Ni caos, ni reinicio del pago de la deuda, ni penalidades millonarias, ni desestimación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), como pronosticó ayer la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sino meramente un cambio de fecha en la vista de confirmación del Plan de Ajuste Enmendado, sería el escenario que tendríamos en las próximas horas, según un abogado con amplio conocimiento del tema.

El licenciado Rolando Emmanuelli, quien ha estado participando activamente en el proceso de la quiebra de Puerto Rico ante el tribunal federal como representante legal de varias partes afectadas, explicó que “es falso” el nefasto panorama que presentó ayer la JSF mientras enviaba un ultimátum a la Legislatura para que aprobara, antes de las 2:00 p.m. de hoy, la ley habilitadora que permite la emisión de nuevos bonos de deuda, a su vez atada a la confirmación del PAD, cuya séptima versión enmendada estaba pauta para llevarse a confirmar ante el tribunal el próximo 8 de noviembre.

Aunque la Cámara de Representantes sí aprobó el pasado martes la ley habilitadora, que está en el Proyecto de la Cámara 1003, el Senado no lo ha hecho y tampoco lo haría antes de la hora que fijó la JSF, pues decretó un receso hasta el próximo martes.

“Pero eso que dice la Junta que va a ocurrir es falso. La JSF dijo que si no se aprueba la legislación habilitadora a las 2:00 de la tarde, se pospone el caso. Eso lo dice todo, se pospone. La vista continúa, lo único es que no será para el 8 de noviembre”, afirmó Emmanuelli.

Explicó que eso no supone que se venga abajo el plan de ajuste de la deuda como dejó entrever la JSF que podría ocurrir.

“Todavía hay un plan. El requisito es que se apruebe la legislación habilitadora. Pero la Junta podía esperar. Hasta el día antes (de la fecha de la vista de confirmación) se puede aprobar la ley habilitadora. Técnicamente pueden aprobarla justo antes de la medianoche. Esa fecha de hoy la pusieron ellos arbitrariamente, para torcer el brazo a la legislatura”, sostuvo, aunque haciendo la salvedad que sí se prefiere que haya tiempo entre la aprobación de la ley habilitadora y la vista de confirmación para que las partes lleguen mejor preparadas al tribunal.

Así las cosas, evaluó el abogado, “si la Junta no va a decir otra mentira”, lo que se espera ocurra hoy es que la JSF “tiene que radicar otra moción posponiendo el caso. Y la Junta tiene razones de sobra para hacer eso”.

Emmanuelli insistió en que es necesario comprender que “más que suspender, se trata de posponer la vista para que se celebre en otra ocasión. Y eso es algo normal en los casos, si las partes no están preparadas, se suspende la vista. Eso ocurre todo el tiempo”.

“Pero eso no levanta la paralización de pagos de deuda, ni desestima el caso”, afirmó.

“Es falso también que pueda ocurrir que se caiga el acuerdo con los bonistas. Eso tiene tiempo hasta el 15 de diciembre, y se puede prorrogar. Eso es a discreción de las partes”, agregó.

Citando el documento del acuerdo, explicó que “en el acuerdo negociaron unas extensiones hasta el 31 de enero de 2022. En el mismo contrato se establece que el acuerdo con los bonistas se puede extender hasta esa fecha, o la que puedan determinar las partes”.

Todavía más. “Si los acreedores no están de acuerdo, se cayó el caso. Pero eso no impide que la Junta someta un plan no consensuado, o sea, en que una parte no está de acuerdo”.

“Se trata de buscar acuerdo, porque es más fácil. Pero no es un requisito. Con una clase que vote a favor, y este caso tiene muchísimas, la jueza (Laura Taylor Swain) podría confirmar el plan”, detalló.

“Y si la jueza no confirma el plan, se vuelve a someter un plan enmendado para que lo confirme. No se acaba el plan”, agregó Emmanuelli a su análisis.

Sostuvo que “el único escenario en que se desestima el caso de la quiebra de Puerto Rico es que la Junta deje de litigarlo. Y eso no va a pasar, porque tiene una responsabilidad fiduciaria con Puerto Rico y con el presidente que los nombró. Y también los abogados tienen su responsabilidad ética con los clientes”.

Por otro lado, Emmanuelli también desmintió que, como predice la JSF en su carta pública del jueves, haya que pagar una multa de $100 millones a bonistas por no lograr que la legislatura haya aprobado la ley habilitadora para la hora del ultimátum.

“¿Cómo vas a pagar una penalidad por lo que haga un tercero? Eso no es así. El acuerdo con los bonistas, en las secciones 6 y 7 del acuerdo, dice claramente que una de las instancias en que no se paga la penalidad es si Legislatura no aprueba la ley habilitadora”, explicó. “Y de hecho tampoco se paga si la jueza no confirma el plan. Tiene una larga lista de excepciones en que no se paga esa penalidad. Solo se paga si la cancelación es arbitraria”.

El abogado repasó que “sí es indispensable que se apruebe esa ley habilitadora de la emisión de bonos. Pero todo lo demás, todas esas consecuencias que dicen, no son posibles”.

“Y como no se paraliza ni se desestima el caso, no se acaba la moratoria (en el pago de la deuda), no se paga la deuda, no se paga la penalidad. Por tanto, no hay caos. Vamos a seguir como ayer, como hoy. Lo único que cambia es la fecha de la vista”, reiteró Emmanuelli.

A manera de ejemplo para poder comprender lo que expone, el abogado mencionó el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“En el caso de Título III de la AEE, no se ha sometido plan de ajuste en los últimos 29 meses. ¿Y quién ha pedido la desestimación? Nadie. La jueza no lo ha desestimado. No se ha levantado la paralización automática (de pagos de deuda). Nada más por la pandemia el caso lleva 18 sin que pase prácticamente nada. Llevan 29 meses tratando de aprobar el acuerdo con los bonistas y ni siquiera se ha asomado una primera versión del plan de ajuste. Y no se ha desestimado”, afirmó.

“¿Entonces cuál es el rollo con el plan de ajuste de la deuda del gobierno? La jueza no lo va a desestimar porque se cambie la fecha unas semanas o incluso meses”, auguró.

Por otro lado, el abogado consideró que el Proyecto de la Cámara 1003 para la ley habilitadora que permitiría la emisión de bonos “está defectuoso”.

“El Proyecto 1003 quiere cambios en el plan fiscal y el presupuesto, y eso es materia exclusiva de la Junta, y la jueza ya lo ha resuelto como cinco o seis veces. Título I y Título II son todos los poderes de la Junta sobre Puerto Rico. Ni siquiera la jueza puede meterse ahí”, explicó. “Pero en el Título III el poder de aprobar la ley habilitadora es solo de la Legislatura. Y ahí se empata el juego. La Legislatura puede poner la legislación habilitadora, por ejemplo, que los bonos no puedan usarse para pagar la deuda emitida en 2012 y 2014 que en general se considera ilegal por sobrepasar los límites constitucionales y porque Puerto Rico estaba insolvente cuando se emitió. Y entonces la Junta no podría pagar a esos acreedores. La Legislatura puede empujar a la Junta a cambiar el Plan de Ajuste de la Deuda”.

“La Legislatura tiene la responsabilidad histórica de evitar que Puerto Rico caiga en una segunda quiebra. Y el escenario de este plan, según los propios economistas de la Junta, es que caeríamos en una segunda quiebra para el 2036″, agregó.