El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y los otros 13 legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) sancionados por prestar su voto para la aprobación del proyecto de enmiendas al Código Electoral, sin el aval de la cúpula de la Pava, apelarán mañana, viernes, la determinación emitida por el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz.

Hernández fue suspendido sumariamente de los puestos que ocupaba en la Junta de Gobierno, el Consejo General y la Asamblea General del PPD. La determinación se extenderá hasta el 31 de diciembre 2024, según la resolución divulgada el miércoles por Ortiz.

Además de la sanción contra Hernández, Ortiz refirió a otros 13 representantes populares a la Junta Ejecutiva de Oficiales Examinadores, de nueva creación. Los legisladores –entre los que se encuentran el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela, y el portavoz popular en ese cuerpo, Ángel Matos García– votaron, el pasado lunes, a favor del Proyecto de la Cámara, una medida que se aprobó con el respaldo de toda la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A Hernández se le acusa de aliarse al PNP para lograr la aprobación de la medida. El líder cameral ha dicho que se reunió con el portavoz de la delegación de la Palma en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

Según el Reglamento del PPD, en su Artículo 237, una suspensión sumaria procede “en caso de violaciones graves” al reglamento o al “determinarse causa probable por delitos graves o menos graves que impliquen depravación moral”.

“Tiene que haber desprendimiento”

Hoy, jueves, algunos de los legisladores perjudicados, aunque confirmaron que apelarán las sanciones impuestas, se expresaron confiados en que haya apertura para el diálogo.

“Creo que lo último que se pierde es la esperanza de que nos podamos reunir y no tener que someternos a un oficial examinador. Creo que todavía hay espacio para el diálogo, pero tiene que haber desprendimiento de todas las partes”, expresó Varela.

Por su parte, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa, sostuvo que “hay que dejar que el proceso fluya”, y dijo confiar en que la apelación se evaluará “en sus méritos”.

Ni Varela ni Santa vertieron comentarios sobre la controversia que mantiene enfrentados a Hernández y a Ortiz.

El Nuevo Día intentó comunicarse hoy con el presidente del PPD, pero no estuvo disponible. No obstante, el secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz, informó que la controversia será atendida este próximo 10 de septiembre por el Consejo General de la Pava, esto tras acogerse un reclamo de un grupo de siete alcaldes a tales efectos.

“El Consejo General tiene, entre sus funciones, recibir informes del presidente y examinar las ejecutorias de las delegaciones legislativas. Habiendo resuelto la Junta de Gobierno que el tema del Código Electoral es un asunto institucional, los últimos acontecimientos de violación al reglamento deben ser atendidos por el Consejo General”, dijo Cruz en declaraciones escritas.

Este medio supo que el reclamo levantado por los siete ejecutivos municipales –entre ellos, el alcalde de Aguada, Christian Cortés, quien dirigió la campaña de Ortiz por la presidencia del PPD– responde a que Ortiz, supuestamente, no cuenta con el respaldo mayoritario de la Junta de Gobierno que consta de 55 miembros.

Según el Reglamento del PPD, el Consejo General puede ser convocado a reunión extraordinaria a petición del presidente o cuando la mitad de sus 700 miembros lo soliciten. En la convocatoria, se tiene que incluir los asuntos exclusivos a ser considerados. Entre las facultades del organismo, está atender y resolver asuntos relativos a los organismos reglamentarios o de cualquier otro tema que presenten el presidente o la Junta de Gobierno.

Cruz anunció, además, la cancelación de la conferencia legislativa convocada para este sábado.

Proyecto de la discordia

La medida en discordia –el Proyecto de la Cámara 1822–reduce a 60 años la edad mínima para solicitar el voto adelantado –una exigencia del PNP–; reforma la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones(CEE), incluyendo la creación del puesto de subsecretario que sería designado por el PPD; y obliga a los partidos a postular, al menos, tres candidatos por acumulación, una disposición cuya constitucionalidad ha sido cuestionada.

Al emitir las sanciones, Ortiz recalcó que “los detalles del proyecto nunca fueron compartidos con el liderato político o el componente electoral del Partido Popular”, a pesar de que, en una reunión de la Junta de Gobierno, el 13 de agosto, se aprobó unánimemente que cualquier negociación en torno al Código Electoral sería encabezada por él. Hernández estuvo ausente del encuentro del ente rector de la Pava.

El presidente de la Cámara ha sostenido, sin embargo, que Ortiz conocía que el proyecto de enmiendas sería atendido en la sesión inaugural, pues así se discutió durante un caucus de la delegación cameral celebrado el 11 de agosto, en Sabana Grande. Al respecto, Ortiz ha dicho que, en dicha reunión, no se discutió el contenido de la medida.

“Dije (durante el caucus) que me preocupaba el planteamiento de que se estaba negociando algo sobre lo cual no tenía conocimiento como presidente del Partido y expresé allí que tenía problemas con la manera en que se estaba negociando… La contestación fue que no había información adicional y que, cuando la hubiese, se iba a dar”, argumentó Ortiz durante una transmisión en vivo, el miércoles, desde sus redes sociales.

El 20 de agosto –justo el día antes de la sesión inaugural–, el presidente del PPD le cursó una carta a los miembros de la delegación del PPD en la Cámara especificando el alcance de la resolución aprobada por la Junta de Gobierno sobre cómo se atenderían las posibles enmiendas al Código Electoral. Esta misiva ha sido interpretada por algunos como una confirmación de que conocía que el asunto se discutiría en la sesión.

La comunicación –según una copia en manos de El Nuevo Día– incluyó un detalle de los deberes y responsabilidades de los populares, las funciones de la Junta de Gobierno y las normas de conducta. Igualmente, condenaba la acción del gobernador de Pedro Pierluisi de vetar el proyecto de enmiendas al cierre de la pasada sesión y que contaba con el apoyo de los partidos emergentes.