El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y los presidentes de las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, Jesús Santa y Juan Zaragoza, respectivamente, celebraron esta tarde la “apertura” que dijeron percibir de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a hacer cambios del presupuesto.

Sin embargo, los cambios específicos serán discutidos en fechas posteriores y, a pesar de que tenían de frente a cuatro integrantes del ente fiscal y su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, no cuestionaron el apoyo del ente federal impuesto por el Congreso al contrato de LUMA Energy y por qué la negativa de aplazar la entrada de la empresa a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La reunión giró en cuanto a la primera transacción de la que esta Asamblea Legislativa tiene responsabilidad, no de un acuerdo en que nuestra posición es clara y contundente”, señaló el presidente legislativo, en referencia a una resolución de la Cámara que dispone que el contrato con LUMA es ilegal.

La directora ejecutiva de la Junta y los miembros Justin Peterson, Antonio Medina, John Nixon y su presidente David Skeel se reunieron en la tarde con los senadores Zaragoza, Gretchen Hau, Marially González y Ramón Ruiz Nieves.

Al salir del encuentro, Jaresko describió la reunión como informativa y aseguró que estarían analizando todas las propuestas presentadas por el Senado y la Cámara.

El liderato popular en ambos cuerpos ha insistido en la necesidad de atender el recorte de $94 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la insuficiencia por $120 millones para cubrir el salario de los empleados de la AEE que no pasen a LUMA y el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los municipios. También solicitan $120 millones para reclutar cadetes en la Policía, $56 millones para equipo en la Policía, $5 millones para el Programa de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas, $2 millones para el Centro de Diabetes de Puerto Rico y más dinero para el presupuesto de la Asamblea Legislativa.

“No hay duda que hay que presupuestar una cantidad para los empleados que no van a Luma y no se están retirando. No sabemos la cantidad todavía porque la transición ocurre el 1 de junio. No sabemos cuántos se van con un retiro temprano y cuántos renunciarán. Algunas de las posiciones sí están presupuestadas... mucho depende de lo específico en cuanto a quienes se quedan en el gobierno, cuántos llenan plazas vacantes ya presupuestadas y cuánto dinero falta”, dijo Jaresko a la prensa.

En cuanto al recorte a los municipios, que forma parte del Plan Fiscal, Jaresko se limitó a indicar que hay un proceso legislativo, que lo respeta “y que ha comenzado”.

“Hay que dar tiempo a todo el mundo para que la Cámara haga lo que tenga que hacer, ellos van a compartirlo con nosotros, trabajaremos con ellos. Entonces, el Senado hará lo que tengan que hacer... no sé cómo va a terminar el proceso porque estamos comenzando”, sostuvo Jaresko.

La ejecutiva indicó que, si bien la JSF ha impuesto sus presupuestos en el pasado, se refirió solo al año pasado, cuando la Legislatura no pudo aprobar uno para ser atendido por el ente fiscal.

“Este año la Legislatura quiere adoptar un presupuesto”, dijo.

Hernández Montañez indicó que se habló, pero no en detalle, de los $120 millones para los salarios de los empleados que no pasaron a LUMA, y que se tendrá que aplicar recortes al presupuesto para identificar ese dinero. También, pidió que se mantenga el presupuesto de la Legislatura como está el vigente y no se aplique un recorte de $12 millones.

Además, el legislador dice que necesita dinero para la deuda acumulada de agua potable y energía eléctrica y las liquidaciones de cerca de 200 empleados.

“Tenemos que trabajar alrededor de ellas”, dijo Zaragoza, al referirse a los cambios propuestos al presupuesto “reconociendo las limitaciones del plan fiscal”, en referencia específica a la UPR. “Dijeron que estaban dispuestos a trabajar con eso”.

Según Zaragoza, se recibió una contestación afirmativa a la pregunta de si la JSF sería flexible para atender esas prioridades.

“Ahora tenemos que tener unas reuniones con los equipos técnicos para ir a la cosa granular”, sostuvo Zaragoza.

Por lo pronto, los populares han identificado deudas por cobrar de la UPR por $60 millones, lo que todavía deja al descubierto un recorte de $34 millones. También solicitaron al Gobierno una certificación de fondos disponibles para reasignar de Ley Cares, FEMA y fondos CDBG-DR y la respuesta fue que no había dinero disponible.

Al encuentro de hoy en la oficina de la presidencia de la Cámara se presentaron los miembros Justin Peterson, Antonio Medina, John Nixon, su presidente David Skeel y Jaresko. Ninguno estuvo disponible para la prensa luego del encuentro.

El objetivo de la Cámara es aprobar el presupuesto, que será a base de estimado de ingresos de la JSF de $10,111 millones, en o antes del 13 de junio, y que el Senado haga lo propio en o antes del 18 de junio. En el Senado, la pluralidad popular necesitaría votos de otras delegaciones.

“Daré la ronda y me sentaré con los senadores”, dijo Zaragoza cuando se le indicó que se podría confeccionar el mejor presupuesto posible y no tener necesariamente los votos.

El estimado de ingresos del presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi es de $10,344 millones. Pierluisi, entre otras cosas, ha señalado que el ente fiscal estima que el Gobierno recibirá en septiembre una cantidad considerablemente menor de fondos Medicaid y Medicare y ahí está la diferencia en cuanto al estimado de ingresos.

“El presupuesto se tiene que aprobar con la realidad que tenemos disponible”, dijo Hernández Montañez. “Es una irresponsabilidad del Gobierno que se considere algo que no está contemplado ni en el Plan Fiscal”.

“Los retos estarán en cómo se distribuyan las obligaciones y responsabilidades que tiene el gobierno central en ese marco”, intervino, por su parte, Zaragoza.