Las legisladoras del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos, demandaron al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, por las órdenes ejecutivas que el mandatario ha impartido para el manejo de la pandemia del COVID-19.

Con el recurso de interdicto preliminar y permanente y sentencia declaratoria, radicado ayer en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, las legisladoras indicaron que buscan “detener el gobierno por decreto del gobernador Pierluisi”. Además del Gobernador, figuran como demandados, los secretarios de Salud, Educación y Justicia.

“Luego de un análisis de nuestro estado de derecho sostenemos que el gobernador a través de las órdenes ejecutivas impugnadas está usurpando el poder de la Asamblea Legislativa, por lo que las acciones del Ejecutivo menoscaban nuestras prerrogativas constitucionales como legisladoras”, dijo la senadora Rodríguez Veve en conferencia de prensa en el Capitolio.

La senadora dijo que la Rama Ejecutiva “se ha extralimitado” en el ejercicio de sus poderes. “Esta acción legal no trata de la posición que podamos tener sobre la vacuna, de lo que trata es de defender nuestro estado de derecho, del sistema republicano de gobierno, que busca evitar la concentración de poderes que pueda conducir al abuso y al atropello de los ciudadanos”, sostuvo Rodríguez Veve. “Esto va más allá de nuestras posiciones personales”, agregó.

“Desde el día uno he expresado que la implementación de estas órdenes ejecutivas relacionadas con el COVID son ilegales e inconstitucionales porque violentan el principio de separación de poderes”, dijo por su parte la representante Burgos Muñiz.

Indicó que las órdenes ejecutivas violentan los derechos parentales. “El imponer la vacuna contra el COVID-19 para viajar, estudiar y trabajar es una interpretación errada, las ordenes ejecutivas del Gobernador no cuentan con el aval de la Asamblea Legislativa y dejan fuera a la rama más representativa del pueblo”, sostuvo Burgos Muñiz.

Aludió a dos decisiones del Tribunal Supremo que dijo establecen que “una orden ejecutiva no puede interferir con derechos constitucionales salvo en situaciones de emergencia y por poco tiempo”.

El abogado del Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau dijo por su parte, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se ha expresado sobre este asunto y que la colectividad impugnó otra orden ejecutiva, pero fue la relacionada con el currículo con perspectiva de género.

“El Ejecutivo se ha abrogado un poder que no le corresponde, tenía que contar con la Asamblea Legislativa, tenía que sentarse con la Legislatura y llegar a unos acuerdos de cómo manejar la emergencia”, expresó Frontera Suau.

Un proyecto de la Cámara (515) aprobado en ambos cuerpos legislativos, buscaba imponer restricciones a las ordenes ejecutivas, pero el Gobernador lo vetó en diciembre de 2021.

“Al imponer la vacunación está legislando para afectar la vida privada de los ciudadanos. Quien tiene la prerrogativa para hacer una cosa como esa es la Legislatura y eso ha sido motivo de debate serio en círculos jurídicos del País. No negamos que había una situaciones de emergencia (con el COVID-19), pero es imposible que un País, a dos años, continúe con unas órdennes que limitan sus poderes constitucionales”, sostuvo Frontera Suau

Según el abogado, la Ley 76 de 2000 establece “con claridad” que los estados de emergencia no pueden durar más allá de 6 meses. “Aquí solo ha habido una declaración de emergencia de la exgobernadora Wanda Vázquez en 2020 y desde ese día, se están extendiendo las ordenes de emergencia. (Pierluisi Urrutia) tenía que emitir una orden de emergencia nueva con fundamentos nuevos y no podía extender la de Wanda Vázquez”, reclamó.

“Estos fundamentos son válidos para que un tribunal emita un cese y desista por unos poderes que la Legislatura no le ha dado”, dijo para agregar que “esta controversia no se ha resuelto en Puerto Rico”.