El secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, reclamó hoy que el proceso de otorgar unos 6,000 vales para la instalación de placas solares fue “transparente y libre”, mientras en una vista pública en la Cámara de Representantes persistían interrogantes de legisladores en torno a si las ayudas de hasta $30,000 llegarán a las personas más necesitadas.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebron, dijo que el Departamento de la Vivienda “falló” al no establecer un proceso fundamentado en criterios de planificación social para otorgar las ayudas, subvencionadas por un programa federal.

El secretario de la Vivienda, por su parte, atribuyó las críticas de muchas personas que no lograron acceder a los vales, a que “hay una demanda muy grande sobre este tipo de programa que es 100% gratuito”.

“Es igual que en un concierto de Bad Bunny. Si llegas temprano al coliseo y haces la fila, compras el boleto. Pero, aquí el criterio es, si llegas un poco más tarde, tienes 70 años, en lo que buscaste a alguien para que te llevara, no cualificas. Es así”, argumentó Márquez mientras interrogaba al titular de Vivienda en la vista pública.

“Hemos concluido que el gobierno le hace una presentación al país de que tenemos este programa de placas solares para la resiliencia y cuando estamos hablando de que son cientos de familias las que están en esos renglones que ellos mismos establecen, cubren muy poco. Ese mecanismo de no utilizar unos criterios geográficos urbanos de planificación, sino de dejarlo al que tuviese la internet más rápida, al que tuviese la llamada más rápida o al que pudiera llegar más rápido al lugar, fue un poco al azar, de la capacidad de la gente, como si fuese un concurso de radio de televisión para darte los boletos para un concierto y la política pública no puede ser así”, sostuvo el legislador independentista.

Indicó que, con una gran población de adultos mayores, con problemas de movilidad, incluso, el Departamento de la Vivienda, debió establecer criterios de planificación para saber de antemano “a quiénes y cómo les va a llegar”.

Rodríguez Rodríguez indicó, por su parte, que “las 6,000 familias que se beneficiaron eran las 6,000 que se tenían que beneficiar”. Sostuvo que el programa federal tiene unas guías particulares y dijo que las personas que participaron habían sido pre cualificadas.

“El proceso fue totalmente transparente y libre para todas las personas”, sostuvo Rodríguez.

Cuando se le preguntó por qué el Departamento no añadió criterios para agregar personas con algún tipo de discapacidad, encamadas o personas de mayor edad, el secretario dijo que “hay un tema de requisitos y no se puede discriminar ni siquiera a la inversa a través de estos fondos”.

No obstante, dijo que “aunque eso hubiese sido permitido, la necesidad en Puerto Rico es mucho más grande y siempre va a haber personas que van a quedar desprovistas y no podemos ser arbitrarios ni caprichosos en el proceso de selección”.

Al ser cuestionado por el caos que se suscitó por la espera y largas filas en algunos de los centros de entrega de los vales, el funcionario dijo que se debe repensar el método de la distribución personal.

“Tan pronto advengo en conocimiento de que esto estaba sucediendo a través de los distintos centros… tomé una determinación, como secretario, de preservar la salud y seguridad de las personas que estaban allí y en ese momento se hizo un mecanismo de ordenar la fila y se distribuyeron unos documentos respetando el orden de la fila”, indicó Rodríguez.

“Hay que estudiar y repensar para futuras ocasiones si los centros comerciales son una alternativa para realizar estos procesos, por la situación que se suscitó. No obstante, tenemos que tener en cuenta que mucha de la población que se involucra en estos programas no cuentan con las destrezas necesarias para completar un proceso como este por los medios digitales”, agregó.

Dijo que los vales se repartieron de forma equitativa en seis regiones.

“Se preservó un balance entre todos los municipios. Hubo una exclusión automática de los no elegibles”, dijo para agregar que si alguna persona se ha visto afectada por el proceso puede presentar una reconsideración o una querella a la dirección: legalcdbg@viviendaorg.com

Con relación a la distribución de boletos del programa, explicó que Vivienda ha otorgado 9,380 boletos divididos en dos rondas y entre los casos elegibles, se han completado 604 instalaciones de placas solares. En la segunda ronda que se completó el pasado 31 de enero, dijo que aun esos boletos distribuidos se encuentran en la fase inicial de solicitud, por lo que no existen datos sobre casos completados.

De igual forma, indicó que no está previsto que se destinen más fondos para una tercera ronda de distribución de boletos para la instalación de placas solares.

Explicó que el Programa Nueva Energía recibió una asignación de fondos de $350 millones. Según las guías del programa, las personas elegibles recibirían hasta un máximo de $30,000 en costos de equipos e instalación de sistemas de energía renovable para dueños de una estructura unifamiliar en la que residan a tiempo completo.

El presidente de la Comisión de Vivienda, Ángel “Tito” Fourquet Cordero, quien presidió la vista pública, cuestionó el que se excluyera a las personas más “vulnerables” de recibir la ayuda.

“Mi sensibilidad y empatía no me permite aceptar que haya personas que si eran vulnerables, se quedaran sin la oportunidad de recibir esta ayuda. Sin embargo, otras personas que no son tan vulnerables, sí la recibieron. Eso no puede pasar. En una próxima ocasión es necesaria una mejor organización, preparación y evitar cambios bruscos que provoquen una desventaja para las personas”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli solicitó copia de los registros de los participantes, del número de empleados que recibió solicitudes, las horas en que los participantes entraron a hacer sus solicitudes por internet y la hora en que se agotaron las solicitudes de todos los centros y de todos los métodos.

El secretario tiene un plazo de 10 días para suplir la información a la comisión legislativa.