Legislan investigación a la destrucción de libros escolares
"Es alarmante lo que hemos estado observando", dijo un senador.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 7 años.
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El senador del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, radicó en el Senado de Puerto Rico, la Resolución del Senado 813 que persigue realizar una investigación exhaustiva para conocer cuáles son los procedimientos que utiliza el Departamento de Educación para la mudanza, transferencia, traspaso, cesión o disposición de materiales y equipos escolares, particularmente los libros en las escuelas del sistema de educación pública, como consecuencia de los cierres de escuelas y las mudanzas a escuelas receptoras, se informó mediante comunicado de prensa.
“Es alarmante lo que hemos observado en días recientes a través de los medios de comunicación. Escuelas cerradas donde se han encontrado equipos y materiales escolares, particularmente libros, en buenas condiciones los cuales serán decomisados sin que se conozca si dicho procedimiento forma parte de un protocolo establecido por el Departamento de Educación para disponer de los mismos”, sostuvo en declaraciones escritas el senador Torres.
Primera Hora ha reportado casos de escuelas cerradas donde se están botando libros en San Juan y Bayamón. Educación ha dicho que se realizará "el proceso correspondiente" y también ha dicho que algunos libros tienen hongos por lo que no son saludables para el uso de los menores .
En su comunicado de prensa, el senador popular recalcó que “es importante que este Senado investigue cuáles son los procedimientos o reglamentos que el Departamento de Educación sigue al momento de mudar, transferir, traspasar, ceder o disponer de materiales y equipos escolares”.
Entre otras consideraciones, debe incorporarse como parte del proceso el establecer las penalidades y responsabilidades sobre todas aquellas autoridades o funcionarios del Departamento de Educación que, en el proceso de mudar, transferir, traspasar, ceder o disponer de materiales y equipos escolares han obviado el cumplimiento de normas o reglamentación cuyos efectos le cuestan al erario y en la disponibilidad de recursos en salón de clases para el estudiantado.