Las legisladoras del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz acudieron hoy al tribunal con una demanda contra el gobernador Pedro Pierluisi acusándolo de imponer con dos órdenes ejecutivas, la educación con perspectiva de género, a través del programa experimental de escuelas co educativas.

Indicaron que el proyecto piloto de enseñanza con perspectiva de género, dispuesto mediante la Ley 62 de 2017, no se puso en vigor.

“No podemos permitir que las órdenes ejecutivas se conviertan en una forma de gobierno, que usurpen las funciones legislativas en contra del sistema de pesos y contrapesos. El Ejecutivo se abrogó una autoridad que no le ha sido asignada en ley y menoscaba nuestras prerrogativas legislativas”, dijo la senadora Rodríguez Veve en conferencia de prensa en el Capitolio.

“El Gobernador no puede ir por encima de una ley aprobada. En Proyecto Dignidad asumimos nuestra responsabilidad histórica, damos este paso para hacer valer nuestras prerrogativas y para detener el currículo experimental de las escuelas co educativas”, sostuvo la legisladora.

Rodríguez Veve, a preguntas de Primera Hora, dijo sin embargo, que no hablaría sobre la enseñanza con perspectiva de género. “Para efectos de esta conferencia de prensa nos estaremos circunscribiendo a la demanda”, reclamó.

“Esta demanda se hubiese presentado indistintamente cuál fuese el currículo que se está tratando de imponer. El eje central no es el contenido, es el que el Ejecutivo está violando la separación de poderes”, dijo.

La representante Burgos Muñiz indicó por su parte, que en la interpelación del pasado 11 de febrero a la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte le solicitó que le hiciera llegar los informes periódicos que requiere la Ley 62, pero no los entregaron. “Se hicieron todas las gestiones antes de recurrir al foro judicial”, dijo Burgos Muñiz.

Recalcó que “son los padres los que tienen la autoridad para determinar qué es lo que se enseña a sus hijos conforme a sus creencias y valores”.

Las legisladoras indicaron que la Ley 62, de la autoría de la ex senadora Zoé Laboy en 2017, establece un plan piloto, pero al día de hoy no existe ningún informe.

“Este proyecto nunca se implementó y si se ha implementado no tenemos información”, dijo Burgos Muñiz para agregar que hicieron un requerimiento de información al Departamento de Educación y a la Oficina de la Procuradora de Mujer, pero no pudieron proveer la información que se les solicitó. Dijo que el proyecto piloto debía comenzar en agosto de 2017.

“Tenía que establecerse un reglamento un currículo unos parámetros de evaluación de la efectividad de ese proyecto piloto. El Departamento tenía la obligación de emitir informes periódicos a la Asamblea Legislativa. Todas esas situaciones fueron incumplidas, no existe un informe final de evaluación de ese proyecto experimental”, dijo el abogado Juan Manuel Frontera, asesor legislativo del Proyecto Dignidad.

La solicitud de interdicto preliminar y permanente, sentencia declaratoria y decreto de inconstitucionalidad fue radicada esta mañana en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“Uno de los requisitos de la ley es que esos informes periódicos tenían que ser remitidos a la Asamblea Legislativa para que pudiera evaluar esos resultados y tomar una decisión sobre el futuro de ese proyecto piloto. Esa ley establece claramente que la facultad le compete exclusivamente a la Asamblea Legislativa. Esa ley no le otorga la facultad al Ejecutivo de ampliar ese proyecto. Está violando nuestras facultades de evaluar esos informes y como legisladores de emitir nuestros votos sobre ese proyecto educativo”, sostuvo la senadora Rodriguez Veve.

Indicó que el plan piloto establecía que tenía que establecerse un reglamento, un currículo, unos parámetros de evaluación de su efectividad. “El Departamento de Educación tenía la obligación de emitir informes a la Asamblea Legislativa. Todas esas situaciones fueron incumplidas, no existe un informe final de evaluación de ese proyecto experimental”, dijo para agregar que “el incumplimiento le impide al gobernador extender ese proyecto piloto a nivel de todo el sistema sin que la Asamblea Legislativa pase juicio”.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén dedicó su turno inicial en la sesión legislativa de esta tarde para explicar la enseñanza con perspectiva de género. Citó ejemplos de cómo el lenguaje a través de los tiempos ha asumido lo masculino como la norma.

“La educación con perspectiva de género es una mirada distinta a un mundo distinto, es educar nuestra niñez para que la educación nos lleve a un mundo que nos permita tener un espacio donde las personas estén. Eso es la perspectiva de género, decir lo contrario, es provocar el odio y desde el odio, decir que esta sociedad no debe seguir avanzando para ser una sociedad mejor para todas las personas”, afirmó la líder feminista y ex presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas.

La Fortaleza dijo por voz de la oficial de prensa, Sheila Angleró que el equipo legal de Pierluisi evaluará el recurso legal.

“Nos estamos enterando por los medios de esta demanda, el equipo legal del gobernador la evaluará tan pronto la reciba. Por ahora no emitiremos comentarios adicionales”, dijo Angleró.