Con el rechazo de las minorías, la Cámara de Representantes aprobó esta noche un proyecto de ley de enmiendas “técnicas” a la reforma contributiva que según la mayoría novoprogresista, le concede un alivio a los contratistas de servicios profesionales.

Sin embargo, la minoría popular reclamó que el proyecto de ley aumenta la contribución en $35 millones a los pequeños y medianos empresarios y en $12 millones a los ciudadanos que establecen servidumbres de conservación de terrenos de alto valor ecológico. 

"El proyecto no impone ninguna contribución a nadie ni afecta a las pequeñas ni medianas empresas, por el contrario ofrece beneficios adicionales", sostuvo el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Soto.

Varios legisladores populares, el representante independentista, Denis Márquez y el representante Manuel Natal Alvelo tronaron en el hemiciclo contra Soto porque no habían tenido oportunidad de leer la medida, pues no se llevó a vistas públicas y argumentaron que tampoco hubo discusión en reuniones ejecutivas con las minorías.

El proyecto recibió 29 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.

La medida cruzaría esta noche al Senado, pero la presidenta de Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla dijo que “no había visto la medida” y que la enmendarían para forzarla a ir a un comité de conferencias, en busca de un consenso antes de que cierre la sesión ordinaria el martes próximo.

El proyecto de la Cámara 2172 fue radicado el pasado 24 de junio por el representante Soto, pero la medida, que fue incluida en un quinto calendario de votación, tiene mucho de su contenido original tachado.

“Al proyecto lo único que le queda es el número de su radicación original porque todo lo demás se tachó”, argumentó el representante popular, Luis Vega Ramos.

Por su parte, el representante Soto defendió la medida indicando que el proyecto recoge inquietudes de las personas que brindan servicios profesionales y que tienen que validar los gastos relacionados a su profesión.

Dijo que en el proyecto original se establecía que tenía que ser por un contador público autorizado (cpa) pero “las personas argumentaban que esto iba a encarecer demasiado sus gastos”. Sostuvo que la medida “se flexibiliza” para que un contador, no cpa que cumpla con una serie de requisitos establecidos en el proyecto pueda certificar los gastos de negocios con un volumen de ventas de hasta $750 mil.

“Todos los contribuyentes que no excedan los $150 mil van a tener un beneficio de un 3 por ciento adicional de descuento de la responsabilidad contributiva. Tienen e el 5% del año pasado, más el 3% de la planilla que se radica en el 2020”, explicó el legislador novoprogresista.

Dijo también que el pago de impuestos entre negocios (BxB), la excención se aumentó de $200 mil a $300 mil.

Soto reclamó como otro beneficio para las personas que brindan servicios profesionales al gobierno, el que eximen del pago del 1.5% de contribución adicional que les “puso la pasada administración”, a todas las personas que tengan contratos con el gobierno por debajo de $100 mil.

Indicó que el impacto contributivo total “de estos beneficios es de $46 millones anuales”.

Vega Ramos dijo que “el supuesto alivio a los profesionales por cuenta propia lo van a pagar casi peso a peso las pequeñas y medianas empresas que se acogen a la Ley de Rehabilitación de Cascos Urbanos que la eliminan totalmente y el restante dinero va a salir de quitarle los créditos contributivos a los que han constituido servidumbres de alto valor ecológico”.

“Los más afectados son las Pymes y los ciudadanos responsables que han constituidos servidumbres para proteger recursos naturales valiosos”, agregó el legislador popular.