En pocos días Puerto Rico tendrá que encontrar la forma de ser incluido en la ley que los republicanos impulsan para derogar y remplazar la Ley de Salud Accesible (ACA, en inglés), también conocida como “Obamacare”. De lo contrario, podría enfrentar un colapso total del sistema de salud, alertaron hoy legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), al tiempo que reclamaron que tanto el gobernador Ricardo Rosselló como la comisionada residente en Washington, Jennifer González, se ocupen de este asunto de inmediato.

Al referirse a las propuestas presentadas ante el Congreso y Senado federales, ambos bajo control republicano, los legisladores populares destacaron que ninguna de las dos propuestas incluye a Puerto Rico, por lo cual unas 800,000 personas corren un riesgo inminente de quedarse sin cobertura de salud.

Las propuestas de cambio que se discuten en Washington también alterarían la forma en que los estados reciben el dinero de los programas de Medicare y Medicaid, que para el caso de Puerto Rico ya son partidas menores en comparación con los otros estados. Puerto Rico recibe $1,200 millones anuales en fondos de Medicaid que se verían amenazados al no estar incluido en los planes de transición de un modelo a otro y, según la denuncia del grupo de legisladores populares, al momento no hay una alternativa para remplazar esos fondos.

Ese golpe “afectaría en particular a mujeres y personas entre 45 a 65 años, que están en edad productiva. Todas esas personas quedarían sin su cobertura básica de salud”, dijo la senadora Rossana López, al tiempo que llamó a pensar de inmediato en “un plan de emergencia para el Centro Médico”, pues ante un panorama como ese la institución se vería inundada de pacientes que no podrían pagar por recibir atención en otras instituciones.

El representante Rafael “Tatito” Hernández afirmó que la delegación popular está dispuesta a trabajar para llevar un mensaje único a Washington, con miras a lograr que se tenga en cuenta a Puerto Rico. Alertó que, según el trámite legislativo, hay apenas unos 11 días para lograr esa meta.

Hernández catalogó la situación que encara Puerto Rico como un “resultado directo de la falta de un plan coherente de la administración actual… y la falta de una ejecución efectiva a nivel federal” por parte del gobernador, la comisionada residente en Washington y otros funcionarios del actual gobierno.

Los legisladores consideraron que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha usado su tiempo en Washington para impulsar su agenda en favor de la estadidad, en lugar de ocuparse de este tema urgente.

“No he escuchado a nadie en esta administración atendiendo ese asunto con la seriedad que amerita. Se supone, porque ellos lo dijeron en campaña, que tenían un plan para atender esta situación. Y si así fue, se supone que lo hubiesen comenzado inmediatamente, tanto aquí en Puerto Rico un plan B, como en los Estados Unidos el plan A, de buscar que se incluyera a Puerto Rico en esta nueva estrategia republicana de dar servicios de salud”, reclamó el senador José Luis Dalmau.

De aprobarse la propuesta republicana, los estados verían una reducción en la cantidad de dinero que reciben por cada participante de Medicare. Esa cantidad, para el caso de Puerto Rico, es ya un 39 por ciento inferior. Asimismo, la aportación por participante de Medicaid es 69 por ciento menor.

Según la explicación detallada de los legisladores populares, entre los principales elementos de las propuestas republicanas están:

- Restructura el programa de Medicaid y limita las aportaciones federales.

- Establece y sustituye créditos contributivos por el pago de seguros privados para quienes paguen planilla a nivel federal. En Puerto Rico no se rinde la planilla federal, por lo que no verían este crédito por pago de seguro privado.

- Elimina la expansión del Medicaid hasta el 2020, por lo cual Puerto Rico quedaría desprovisto de fondos.

- Elimina el impuesto a las compañías aseguradoras de salud. Este sería un aspecto positivo para Puerto Rico, porque permitiría eliminar unos $140 millones en contribuciones a las aseguradoras, y otros $60 millones a la Administración de Seguros de Salud (ASES).

- Elimina fondos de sistema de salud primario para la planificación, prevención y promoción para combatir enfermedades. 

“De todos los problemas fiscales que tiene Puerto Rico, este es el que más gente impacta, entre 800,000 y 1 millón de personas, el 46 por ciento de la población, 18 por ciento del producto nacional bruto en esta industria y más de 80,000 empleos”, insistió el representante Jesús Manuel Ortiz.