Las legisladoras Maricarmen Mas Rodríguez y Yashira Lebrón Rodríguez radicaron hoy legislación para reglamentar la práctica de los ajustadores públicos antes quejas de la ciudadanía contra algunas compañías que se alega están sobre estimando los daños en las reclamaciones de los huracanes Irma y María.

“Con estas medidas buscamos que esto no vuelva a suceder con los terremotos del área sur”, dijo la representante Mas Rodríguez, quien indicó que han recibido información de casos en que los daños se han sobre estimado en más de 500 porciento “lo que beneficia a los ajustadores”.

En conferencia de prensa en el Capitolio, las legisladoras novoprogresistas detallaron que una de las medidas establece un tope de un 10 por ciento a los honorarios de contingencia que pueda recibir un ajustador público en relación al pago de la reclamación. La pieza legislativa aplica solo a los ajustadores públicos e impone multas a los infractores de hasta $30 mil y la cancelación de licencias por cinco años durante la segunda infracción. Estas sanciones ya están contempladas en el Código de Seguros, pero de forma discrecional.

La segunda medida ordena a la Oficina del Comisionado de Seguros a recopilar estadísticas y data sobre reclamaciones atendidas por los ajustadores públicos.

“Hemos estado mirando esta práctica de los ajustadores públicos desde el 2018 cuando un grupo de ciudadanos y comerciantes se nos acercaron con serias preocupaciones ante lo que entendían eran acciones poco legales”, dijo la representante Mas Rodríguez.

Indicó la legisladora que la semana pasada la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara realizó una vista pública en la que salió a relucir que hay más de 11 querellas en la Oficina del Comisionado de Seguros contra ajustadores públicos por alegado fraude.

“Definitivamente hay que ponerle coto a la práctica ilegal de sobre estimar daños para coger un mayor por ciento en la reclamación. Esto es ilegal e inmoral. Por tal razón, acogimos la propuesta de la Oficina del Comisionado de Seguros de establecer por ley un tope de 10 por ciento a cada ajustador”, dijo la representante Lebrón Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor.

Detalló que en la Oficina del Comisionado de Seguros hay activas unas 11 investigaciones sobre posibles actos ilegales cometidos por firmas de ajustadores públicos durante la emergencia de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017. La mayoría de estas investigaciones son contra compañías que vinieron de Estados Unidos luego del desastre.

Según las legisladoras que en la vista pública de la semana pasada la presidenta de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Iraelia Pernas dijo que “la mayoría de las reclamaciones post huracán María que aún están dilucidando no se han podido resolver debido a los patrones indebidos de conducta de los ajustadores públicos”.

Agregaron que continuarán con la pesquisa legislativa y no descartaron realizar referidos al Departamento de Justicia.