Legislan más cambios a favor de la comunidad LGBTT
Se prohibiría el discrimen por orientación sexual o identidad de género en los servicios públicos provistos por las agencias y en los arrendamientos.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 9 años.
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Amparado en la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, el senador Ramón Luis Nieves radicó este lunes una medida legislativa para propiciar más cambios en las leyes para el beneficio de la comunidad lésbica, gay, bisexual, transexual y transgénero (Lgbtt).
El sanjuanero, quien ya propuso junto a otros compañeros senadores legislación para avalar en el Código Civil los matrimonios del mismo sexo, ahora busca cambios a la “Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico”. La finalidad es prohibir el discrimen por orientación sexual o identidad de género en los servicios públicos provistos por las agencias del gobierno, municipios y corporaciones públicas de Puerto Rico, así como prohibir el discrimen en los arrendamientos y ventas de propiedades privadas, dijo.
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“La lucha clave de derechos civiles de nuestro tiempo es el reclamo de derechos de las personas Lgbtt. En 2013 dimos un paso al frente en esa lucha al convertir en ley el proyecto del Senado 238, de mi autoría, hoy Ley 22-2013, para prohibir el discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo, público o privado. Hoy pretendemos actualizar la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, que data de 1943, para continuar reconociéndole plena protección jurídica de todos los ciudadanos de Puerto Rico y garantizar el precepto constitucional de igual protección de las leyes”, expresó el senador por San Juan en comunicado de prensa.
El legislador explicó que la protección de discrimen por orientación sexual o identidad de género en la prestación de servicios públicos está vigente a través de una orden ejecutiva que firmó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá el 14 de septiembre de 2008.
“Sin embargo, la misma carece de fuerza de ley y está sujeto a revocación por un gobernador en cualquier momento. De igual manera, dicha orden ejecutiva no aplica a los servicios provistos por los municipios y corporaciones públicas, criaturas legislativas según nuestro orden constitucional”, agregó.
Mientras, el senador planteó que resulta incongruente que las personas Lgbtt cuenten con protección contra el discrimen en arrendamientos y compra de propiedades en Puerto Rico que estén sujetas a programas del Housing and Urban Development (HUD) y el Federal Housing Administration (FHA), pero que esas mismas protecciones jurídicas no existen en el resto de las propiedades que no estén sujetas a hipotecas o programas de dichos programas federales.
Añadió que "si la Ley de Derechos Civiles impide discriminar en arrendamientos y compraventas por discrimen por religión, raza o sexo, los tiempos requieren actualizarla para prohibir el discrimen contra las personas Lgbtt”.
Tras explicar sus propuestas, el senador dijo que confía que las medidas serán aprobadas. Esto, porque la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos eliminó los argumentos en los que se basaban los opositores para evitar que se le concedieran más derechos a la comunidad Lgbtt con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en los estados y territorios de la nación.