Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado radicaron este martes -en ambos cuerpos legislativos- una resolución concurrente que busca impulsar un modelo de recuperación del sistema energético mediante la creación de una nueva corporación pública con una transición a fuentes de energía renovable.

La propuesta contempla la designación de un comité especial que estudiará la viabilidad de cancelar los contratos de LUMA Energy y Genera PR. El comité especial para la recuperación del sistema energético estaría integrado por 10 miembros, entre ellos, docentes de la Universidad de Puerto Rico, profesionales de administración pública, economía y derecho; un integrante de alguna organización comunitaria dedicada a la implementación de fuentes de energía renovable y representación del sector laboral del sistema energético de Puerto Rico.

Los miembros del comité no recibirían paga, sino compensación por dietas y apoyo administrativo, de forma similar al comité de expertos para el estudio del cambio climático, según explicaron en conferencia de prensa, en el Capitolio, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante, Denis Márquez Lebrón.

Según la propuesta legislativa, el comité deberá diseñar un plan para llevar a cabo una transición en un año hacia un modelo público y eficiente de generación, transmisión y distribución energética, que incluirá una nueva corporación pública encargada de la generación, transmisión y distribución de energía.

El comité estudiará las consecuencias de cancelar los contratos de privatización y las consecuencias de la reestructuración de la deuda, reconocerá el acceso a la energía como un servicio esencial y derecho humano y vislumbrará el acceso a la energía como un mecanismo indispensable para un desarrollo económico sostenible en concordancia con la preservación del medio ambiente.

La senadora Santiago Negrón dijo que, en medio de la crisis energética, “esta es la única” propuesta que se ha radicado en la Asamblea Legislativa.

“Hemos visto mucha gente que ha visto la luz, que se dieron cuenta que LUMA es un fiasco, de que no tiene redención, que no vale darle terceras, cuartas o quintas oportunidades. Ya tienen parte del camino andado, qué bueno, pero no basta la rabieta de un día, tiene que haber una propuesta en la que aceptemos que tiene que haber una participación amplia, pero que no sea el fruto de una discusión política. Aquí no puede haber protagonismos políticos”, sostuvo la legisladora.

“Además de estipular que necesitamos regresar a la provisión de energía como un servicio público, creo que otro consenso es que no queremos regresar a lo que hemos conocido de los últimos tiempos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública desconectada de las necesidades de infraestructura, capaz de quebrar un monopolio de un servicio público, no dispuesta a escuchar los reclamos de renovación de mantenimiento que se hacían desde distintos espacios, sobre todo, desde los espacios de los trabajadores y trabajadoras. No queremos regresar a esa AEE, queremos una nueva corporación pública que parta de los principios de la democratización del servicio, de la despolitización, de la base del principio del mérito para la obtención y conservación de empleo”, indicó la senadora Santiago Negrón.

Márquez Lebrón dijo, por su parte, que como consecuencia del proceso de privatización en las agencias del gobierno hay “cientos o miles de empleados, no sabemos cuántos son, que son la memoria histórica que tienen el peritaje y que están en agencias del gobierno haciendo tareas que no le corresponden”.

Indicó que la medida promueve “el evaluar y estudiar que esta gente, que fueron los trabajadores y las trabajadoras de carrera, sean parte también de este proyecto de crear una nueva corporación pública siempre enmarcada en el principio de mérito”.

Márquez Lebrón agregó que a la nueva corporación regresarían celadores y personal con conocimiento especializado de la AEE “con sus derechos adquiridos”.

Por ser una resolución concurrente de ambas cámaras legislativas, no requiere la firma del gobernador Pedro Pierluisi.