La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció hoy que llegó a un acuerdo con ciertos tenedores de bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) dentro de un marco mucho más amplio para el Plan de Ajuste, y así resolver $35 mil millones en reclamaciones relacionadas y no relacionadas a la deuda.

El nuevo acuerdo reduce el servicio de la deuda del ELA (incluido el capital y los intereses de los bonos senior de gravámenes de COFINA) en un 56%, de $90.4 mil millones a $39.7 mil millones.

En tanto, la gobernadora Wanda Vázquez, emitió una comunicación rechazando el acuerdo que requiere legislación.

Este acuerdo reduce el servicio total de la deuda en $5 mil millones adicionales cuando se compara con el Acuerdo de Apoyo anterior que la Junta de Supervisión había alcanzado con un grupo más pequeño de tenedores de bonos el año pasado. Según el nuevo acuerdo, Puerto Rico resolvería por completo su deuda heredada en 20 años, o sea, 10 años antes que con el acuerdo anterior.

“Este nuevo y mejor acuerdo es una victoria para Puerto Rico”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, José Carrión, en un comunicado de prensa. “Reduce los pagos totales de la deuda en relación con el acuerdo que alcanzamos el año pasado, paga la deuda del estado Libre Asociado antes y tiene un apoyo significativamente mayor de los tenedores de bonos, lo que facilita aún más la salida de Puerto Rico de la quiebra, que se ha prolongado durante tres años”.

El nuevo acuerdo reduce $35 mil millones de deuda y otros pasivos en un 70% (o sea, $24 mil millones), a menos de $11 mil millones, lo que representa una reducción adicional de mil millones en relación con el acuerdo anterior. Los tenedores de unos $8 mil millones en bonos respaldan el acuerdo, incluidas las cooperativas de crédito puertorriqueñas y los inversionistas municipales tradicionales. Este apoyo aumenta la capacidad de la Junta de Supervisión para avanzar y salir de la quiebra este año. El acuerdo anterior fue rescindido.

“El nuevo acuerdo es otro paso adelante para Puerto Rico, y acerca a la Isla mucho más a la salida de la quiebra y al comienzo de una verdadera recuperación económica”, dijo la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko. “La quiebra está deteniendo a Puerto Rico. Necesitamos resolver eso, y con este acuerdo, Puerto Rico lo resolverá más rápido, protegiendo las pensiones de los jubilados y los servicios gubernamentales que el pueblo de Puerto Rico tanto necesita y merece, según especifica el presupuesto y el Plan Fiscal certificado de la Junta de Supervisión ".

Este acuerdo provee una reducción promedio de 29% para los tenedores de bonos de obligación general (GO, por sus siglas en inglés) y una reducción promedio del 23% para los tenedores de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (PBA, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico. Los acreedores del ELA recibirían $10.7 mil millones en deuda nueva, la mitad en bonos GO y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de COFINA, además de $3.8 mil millones en efectivo.

De igual modo, el nuevo acuerdo, que fue aprobado por la mayoría de los miembros de la Junta de Supervisión, reduce el servicio de la deuda anual máxima del ELA pagadero en cualquier año futuro, incluidos los bonos senior de gravámenes de COFINA, en más del 70%, de $4.2 mil millones anuales a un nivel sostenible inferior a $1.5 mil millones al año.

La Junta de Supervisión acordó resolver su reclamo de $6 mil millones en bonos que, según la misma Junta, excedió el límite de deuda del ELA. El acuerdo permite a la Junta de Supervisión eliminar el riesgo de una batalla legal larga y costosa. La Junta de Supervisión continuará impugnando otras emisiones de bonos, incluidos los bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados, y buscará la recuperación de los honorarios ganados por los bancos, firmas de abogados y otras partes, recibidos cuando ayudaron a emitir bonos en exceso del límite constitucional de la deuda de Puerto Rico.

Gobernadora no lo acepta

En otro comunicado, la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, explicó que no avala el nuevo acuerdo con los bonistas alegando que se negaron a mejorar el trato a los pensionados.

A continuación, sus expresiones textuales:

“En septiembre de 2019, mi gobierno consideró apoyar un plan de ajuste para comenzar el fin del proceso de quiebra de Puerto Rico. Con el final de la quiebra, volvemos a encaminar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico y aceleramos la salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Según mencioné en ese momento, el plan de ajuste no era un documento final y tendría cambios durante todo este proceso. Además, dejé claro que mi gobierno se mantendría vigilante a cualquier cambio que no fuera en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Por otra parte, como parte del proceso de quiebra, durante los últimos meses, el gobierno ha participado junto con la Junta de Supervisión Fiscal y un grupo de acreedores, en mediaciones obligatorias ordenadas por el Tribunal Federal. Durante este proceso de negociación, mi gobierno se ha guiado por un principio básico: si los bonistas reciben un mejor trato en el proceso de quiebra, los pensionados también deben recibir un mejor trato. De hecho, representantes de un grupo de bonistas que son parte de este nuevo acuerdo expresaron públicamente en el pasado que ellos se mantendrían en este tipo de acuerdo aun si los pensionados no reciben recorte alguno en sus pensiones.

Hoy, la Junta de Supervisión Fiscal anunció que ha llegado a un nuevo acuerdo con un grupo de acreedores de obligaciones generales, lo que modificaría el plan de ajuste que se radicó en septiembre de 2019. Este nuevo acuerdo, el cual requerirá legislación para poder implementarse, contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda y una reducción en la cantidad que los bonistas recibirán. El nuevo acuerdo también mejora la posición de los acreedores, ya que reciben unas nuevas protecciones legales que no eran parte del acuerdo al que se llegó en septiembre pasado. Esto incluye la emisión de nuevos bonos subordinados de COFINA, que protegen a los acreedores de obligaciones generales mediante un gravamen estatutario, así como la creación de una cuenta de reserva, cuyos depósitos también estarán protegidos a favor de los bonistas mediante un gravamen estatutario. Además, aunque el acuerdo contiene ciertos aspectos positivos, como un recorte sustancial en el total de la deuda, contiene otros que resultan preocupantes.

Por todo lo anterior, y tras analizar cuidadosamente los términos de este nuevo acuerdo y en vista de que la Junta de Supervisión Fiscal se negó a mejorar el trato a los pensionados en el mismo, mi gobierno ha determinado no unirse a dicho nuevo acuerdo según sus términos actuales. Nuevamente, mi posición durante este proceso ha sido que si los bonistas reciben mejor trato en un nuevo acuerdo, los pensionados también deben recibir mejor trato. Esto es un asunto de justicia básica.

Los pensionados, como indiqué en septiembre, ya han hecho sacrificios en el pasado. Sin embargo, mientras que los bonistas reciben nuevas protecciones legales en este nuevo acuerdo, los pensionados no reciben ninguna mejora. Ante ese escenario, no puedo apoyar este nuevo acuerdo.

Mi gobierno seguirá insistiendo con la Junta en aras de que se mejore el acuerdo a favor de los pensionados, así como en todas aquellas áreas que sean en beneficio del Pueblo. No obstante, al igual que antes, me mantendré vigilante a todo posible cambio al plan de ajuste que no sea en beneficio de nuestra gente”.