La jueza federal Laura Taylor Swain, a cargo del proceso de reestructuración de la deuda de 70,000 millones de dólares de Puerto Rico, falló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue establecida de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos.

La determinación de la magistrada divulgada hoy establece que la JSF respeta la Carta magna del país norteamericano, del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, lo que concede a la isla cierto grado de autonomía, pero lo supedita a su Congreso.

El fallo de Taylor Swain responde a una demanda del fondo de inversión Aurelius Investment en nombre de un grupo de acreedores que entendían que la JSF vulneraba la Constitución del país norteamericano, ya que el nombramiento de los miembros, argumentaban, no respetó los procedimientos al no tener como origen la designación del presidente y la correspondiente confirmación del Senado de Estados Unidos.

La jueza determinó que el poder del Congreso en Washington sobre sus territorios, entre los que se incluye Puerto Rico, permitió nombrar los miembros de la JSF sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.

La magistrada matizó además que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) establece que la JSF es una agencia del Gobierno de Puerto Rico y no federal.

"El Congreso -de Estados Unidos- ha ejercido su poder plenario del Artículo IV -de la Constitución estadounidense- para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla. El Congreso tiene un papel dual con respecto a los territorios, como el Congreso nacional de Estados Unidos y la Legislatura local del territorio", aclara la jueza.

Taylor Swain indica además que la JSF es una entidad del territorio de Puerto Rico establecida por los poderes plenarios del Congreso bajo el Artículo IV de la Constitución de Estados Unidos, por lo que sus miembros no son oficiales de Estados Unidos que deban ser nombrados de acuerdo al mecanismo establecido para dichos oficiales en el artículo II.

La jueza concluye que Congreso tiene poderes plenarios bajo la cláusula territorial para establecer instituciones gubernamentales en los territorios que no solamente son distintas a las entidades gubernamentales federales, sino que pueden incluir características que no cumplan con los requisitos de la Constitución

El fondo Aurelius argumentaba que al ser los miembros de la JSF funcionarios de Estados Unidos debería haberse cumplido con las normas constitucionales.

La Ley Promesa permitió al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nombrar a seis de los miembros de la JSF a base de recomendaciones de los líderes del Congreso y otro a su designación.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, tras conocer la determinación de la jueza, recurrió a su cuenta en la red social de Twitter preguntarse si "Alguien necesita prueba adicional de que somos una COLONIA".