¿Qué hace la Universidad de Puerto Rico (UPR) con casas, apartamentos y terrenos para la venta o alquiler?

La realidad va más allá de que la institución tenga la potestad de hacer dinero en el mercado de bienes raíces boricua, a través de transacciones de venta o alquiler de propiedades inmuebles. El principal problema es que su inventario está limitado en la actualidad, ya que la institución enfrenta problemas para identificar lo que por ley les corresponde heredar.

Por virtud del Código Civil, la UPR es el verdadero dueño de las propiedades que quedan sin heredero en Puerto Rico.

Según establece el Artículo 1727, denominado “Cuarto orden: el pueblo de Puerto Rico”, las propiedades inmuebles que pudiesen considerarse como “de nadie” les pertenecen al estado y el estado las transfiere a la UPR. Esto es así desde el 1930.

“A falta de las personas legalmente llamadas a la sucesión conforme a las reglas prescritas, sucede el pueblo de Puerto Rico. Previa declaración judicial de herederos, los bienes así adquiridos por el pueblo de Puerto Rico se destinarán al ‘Fondo de la Universidad’, salvo cuando se trate de tierras de uso agrícola, las cuales se destinarán a la autoridad gubernamental encargada de custodiar y administrar las tierras agrícolas en Puerto Rico. Sin embargo, de existir alguna propiedad inmueble declarada estorbo público, conforme la ley especial que aplique, se destinará al gobierno municipal en cuya jurisdicción esté sito el inmueble, solo luego de que la Universidad de Puerto Rico, dentro del término de cinco meses, de haber sido notificado formalmente, haya expresado su falta de interés en la misma por no representar uso institucional, inscribiendo la correspondiente titularidad en el Registro de la Propiedad mediante Sentencia o Resolución Judicial”, establece el Código Civil.

Además, la UPR puede adquirir estas propiedades para poner a la venta o alquiler a través de donaciones, testamentos, permutas o compraventas.

Por años, el acto de hacerse cargo de estas propiedades inmuebles que por ley les pertenecían a la UPR quedó inoperante. No fue hasta el 2019 que hubo una reorganización en la Oficina del Presidente de la UPR y se creó la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura en la Administración Central para atender el asunto. Un año después, en medio de la pandemia, se lanzó el Inventario de Propiedades Inmuebles con su página digital. Desde entonces, la UPR ha logrado vender o alquilar 18 de sus propiedades, informó la directora de la dependencia, Miriam A. Román.

El dinero que se gana en estas transacciones “van destinadas en un 30% al Fondo Dotal de la UPR, que tiene como objetivo respaldar las actividades académicas y de investigación en la institución, mientras el 70% va destinado a los procesos administrativos y operacionales de las propiedades inmuebles”, se detalla en la página cibernética.

Román precisó que con la venta o alquiler de las 18 propiedades la UPR ha ingresado a sus cuentas $1.7 millones, de los cuáles $500,000 se asignaron al Fondo Dotal.

Algunas propiedades que han vendido incluyen un apartamento en el Condado y con vista al mar, cuyo precio de venta fue de $740,000; un apartamento en el Condominio Monte Sur, en Hato Rey, con un precio de venta de $110,000, así como una residencia en la urbanización Rivieras de Cupey, cuyo precio de venta era $11,000 y se vendió por $12,000.

Además, alquiló a una organización sin fines de lucro, SFM Charities, un edificio en el Paseo de Diego, en Río Piedras, donde se planifica realizar apartamentos para personas que recién salen de las cárceles, un comedor público y una tienda de artículos de segunda mano.

Román aclaró que estas propiedades no se han vendido o alquilado a inversionistas. Señaló que la mayoría de los beneficiarios son vecinos de los complejos en donde ubica la propiedad, así como exalumnos, profesores y empleados de la institución.

Las propiedades disponibles

En la actualidad, el inventario disponible para la venta o alquiler consta de 10 propiedades. Sin embargo, cuatro fincas son parte de una reserva natural en el área de Cupey, cerca del Jardín Botánico, que tienen limitaciones para ser vendidas sólo a agencias o entidades relacionadas a la conservación del ambiente.

Román comentó que, en la actualidad, hay un acuerdo de venta al Fideicomiso de Conservación. Los planes, según dijo, son que “ellos van a utilizar esos solares para hacer la nueva entrada del Jardín Botánico, para que entre directamente al primer acueducto. Es un proyecto bien bonito”.

Además, ya no está disponible para la venta un apartamento de Isla Verde, cuyo precio de venta fue de $403,000, y una residencia de Cabo Rojo, con un precio de venta de $102,000. Esto se debe a que ya están opcionadas y en proceso de culminar la compra.

La lista de propiedades disponibles se disminuye a un terreno agrícola en Guanajibo, en Mayagüez, así como residencias en Bayamón, Vieques y Puerto Nuevo, explicó la funcionaria.

Además, la UPR está en disputa con una persona que heredó la mitad de un apartamento en Santurce y lo alquiló. El mismo no aparece en el listado, contó Román.

También tienen otra propiedad en Vega Baja, la cual no se ha puesto en venta porque “no encontramos el tracto registral”, dijo.

La directora de la Oficina de Desarrollo Físico e Infraestructura asoció este limitado inventario de propiedades inmuebles con las complicaciones que han enfrentado para identificar propiedades que quedan sin herederos o que, al menos, la mitad les pertenece bajo los preceptos que antes del 2020 los viudos no tenían derecho a heredar. Dijo que las dificultades van desde que también heredan todas las deudas que tenga la propiedad hasta que los municipios no les informan que hay estructuras abandonadas y asumen su control al clasificarlas de “estorbo público” sin contar con la institución.

Román informó que para resolver las fallas que enfrentan se han trazado varias medidas. Comentó que próximamente el presidente de la UPR, Luis Ferrao, enviará cartas a todos los alcaldes para reclamarle su apoyo en la identificación de propiedades sin herederos y sus listados de estorbos públicos.

Señaló que sólo los municipios de Canóvanas, Caguas, Hormigueros y Aguadillas cumplen con dar la información.

Otro paso que realizan, con la ayuda del representante José “Che” Pérez, es para enmendar varias leyes para que se les trate igual que un banco, que no hereda las totalidades de las deudas. Román dijo, a modo de ejemplo, que la UPR heredó un apartamento con una deuda de mantenimiento de $25,000, la cual tuvieron que pagar por completo. El banco, entretanto, sólo tiene que pagar lo que se acumule en deuda por seis meses.

“Lo que queremos es que la Universidad pueda adquirir la mayor cantidad de propiedades disponibles, que sepamos que somos posibles herederos con la menor carga posible, porque no tan solo se beneficia la Oficina y la promoción de otras propiedades, sino que también nutrimos al Fondo Dotal. El 30% de todas las ventas va destinado al fondo de becas de los estudiantes, y esa para mí es una prioridad, poder nutrir ese fondo para que los estudiantes de bajos recursos puedan estudiar”, demarcó Román.

En su pedido de auxilio, la funcionaria solicitó la ayuda ciudadana para que les informen de estructuras abandonas. Dijo que esta medida les permitiría averiguar si no hay herederos y si les pertenece.

“Si ustedes, los ciudadanos, no nos informan a nosotros de esta propiedad que tienes al lado, de un vecino, de un familiar, de un amigo que vivía solo y no hay más parientes, pues si nadie nos informa a nosotros sobre esa propiedad, pues, nosotros no podemos investigar para ver si esa propiedad puede ser una posible herencia. O sea, ese ha sido nuestro mayor obstáculo, que ni el estado ni la Universidad tiene conocimiento de las personas que fallecen sin heredero, a menos que haya un pleito, un vecino o una parte que tenga interés en la propiedad que lo notifique”.

También clamó para que las personas voluntariamente pongan a la UPR como herederos de sus bienes. Señaló que se ha dado el caso de ciudadanos que desean que su dinero o propiedad se destine, por ejemplo, a dar becas para mujeres que estudien ingeniería en el Recinto de Mayagüez (RUM) o para estudiantes de enfermería en el Recinto de Ciencias Médicas.