¿Serán las legislaturas municipales invisibles? ¿Son sellos de goma del alcalde?

Las respuestas a estas preguntas terminaron con posturas encontradas cuando se le cuestionó a alcaldes, legisladores municipales y asesores de estos cuerpos legislativos sobre la realidad y la pertinencia de la Legislatura Municipal.

En el grupo hubo quejas sobre cómo, desde la Asamblea Legislativa, les han cortado las alas a los legisladores municipales para lograr una verdadera fiscalización de los alcaldes.

Pero, fue el modelo de selección de los legisladores municipales, a cargo del candidato a alcalde a modo de “plancha” y con la autorización legal de formar “supermayorías”, uno de los puntos más críticos. Según aludieron varios entrevistados, este escenario ha minado las fortalezas que se suponen tengan estos cuerpos para ser el contrapeso de los gobiernos municipales.

Más, sin embargo, los fallos principales para que estas legislaturas tengan el poderío no se ven en el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, sino en el Código Municipal, aprobado en ese mismo año.

La Legislatura Municipal tiene una serie de responsabilidades, estipuladas en el Código Municipal, que incluyen la aprobación del presupuesto, confirmación de los puestos de confianza del alcalde, imponer contribuciones a la ciudadanía, aprobar códigos de orden público y reglamentos, así como establecer multas o evaluar sanciones legales, entre otras cosas.

Lo que dice el Código Municipal

“Según nuestro esquema de gobierno, el organismo público y los funcionarios electos más cercanos a nuestra ciudadanía son el gobierno municipal, compuesto por el alcalde y los legisladores municipales. Dicha entidad es la unidad primordial y básica para la gobernanza y administración comunitaria. Su propósito es brindar los servicios más inmediatos y esenciales que requieren los habitantes del municipio partiendo de los recursos disponibles y de sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo”, establece el Código Municipal.

El presidente de la Federación de Legisladores Municipales -organización del Partido Nuevo Progresista (PNP)- y vicepresidente de la Legislatura de Guaynabo, Luis Carlos Maldonado Padilla, reconoció que la labor y la cercanía de los legisladores municipales con el pueblo en cierto grado depende si son de un municipio grande o pequeño.

“En municipios pequeños, donde los legisladores municipales fueron maestros de escuela, tienen el colmadito del pueblo, son líderes recreativos, ellos entran y, como son reconocidos, la gente va donde ellos y les pide ayuda”, expuso, al explicar que este tipo de conexión es esencial para que ese cuerpo legislativo sea tomado en cuenta y valorado.

Pero, rechazó que, al final del día, los legisladores municipales se conviertan en un ente que se dedique a aprobar todo lo que les pida el alcalde sin ningún tipo de cuestionamiento.

“En el caso de Guaynabo, los proyectos se discuten, sea traen a la mesa. Cuando hay problemas baja el ejecutivo. Ha habido veces que nosotros hemos corregido presupuesto por cálculo mal hecho, errores en partida. Proyectos que no son simpáticos, en muchas ocasiones se enmiendan. Ya no es como antes”, alegó.

Dijo que la selección de profesionales, como contadores públicos autorizados, abogados e ingenieros, para que el alcalde pueda tener personal para presidir las comisiones legislativas es parte de la mejoría que han tenido las legislaturas municipales. Es que alegó que la profesionalización de las legislaturas ha permitido que las personas estén más prestos a hacer valer sus posturas.

El Código Municipal no requiere estos profesionales. Solo estipula que quien sea legislador debe tener una conducta intachable y ser mayor de 18 años.

Para Ángel Negrón, secretario de Asuntos Municipales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y quien fue legislador en Dorado, el problema de las legislaturas municipales está en su diseño, establecido en el Código Municipal. Dijo que, en primera instancia, es el candidato a alcalde quien escoge a los miembros de la Legislatura Municipal que figurarán en la papeleta municipal. Esto les permite escoger personas afines a su política pública o que le puedan conseguir votos.

“Si eres muy indisciplinado, el próximo cuatrienio no estás en la plancha”, opinó.

Poderío supremo

En segunda instancia, Negrón señaló que “la función de la Asamblea tiene un diseño totalmente antidemocrático. Se basa en una supermayoría que un alcalde adquiere mediante el voto”.

A modo de ejemplo, explicó que el Código Municipal dispone que San Juan tiene 17 legisladores municipales y el alcalde puede lograr entrar, mediante voto, a 14 de su mismo partido, lo que deja solo tres puestos para la minoría. Comentó que, aunque el alcalde Miguel Romero sacó el 36% de los votos en las pasadas elecciones, tiene 14 miembros de legislatura municipal, lo que le hace tener el control de un 82% del cuerpo.

“Esa construcción de la supermayoría legislativa convierte a ese cuerpo lamentablemente en un sello de goma del alcalde”, dijo.

La situación no se torna distinta si se miran la mayoría de otros municipios. Negrón comentó que en Dorado, el alcalde Carlos López sacó el 60% de los votos, pero su dominio en la Legislatura Municipal es de un 79%, pues lograron entrar a 11 de los 14 miembros que puede tener el pueblo a base de su población.

“La mayoría de los alcaldes ganan de un 45% a un 70%, pero todos tienen más de un 75% de sus legisladores municipales y a eso añadimos que el Código Municipal cambió unas cuantas cosas para darle más poder a los alcaldes”, se quejó.

Entre los cambios que han perjudicado a la Legislatura, según la postura del independentista, está el que, aunque se le permite a alcalde tener el control de más de dos terceras partes de sus miembros, la aprobación de ciertas medidas, como el que se pueda tomar un préstamo, es por mayoría simple o la mitad más uno de los miembros.

Al volver a traer como ejemplo a Dorado, explicó que el alcalde López solo necesita ocho votos a su favor, cuando tiene 11 miembros del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura.

“El Código Municipal todo lo interpreta en favor del municipio, es a favor de la figura principal, que es el alcalde. No es que antes era mejor, antes era un poquito más difícil”, explicó.

A juicio de Negrón ni separando la papeleta de alcalde con la de la Legislatura Municipal se solucionarían los problemas de alcance que tiene ese cuerpo.

“Para poder democratizar el proceso, hay que enmendar el Código Municipal. Ahí se dispone cuántas personas puede un alcalde proponer para su asamblea… Con convertir la elección en una proporcional al voto que saca el alcalde, se haría la diferencia”, propuso.

Dijo que la idea es reafirmar que la Legislatura Municipal está para hacer “contrapeso” de las decisiones de un alcalde, para que su administración no se vea como una “dictadura”.

Menguado el poder de fiscalización

Es el Código Municipal que también le da el “poder de fiscalizar” a la Legislatura Municipal. Sin embargo, no les da las herramientas para así poder hacerlo, explicó el asesor legal de la Asociación de Legisladores Municipales -organización afiliada al PPD-, Ángel Noel Rivera.

El problema que el también exlegislador municipal de San Juan y el presidente de la Federación de Legisladores Municipales señalaron es que el Código Municipal fue diseñado entre la Legislatura estatal y los alcaldes. A los legisladores municipales no se les consultó.

“Hay que reconocerle mayores facultades para fiscalizar y reconocerlo como entidad propia de la rama legislativa como tal. A los alcaldes, no le gusta eso. Es natural”, soltó Rivera.

Agregó que las “legislaturas municipales están de manos atadas por disposiciones que provee (el Código Municipal). La aprobación de presupuesto, por ejemplo: La Legislatura una vez consigna partida y aprueba, tiene unas limitaciones. Hay partidas que la Legislatura no puede entrar, pero sí entra el alcalde y la puede modificar desde su escritorio sin participación de la Legislatura. No tiene sentido que si la Legislatura aprueba presupuesto, el alcalde cambie partida presupuestaria sin que puedan reaccionar”.

A modo de ejemplo, comentó que la Legislatura Municipal pudo haber determinado usar una partida para comprar instrumentos y uniformes para la Banda Municipal. Sin embargo, el alcalde puede hacer una orden ejecutiva y destinar de esos fondos para otros fines.

“Un ejemplo más dramático, cuando el Senado confirma nombramientos de aquellos nominados a ocupar la dirección de una agencia, evalúa al nominado en su contexto total. Pero, a la Legislatura Municipal, la Asamblea Legislativa le dijo solo puedes evaluar cuatro criterios: uno, que no haya cometido delito grave; dos, que tenga preparación e inteligencia académica requerida; tercero, que no haya sido declarado incapacitado mental y, cuarto, que no haya sido destituido del gobierno”, estipuló.

Dijo que bajo la administración de Jorge Santini en San Juan enfrentó una situación donde la persona tenía cuatro querellas en la Oficina de Ética Gubernamental y fue confirmada porque no estaba bajo la categoría de un impedimento.

El ejemplo de Maldonado Padilla fue más drástico aún. Es que afirmó que el auditor del municipio debe responderle a la Legislatura Municipal y no al alcalde, como dispone el Código Municipal. Señaló que el hecho de tener el poder de contar con esa información financiera les permitiría conocer la realidad, detectar fallas y que se corrijan inmediatamente. En la actualidad, dijo, tienen que esperar por las auditorías de la Oficina del Contralor para conocer esas fallas que se cometen en la administración municipal.

Aun con las trabas que puedan tener, el presidente de la Asociación de Legisladores Municipales y presidente de la Legislatura de Toa Alta, Domingo Hernández Miró, reclamó que se elimine esa percepción de que son un sello de goma de los alcaldes.

“Cuando el alcalde envía ordenanzas y resoluciones, la Legislatura los fiscaliza. El que no estemos fiscalizando públicamente al alcalde no quiere decir que lo estemos fiscalizando a diario”, afirmó.

“A pesar que se corre en misma plancha del alcalde, una vez pasan esas elecciones, los legisladores municipales ejercen autonomía cuando van a analizar su presupuesto, los proyectos que va a enviar el alcalde. A veces esos proyectos llegan y son enmendados por la Legislatura. Si no hubiera autonomía, esos proyectos se aprobarían como se envía y eso no es así. Muchas veces se enmiendan y no en consenso del ejecutivo, porque se hace pensando en el pueblo”, puntualizó Hernández Miró.

¿Cómo se puede transformar?

Ante las ataduras presentadas por el liderato legislativo, la única opción que expresaron para cambiar este panorama es el voto directo del pueblo.

En este cuatrienio, por ejemplo, tres pueblos tienen una mayoría en la Legislatura Municipal que no pertenece al partido del alcalde. Se trata de Aguadilla, Vega Alta y Humacao. Además, San Lorenzo, Utuado y Vieques tienen una Legislatura diversa y sus alcaldes no obtuvieron la supermayoría criticada.

Según precisó el líder de la Asociación, “el ciudadano del municipio debe estar pendiente. Que le dé el voto a ese legislador que piensa que le representa adecuadamente. El Legislador Municipal llega con el voto directo de los ciudadanos. Si no quisieran, no le votaran a favor”.

De hecho, comentó que si los doradeños no lo hubiesen querido no avalarían con su voto al hijo del alcalde, Carlos Alberto López Román, quien lleva tres cuatrienios como legislador municipal, dos de los cuales ha sido presidente del cuerpo.

López dijo a Primera Hora que quien piense que su hijo está allí para concederle todo lo que quiere “está totalmente equivocado”.

“El presidente con que más difícil he tenido que bregar ha sido con él. Tiene criterio propio y una escolaridad que ha superado a los pasados presidente... Hay respeto intelectual y personal. Obviamente, yo no voy a plantear o solicitar nada que no sea para beneficio de la ciudadanía. Hay cosas buenas en las que se coinciden. Pero, no hay nada que lo obligue ni a él ni a ningún otro legislador a acceder a la solicitud de un alcalde, porque él tiene poder e independencia”, manifestó.