La encargada de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos en Salinas, Aixa Pabón Valentín, denunció hoy que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como otras agencias del gobierno han sido “negligentes” en atender los crímenes ambientales a los hábitats naturales “masacrados” en áreas adyacentes de la comunidad Las Mareas.

“El denunciar estos crímenes ambientales, el persistir en hacer el trabajo para el cual juramenté y denunciar inacción de gerenciales, como de agencias gubernamentales, que a todas luces fueron negligentes en proteger el patrimonio de nuestras costas, puede tornar en que se me persiga e incluso que no permitan que nuestra Reserva prospere en cumplir con la misión y tareas..., pero la verdad me hace libre y Dios está conmigo”, dijo bajo juramento la bióloga en una emotiva y detallada ponencia a la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales de la Cámara de Representantes.

“Me causa emoción, porque esta Reserva ha hecho lo que tiene que hacer. El equipo de trabajo ha hecho lo que tiene que hacer, dando seguimiento, solicitando reuniones, documentando todos los informes mensuales que se envían a la agencia, a los gerenciales, informes semestrales que se envían a la NOAA (Administración Nacional, Oceánica y Atmosférica). La Reserva siempre ha notificado este crimen ambiental”, expresó con lágrimas y voz quebrada, Pabón Valentín, quien labora desde hace 13 años en el DRNA, de los cuales seis años ha ejercido como directora de la Reserva en Bahía de Jobos.

En la continuación de las vistas públicas sobre los crímenes ambientales en la Reserva, la bióloga detalló las múltiples gestiones que hizo; que alertó a la comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelín Ronda y al entonces secretario, Rafael Machargo, sobre la proliferación de las construcciones ilegales y destrucción de recursos naturales en el Camino del Indio, pero sostuvo que sus esfuerzos no rendían frutos.

La directora de la Reserva prestó testimonio en un panel en el que tenía muy cerca a Machargo y a la también exsecretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera.

Pabón Valentín narró que el 12 de abril de 2021 le solicitó a Machargo, con copia a Ronda, reforzar la vigilancia en las áreas de manejo de la Reserva y que se considerara tener un destacamento del Cuerpo de Vigilantes en la zona protegida.

“En el comunicado enlisto fechas de comunicaciones realizadas por esta servidora a la gerencia del DRNA, indicando al menos cuatro comunicaciones escritas que se le hizo a la comisionada Ronda, de las cuales no recibí nunca contestación”, sostuvo la bióloga, quien pidió a la comisión legislativa que cite a declarar a Ronda.

“Solicito que se cite a la comisionada Ronda para que aclare quién falta a la verdad”, dijo.

La comisionada del Cuerpo de Vigilantes fue citada a las vistas públicas para el próximo miércoles, 27 de abril.

En su ponencia, Pabón Valentín relató que el 27 de agosto de 2020 le solicitó a Ronda vía correo electrónico una reunión y la alertó sobre publicaciones de negocios de alquileres vacacionales a corto plazo en terrenos invadidos en la Reserva. También dijo que le pidió asistencia en la obtención de una lista de las últimas intervenciones y los nombres de los nuevos ocupantes del lugar.

La bióloga también dijo que el 23 de enero de 2021, en otro correo electrónico, volvió a notificarle a la comisionada Ronda sobre las publicaciones de venta y rentas de terrenos públicos del DRNA.

Dijo que “allí ya no se hacen querellas, intervenciones, ni se trabaja en un plan para sorprender a los invasores y para la restauración del hábitat”.

“¿Quién falló aquí?”, le preguntó el presidente de la comisión legislativa, Edgardo Feliciano.

“El sistema completo, es un espacio natural designado en 1981, las agencias debían conocer esto. ¿Junta de Planificación, dónde está? (Hay) ineptitud, negligencia, lentitud”, sostuvo Pabón Valentín.

La bióloga dijo que cuando llegó a la Reserva “ya allí había crímenes ambientales”.

“Esto sin contar el crimen ambiental que está ocurriendo hoy al oeste de Las Mareas (fuera de la Reserva)”, agregó.

Por su parte, Machargo y Vázquez Rivera reclamaron haber hecho gestiones en contra de la ocupación de terrenos de la Reserva de Investigación Estuarina.

“Prácticamente, cuando el mundo se reabría (de la pandemia), yo visité Bahía de Jobos el 16 de septiembre de 2020. Esta Honorable Comisión tiene que tener la Minuta de esa visita”, dijo Machargo.

Reclamó haber comenzado un plan de trabajo el 22 de septiembre de 2020 y dijo que el 16 de noviembre de 2020 cursó cartas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), “en las que solicité que desconectaran sus respectivos servicios a los invasores de la: Reserva del DRNA en Bahía de Jobos por ser construcciones ilegales en terrenos del pueblo y sin derecho a recibir esas utilidades”.

Machargo dijo que como parte de la estrategia que dejó “encaminada, los abogados contratados por el DRNA están próximos por presentar recursos judiciales para desalojar a los invasores.

“Una vez lograda esa fase, se recomienda que el DRNA determine la extensión de los daños ambientales y entonces esta agencia estará en posición de solicitar la mitigación de esos daños provocados por los invasores y el restablecimiento de los recursos naturales impactados.

Indicó que mientras tanto, el Departamento de Justicia continuará con su investigación para determinar los posibles delitos que se hayan cometido, tanto de parte de los invasores como de algún funcionario, si lo hubiera.

“Esta Asamblea Legislativa tiene ahora la misión importante de analizar cómo se llegó a esta situación en esa Reserva, cuáles son las limitaciones y los problemas estructurales que nuestra sociedad ha enfrentado durante décadas en la Rama Ejecutiva que no permitieron ser todo lo eficaces que hubiéramos querido ser para detener el problema a tiempo, y qué enmiendas a las leyes son necesarias para que no se repita”, reclamó el exsecretario del DRNA.

La exsecretaria Vázquez Rivera reclamó, por su parte, que no tenía acceso a las querellas que presentaron vigilantes contra los invasores por deforestación de los mangles y construcciones ilegales. También se distanció de la cuestionada multa a un grupo de los invasores que se transó por $3 mil.

Dijo que la sentencia en la que se transó la multa originalmente recomendada por $250 mil a $3 mil fue firmada por la secretaria interina del DRNA, Cynthia Rivera Morales, el 11 de marzo de 2020.

“Les recuerdo que esta abogada cesó funciones el 7 de noviembre de 2019 por lo que no era secretaria ni al momento de la transacción ni al momento de la firma de dicha sentencia”, sostuvo Vázquez Rivera.

La exfuncionaria rechazó a preguntas de los representantes Jesús Manuel Ortiz (PPD) y Denis Márquez Lebrón (PIP), dijo que no tuvo intervención alguna en la adjudicación de la multa. También dijo que no recordaba por qué enmendó una orden administrativa para crear el llamado comité de transacciones, que unos meses después autorizaría reducir la penalidad.

El DRNA cobró la multa transada

La abogada de la División Legal del DRNA, Mildred Sotomayor dijo que la multa de $3 mil se pagó “hace dos semanas” con un recargo de otros $3 mil por la tardanza y que la suma fue liquidada por los querellados: Guillermo Godreu Vázquez, Santiago Rolón Vázquez, Carlos M. García y un cuarto involucrado que la agencia alega que ha podido identificar.

Machargo dijo que el pasado 31 de marzo recibió una citación del Departamento de Justicia “y se le produjeron los documentos que pidió Justicia”.

A preguntas del representante Ortiz González dijo que fue “una citación sobre el expediente de la investigación, de qué se ha hecho con la Bahía de Jobos”. Rechazó a preguntas de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli haber sido citado por las autoridades federales.

El director ejecutivo del Consorcio de Permisos que agrupa a Cayey, Coamo, Villalba y Salinas (CCVS), César Rodríguez Quiñones, quien también declaró en la vista dijo que ese organismo no ha otorgado ningún permiso de construcción o de uso en la Reserva Natural.

“Como resultado de una querella radicada por la representante Nogales el Consorcio CCVS advino en conocimiento de que un profesional autorizado aprobó un permiso de uso para una propiedad ubicada en el Camino del Indio”, dijo el ingeniero.

La Comisión de Recursos Naturales, a petición de Nogales Molinelli, citó para el miércoles 27 de abril, al profesional autorizado, Ángel Rodríguez Sánchez. Nogales Molinelli también pidió al DRNA una lista con los nombres de las personas que ocupan espacios en terrenos de la Reserva.

“Tenemos que ponerle nombre y apellido a todas las personas que intervinieron o dejaron de intervenir en este crimen ambiental. Es la única manera de nosotros terminar con la impunidad”, sostuvo la legisladora.

El representante popular Héctor Ferrer Santiago emplazó por su parte, al gobernador Pedro Pierluisi a que decrete una emergencia ambiental en los terrenos ocupados en Bahía de Jobos, mientras, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano dijo que enviara carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que apruebe el presupuesto que solicitó Pierluisi para el DRNA con miras a realizar una academia de vigilantes.

La vistas públicas reanudan el miércoles 27 de abril. Están citados la exsecretaria del DRNA, Carmen Guerero, la Comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda, el profesional autorizado de permisos, Ángel Rodríguez Sánchez, la Junta de Calidad Ambiental y organizaciones comunitarias y ambientalistas de Salinas.