, oficiales correccionales y bomberos al cabo del año fiscal 2024.

“La realidad es que en el Instituto de Ciencias Forenses estamos indignados porque se habla de aumentos salariales para policías, maestros, bomberos, pero se les olvida que dentro del sistema de justicia criminal la columna vertebral es el Instituto. En ningún momento el plan fiscal certificado de la Junta habla de aprobar los $3 millones que la doctora María Conte, la directora ejecutiva de la agencia, solicitó para establecer un plan de reclasificación y retribución a los 270 empleados que tenemos”, expresó Vélez, quien labora en el ICF como investigador forense.

El reclamo del también miembro del Comite Conciliador del SPUPR coincide con el que hizo el miércoles la doctora Conte Miller, quien precisó que dentro del presupuesto de sobre $20 millones peticionado por la agencia para el próximo año fiscal, hay una partida de $3 millones dirigida a reclasificar y retribuir económicamente a los empleados, así como a lograr contratar a otro grupo de profesionales de difícil reclutamiento.

“Nosotros incluimos en el presupuesto de este año una petición presupuestaria para reclasificación y retribución. Si ese asunto no se arregla, Forense no va a pasar del grado que tiene en este momento, que es de normalidad, pero lo queremos llevar a uno de excelencia”, acotó la patóloga forense al destacar que el presupuesto actual es de $16.7 millones.

“Esta situación le cuesta al personal de aquí, como dijo Winston Churchill, lágrimas, sudor y sangre. No queremos que sea así. La gente tiene que tener una vida personal y laboral balanceada y yo necesito reclutar. Yo espero el respaldo de la entidad a la que le toque o concierna este asunto. Sé que hay cuestiones fiscales complicadas, pero al que le toque, espero que considere que el aumento salarial de los empleados soluciona el problema actual que tiene Forense”, agregó la funcionaria.

Los empleados unionados del ICF dicen que las palabras de Conte Miller “cayeron en oídos sordos”. Lo cierto es que el nuevo plan certificado por la JSF habla de asignar $2.3 millones para concepto de contratación de personal. Pero no dispone claramente ninguna partida para activar un plan de reclasificación y retribución a los empleados especializados que laboran en la agencia, algunos con más de 20 años de servicio. Precisamente, lo que propone la doctora Conte es un cambio en las escalas salariales y hacer de la remuneración una más justa y atractiva tanto para la plantilla de la agencia, como para futuros prospectos que interesen trabajar en el ICF.

“Ignoran los reclamos de la doctora Conte. Ella (Conte Miller) es la única directora ejecutiva que dice las cosas como son y lo ha hecho en varias ocasiones, pero no le hacen caso. Somos apenas 270 empleados, es una agencia pequeña, pero tenemos una responsabilidad bien importante para el sistema legal del país y esto parece que nadie lo reconoce. Sin nuestra intervención no se esclarecen los casos ni se pueden llevar a los tribunales”, puntualizó Vélez al advertir que hay 60 empleados con capacidad de acogerse al retiro, un hecho que si se concreta dejaría “inoperante” al ICF.

Actualmente, en la agencia hay plazas vacantes de investigadores forenses, químicos, patólogos, entre otras. En cambio el problema de reclutamiento y de fuga de talentos tiene sus raíces en el salario que se les está pagando a los empleados.

“En el 2017 se fueron 22 investigadores forenses para Texas porque recibieron ofertas de hasta $77,000 empezando y con menos carga de trabajo de la que hay acá. En Ciencias Forenses el sueldo base de un investigador, que necesita no menos de un bachillerato y un entrenamiento de dos años antes de salir a la calle, es de $2,012 al mes”, sostuvo Vélez al agregar que un salario similar se le otorga a los químicos.

El líder de la unión dijo que ante lo acontecido la directiva del organismo solicitará una reunión con la directora de la JSF, Natalie Jaresko, así como con la secretaria de la gobernación, Noelia García.