La Junta de Supervisión Fiscal certificó hoy los planes fiscales para la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y justificó en un comunicado de prensa las medidas que implementa en ellas.

“Los Planes Fiscales certificados para la UPR, la ACT y el BGF ofrecen a Puerto Rico la oportunidad de construir instituciones más eficientes y menos burocráticas”, dijo José Carrión, presidente de la JSF.

 “Establecen el mecanismo para energizar un motor de desarrollo laboral de calidad y costo-efectivo; un sistema de transportación eficiente y sostenible; y un Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración (“RSA”, por sus siglas en inglés) autorizado que provea para el cierre simple y ordenado del BGF”, agregó Carrión.

El nuevo Plan Fiscal de la UPR mantienen los recintos, elimina programas de bajo rendimiento, y reduce la totalidad de sus gastos operacionales en más de un 10% con el objetivo de lograr ahorros a cinco años de $541 millones para el año 2023.   

 La Junta puntualizó que los aumentos en matrícula son necesarios para continuar brindando la educación de calidad que distingue a la institución, añadiendo que el estudiante promedio a nivel de bachillerato paga menos de una quinta parte de la matrícula que pagaría si asistiera a una universidad pública de cuatro años en Estados Unidos. 

Agregan que la Junta y la UPR están alineados en cuanto a aumentar el costo por crédito a $115 en el año fiscal 2019. 

La Junta dijo que las reducciones presupuestarias a la rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y la propia Junta irán a financiar un fondo dotal independiente que proveerá becas basadas en la necesidad de los estudiantes y totalizará $315 millones para el 2023.  

“Estos esfuerzos, aunque difíciles a corto plazo, serán esenciales para cumplir con las metas de accesibilidad, calidad y balance fiscal en el sistema de educación”, añadió Carrión.  

Respecto a la ACT, la JSF informa que el nuevo Plan de la ACT transforma a la Autoridad y la infraestructura de la Isla de manera que sirvan de catalizadores de crecimiento económico. El plan mantiene el sistema vial en buen estado, cumple con requisitos de financiamiento federales, mejora el proceso de compras, contribuye a la reducción de tránsito y ofrece más beneficios a los usuarios proveyendo movilidad confiable y conectividad segura.   El comunicado no habla, como si alude el plan fiscal, de que se aumentará el costo de algunos peajes, como el de MonteHiedra y el de Salinas.

Para el BGF, el nuevo plan autoriza los términos recién enmendados del RSA, traza el camino para el cierre escalonado de las operaciones del BGF, busca simplificar sus estructuras transaccionales,  asegura trato igual para los acreedores y ofrece beneficios de flujo de efectivo a los municipios y compensaciones por sus reclamaciones. 

La Junta pospuso la certificación del plan de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC) hasta que pueda completar un análisis más exhaustivo de las proyecciones de la Corporación.  

Los planes certificados fueron aprobados por la Junta durante la decimotercera reunión pública de la entidad creada por la ley federal PROMESA.