La Junta de Supervisión Fiscal ordenó hoy, martes, al Gobierno de Puerto Rico dejar sin efecto la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral (41-2022), mejor conocida como la Reforma Laboral, que fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 20 de junio.

Según el ente financiero, dicha medida, que busca implementar una serie de cambios para los empleados del sector privado, tales como la disminución del periodo probatorio a seis meses y el restablecimiento de las protecciones contra el despido injustificado, así como el aumento a la acumulación de licencia por vacaciones y la extensión del beneficio a empleados a tiempo parcial, menoscaba los principios de la ley federal PROMESA.

En una misiva dirigida al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Omar J. Marrero Díaz, el organismo sostuvo que la anulación de la ley debería ser inmediata “al menos hasta que el Gobierno y la Junta de Supervisión hayan intercambiado sus puntos de vista respecto a la Ley 41 y la Junta de Control cambia su determinación (que no puede ocurrir)”.

“Tambien instamos al Gobierno a que emita una declaración pública confirmando dicha suspensión para evitar confusiones para los empleadores privados que se preparan para la implementación de la ley”, lee la carta de 10 páginas.

Pierluisi insiste en mantener la Reforma en vigor

Tras la divulgación del documento oficial, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que pese a que suplirá a la Junta la información solicitada sobre la Ley 41, este indicó en declaraciones escritas que la medida se mantendrá en vigor y que la administración la defenderá en el Tribunal Federal.

“Como he dicho en repetidas ocasiones, el propósito principal de esa legislación es aumentar la participación laboral, incluyendo en los proyectos de la reconstrucción en curso, lo cual es clave para el desarrollo económico de Puerto Rico”, manifestó el Primer Ejecutivo.

El pasado 20 de junio, Pierluisi había adelantando en un mensaje televisivo que iba a firmar la ley a pesar de la objeciones que manifestó el ente financiero cuando la Asamblea Legislativa discutía y debatía sobre el entonces Proyecto de la Cámara 1244.

“La Junta alega que la medida impactaría negativamente nuestra economía, la participación laboral y la efectividad del programa del crédito por trabajo, reduciendo los recaudos del gobierno. No estoy de acuerdo. La posición de la Junta no tiene lógica, pues lo que estamos haciendo es mejorando la compensación y los derechos de nuestra clase trabajadora en momentos en que hay escasez de empleados en sectores claves de nuestra economía, como la construcción y el turismo”, sostuvo el gobernador en ese entonces.