La Cámara de Representantes examina tres medidas legislativas que buscan regular ciertos aspectos de las relaciones obrero-patronales cuando una empresa se dispone a cerrar, consolidar o trasladas sus operaciones, o cuando planifica despedir un número significativo de empleados.

Los Proyectos de la Cámara 970, 1257 y 2205 siguen la normativa de la Ley federal de Notificación, Reajuste y Readiestramiento al Trabajador (WARN, en inglés), que aplica a aquellas empresas con 100 empleados o más, y las obliga a notificarles por escrito a los trabajadores o sus representantes sindicales con, al menos, 60 días de anticipación cuando se dispongan a cerrar sus operaciones o despedir masivamente a la plantilla.

El objetivo es que los empleados afectados tengan un poco de tiempo para hacer los ajustes necesarios para encarar el despido, y que el gobierno pueda movilizarse oportunamente para ofrecer asistencia a los perjudicados.

A pesar de que avaló la intención legislativa, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) recomendó este lunes a los miembros de la Comisión cameral de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro del Servicio Público incluir una serie de enmiendas para aclarar el alcance de los proyectos, a quiénes aplicaría y bajo qué condiciones se tendrían que notificar las cesantías.

“Aunque el DTRH coincide con la intención del legislador de requerir a todo patrón notificar con anticipación a cada empelado un plan de cesantías, teniendo como norte nuestro deber de velar por los mejores intereses de los obreros, la medida que se apruebe debe ser una que, de igual forma, proteja sus empleos, y evite imponer una carga adicional al pequeño y mediano comerciante, a quienes les aplicaría este nuevo requerimiento”, manifestó durante una vista pública la licenciada Dimarie Méndez, procuradora del Trabajo en el DTRH.

Méndez, quien acudió en representación del secretario Vance Thomas, mostró especial preocupación en torno a los efectos que tendrían las sanciones contempladas en las piezas legislativas sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMES) que incumplan sus disposiciones. El Proyecto de la Cámara 970 establece que se penalice con una multa de $2,000 por cada empleado afectado al que las empresas no hagan la debida notificación, mientras que el Proyecto de la Cámara 2205 propone que la sanción sea de $5,000.

“Recomendamos que se establezcan sanciones variables de acuerdo a la cantidad de empleados, o al volumen de negocios que genere la empresa. Una sanción de $2,000 pudiera ser muy severa para un pequeño comerciante, o muy condescendiente para una empresa que genere un volumen de negocios millonario, afectando así las PyMES”, sostuvo la funcionaria.

El Proyecto 970 propone un término de 90 días de anticipación para que el patrono alerte por escrito al DTRH y a cada empleado “cualquier cambio en la empresa que pueda provocar el cierre, traslado, consolidación de operaciones o que conlleve una reducción de la jornada de trabajo o cambio sustancial en las condiciones del mismo”. La deponente propuso que el plazo sea de 60 días, al igual que el que dispone la ley federal WARN.

Mientras, el Proyecto de la Cámara 1257 crearía la “Ley de notificación por cierre, cesantía o transferencia” con el fin de que se le informe a la Unidad Estatal para Trabajadores Desplazados y Patronos cuando un patrono pretenda cerrar una empresa, despedir o transferir empleados.

Méndez advirtió que la referida unidad, adscrita al DTRH, dejó de existir el año pasado al aprobarse legislación para eliminarla, y remplazarla por el Programa de Desarrollo y Adiestramiento de la Fuerza Laboral, que está bajo la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El DDEC estaba citado a la vista de este lunes, pero no compareció.

En tanto, el Proyecto 2205 enmendaría la “Ley de indemnización por despido injustificado” (Ley 80-1976) para establecer que todo patrono que despida a más de 20 empleados por razones de negocio deberá notificar la cesantía 30 días antes de que entre en efecto. La procuradora del Trabajo recomendó que el asunto se atienda en una legislación separada para evitar que incluyan cambios en la Ley 80 que generen confusión.

“Insertar el deber de notificación dentro de un estatuto que versa sobre si un despido es injustificado o no causaría confusión en términos de los distintos deberes y las obligaciones que deberá cumplir un patrono y cuándo se entenderá que ha cumplido con ellas”, aseveró.

El representante popular Jesús Santa, presidente de la comisión cameral, anticipó que próximamente citará una nueva vista para que comparezcan los representantes del sector privado. El legislador rechazó que las piezas bajo análisis restrinjan de alguna manera la capacidad de las empresas de tomar decisiones sobre sus funciones.

“Es muy raro, por no decir bien difícil, que tú decidas en una semana cerrar. Son decisiones difíciles que uno toma con tiempo, y es justo para el trabajador que se le indique esa situación para que la persona pueda prepararse”, puntualizó Santa en un aparte con la prensa al concluir la vista. 

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