Alegan que malversó sobre $100,000.

Un ciudadano, no identificado, radicó una querella contra el comisionado de Seguros, Ramón Cruz, en la Oficina de la Contralor y en el Departamento de Justicia (DJ), imputándole actos de corrupción pública, manejos irregulares y malversación de fondos públicos.

La querella incluye a la subcomisionada Ana M. López Erquicia, a quien se le involucra también en la supuesta malversación de sobre $100,000 de fondos públicos, utilizados para la celebración de una Asamblea de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL), del 24 al 28 de abril 2011.

Se le imputa a ambos funcionarios el haber desviado las cuotas de registro de la actividad, unos $650 por participante, y depositarlas en una cuenta privada del Banco Popular, en vez de ingresar el dinero a la cuenta de la Oficina del Comisionado de Seguros como reembolso por la erogación de fondos públicos.

En la querella, que fue radicada en la Oficina de la Contralora y del DJ, el pasado 14 de noviembre, se expone que la convención de ASSAL se celebró del 24 a1 28 de abril en el Centro de Convenciones.

De hecho, es curioso que el formato utilizado para presentar la querella es similar al formato de acusaciones que se utiliza en el Tribunal Federal, dando la impresión que el querellante está familiarizado con esos procedimientos.

El contralor interino, Natanael Arroyo Cruz, confirmó a este diario que recibió la querella.

“Recibimos la querella en nuestra Oficina. La enviaremos a la División de Auditorías de Departamentos y Agencias para su evaluación”, informó.El Departamento de Justicia también recibió el referido, según informó el portavoz de prensa, Fidel Rodríguez.

“Para añadir sal a la herida económica que sufre el país, sobre $100,000 de fondos públicos fueron derrochados por el Comisionado de Seguro Ramón Cruz Colón”, indicó en una misiva enviada a este diario, el querellante.

Éste indica que “es reprochable que en época de dificultades económicas y sin ninguna modestia, fueron contratados para el evento”, según se desprende de los contratos sometidos por la Oficina del Comisionado a la Oficina de la Contralora: Limarie Ferrer Rodríguez para publicidad y coordinación del evento, a un costo de $19,500; SGM Puerto Rico ll, LP para alquiler y montaje de los aditamentos y equipos audiovisuales, por $28,065; y Gabriel Gil Miranda D/B/A Audiovisual Pro Services, por $29,000.

“Otro de los gastos –que no pudo ser constatado, por no figurar en el registro de contratos de la Oficina de la Contralora–, son los costos de contratar a la agrupación musical Segreles, una célebre tuna que tuvo a su cargo deleitar a los presentes en el coctel de bienvenida”, agregó el querellante.

Cuota de registro

Se indica que parte de los gastos “del pomposo evento” tenían que ser sufragados con la cuota de $650 impuesta a los participantes inscritos.

En la querella indica que “ las cuotas de la inscripción de los participantes fueron desviadas a una cuenta bancaria abierta en la sucursal del Señorial del Banco Popular de manera ilegal”. El número de la cuenta, según la querella, es la número 362102261.

“Principalmente la custodia, registro y jurisdicción de los fondos públicos de las agencias del Gobierno de Puerto Rico recaen en el Departamento de Hacienda y el Banco Gubernamental de Fomento y no el Banco Popular en una cuenta privada”, se expone.

“Presuntamente, para la apertura de esta cuenta fue utilizada como testaferro, un contratista de la OCS (el CPA José Mendoza Rivera). Esto se infiere así, ya que los participantes fueron instruidos a enviar cheques o giros postales a la dirección del apartado postal propiedad de ese contratista”, se agrega.

También estuvo disponible la alternativa de pagar mediante transferencia electrónica a la mencionada cuenta bancaria.

Entre las alegaciones planteadas en la página 3 de la querella, con el formato de una acusación federal, se cuestiona en qué se beneficia Puerto Rico de celebrarse una asamblea privada con fondos públicos.

“No es cierto”

El comisionado de Seguros, Ramón Cruz y la subcomisionada rechazaron las imputaciones y expresaron que “le dan la bienvenida a la investigación que haga el Departamento de Justicia”.

“No tenemos conocimiento de esas querellas. Lo que podemos decir es que siempre hemos obrado de conformidad con la ley. La actividad que se menciona es en nuestra calidad de miembros de la organización Supervisores de Seguros de América Latina y como miembros de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, que concurrieron en Puerto Rico en esa actividad conjunta para compartir unas prácticas de supervisión”, dijo Cruz.

Ambos funcionarios rechazaron haber malversado fondos y haber incurrido en ese gasto.

“No. Nunca, jamás”, dijo López Erquicia.

¿Qué hicieron con el dinero de las cuotas?

Con ese dinero se pagaron los gastos de la actividad.

¿Es cierto que se depositaron en una cuenta en el Banco Popular?

Tendría que cotejar los documentos para poder responder.