La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó hoy dos proyectos de ley para atajar la corrupción pública, uno de los cuales, eliminaría la Oficina del Panel Especial Independiente (OPFEI), la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de Inspector General.

La medida, Proyecto de la Cámara 1701, enmienda la ley orgánica del Departamento de Justicia para eliminar la Oficina de Asuntos del Contralor, hoy División de Integridad Pública de la agencia, y crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), con autonomía fiscal y administrativa, para procesar todos los delitos de cuello blanco, así como las faltas éticas de los funcionarios públicos.

La segunda pieza legislativa, Proyecto de la Cámara 1702, busca crear un nuevo Código Anticorrupción.

El representante por acumulación, Héctor Ferrer Santiago, autor principal de la propuesta legislativa, anunció los proyectos de ley junto con el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y los representantes Deborah Soto, Juan José Santiago y Ángel “Tito” Fourquet, en una conferencia de prensa en el anfiteatro del edificio Medical Arts, en el Capitolio.

Ferrer Santiago dijo que la primera de las medidas legislativas busca hacer una reingeniería de las agencias encargadas de velar por una sana administración pública y la segunda pieza legislativa, crearía un nuevo código anticorrupción, que agruparía todos los delitos de malversación de fondos públicos. Detalló que también se establecen 23 principios éticos, se separan las violaciones éticas de las conductas criminales, se establece el mecanismo de cobro de multas y restitución del dinero malversado.

“El sistema anticorrupción actual promueve unos esfuerzos obsoletos, aislados e ineficientes, construido sobre capas de burocracia que promueven la impunidad y que han perpetuado una política pública local de que el que le falla al pueblo, no paga por ello”, indicó Ferrer Santiago, quien preside la Comisión Anticorrupción en la Cámara.

Sostuvo que durante los pasados años “hemos sido víctimas” de cómo el servicio público se ha visto empañado por casos de corrupción en todas las esferas y los ciudadanos no solo han perdido la confianza en estos funcionarios, sino que también les han perdido la fe a los entes encargados de velar por el más estricto cumplimiento de las leyes”.

Indicó que datos recopilados de las propias agencias “evidencian la duplicidad, la inefectividad y el gasto que representan estos entes que son los facultados de velar por el buen uso de los recursos públicos”. Dijo que actualmente, las cuatro oficinas representan un gasto aproximado de más de $180 millones en los últimos 10 años.

Ferrer Santiago sostuvo que el propósito de la medida que crea la OAIP es que haya “menos burocracia, más eficiencia y más economías en la investigación, litigación y procesamiento de crímenes de corrupción y violaciones a la ética gubernamental”.

También dijo que la medida busca fortalecer la facultad de preintervención mediante auditorías periódicas sobre la operación gubernamental y prevenir conductas contrarias al interés público, “en una única entidad verdaderamente autónoma e independiente”. Sostuvo que la nueva dependencia del gobierno, que consolidaría las funciones de la División de Integridad Pública de Justicia, el OPFEI, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Procurador General, operaría con plena autonomía administrativa, presupuestaria y operacional para liderar el procesamiento de delitos de alto perfil consumados por servidores y ex servidores públicos.

La propuesta legislativa establece que el director y subdirector de la OAIP, así como los fiscales, que integren la nueva dependencia deben ser nombrados por el Gobernador de una terna de candidatos que les someta el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y las escuelas de Derecho en Puerto Rico. Los nombramientos serían por un solo término de 12 años y requieren del consejo y consentimiento de dos terceras partes del Senado y la Cámara.

“Es momento de devolver la confianza al pueblo en sus instituciones y combatir la concepción actual de que no hay castigo. Es momento de reducir al máximo la burocracia, establecer mayor eficiencia y economía en la lucha contra la corrupción gubernamental”, agregó Ferrer Santiago.

Las medidas serán llevadas a primera lectura en la próxima sesión de la Cámara y asignadas a comisión para ser evaluadas en vistas públicas.