Para lograr que los dueños de paneles solares tengan la protección provista por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó una legislación para otorgarle a la agencia la potestad de eliminar las disposiciones que obligan al consumidor a someterse al proceso de arbitraje que imponen los contratos con estas empresas.

Se trata del proyecto de la Cámara 1051, el cual fue radicado ante el aumento de ventas de sistemas de placas solares que se registra en la Isla.

“El alza en la demanda de sistemas de energía solar ha desencadenado una serie de prácticas engañosas por algunas compañías de paneles o placas solares que han resultado en múltiples querellas ante el DACO. Estos contratos de ventas de paneles o placas solares, son contratos de adhesión en los cuales el cliente no tiene la oportunidad de negociar este tipo de cláusulas de arbitraje, por lo que la única opción que tiene es someterse a estas sin entender las repercusiones legales que esta decisión acarrea”, expresó Márquez Lebrón en comunicado de prensa emitido este sábado.

Precisó que la aplicación de estas cláusulas de arbitraje resulta, para todos los efectos prácticos, “en la privación a estos consumidores de su derecho a reclamar ante el DACO”.

Por otro lado, la resolución 570, radicada también por Márquez Lebrón, persigue investigar las querellas y problemas que enfrentan los consumidores de sistemas de paneles o placas solares en Puerto Rico.

Comentó el secretario del DACO, Edan Rivera, denunció recientemente que la agencia tiene una jurisdicción bastante limitada para intervenir con las 653 querellas que han recibido desde el 2019, relacionadas con servicios de instalación o mantenimiento de placas solares.

Márquez Lebrón explicó que entre las razones esbozadas por el secretario del DACO se encuentran que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tiene la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye fiscalizar la calidad y confiablidad del servicio eléctrico y que muchos de los contratos tienen cláusulas de arbitraje que les impiden actuar en primera instancia.

“Siendo el acceso a la energía eléctrica un derecho humano fundamental y ante el crecimiento exponencial que ha experimentado la industria de sistemas solares, es imperativo investigar las querellas y problemáticas que enfrentan los consumidores y otorgar mayores poderes al DACO”, manifestó el legislador.