Y si bien los miembros de la JSF y su directora ejecutiva Natalie Jaresko aseguraron que no buscaban cambiar la Ley de Municipios Autónomos ni contemplaban tomar control de los 78 municipios, lo cierto es que además de la designación crearán un plan piloto con 10 municipios, que incluye la rendición de cuentas a través de un plan fiscal.

Los 10 elegidos son Aibonito Barranquitas, Cidra, Comerío, Orocovis y Villalba, en un bloque de la zona central; y Camuy, Isabela, Quebradillas y San Sebastián, en otro bloque en la zona noroccidental.

Según la JSF fueron elegidos por criterios de proximidad geográfica y disposición a trabajar en colaboración, además que suponen una representación política mixta, con alcaldes de ambos partidos mayoritarios.

Los 10 tendrán que someter planes fiscales para junio próximo, según se dio a conocer durante la reunión pública que sostuvo la JSF este jueves.

Los miembros de la JSF insistieron en que el plan piloto se trata de una “colaboración” con los municipios, en busca de que mejoren su situación fiscal.

“No hay ninguna preocupación específica con respecto a ninguno de los 10 (municipios elegidos). Quiero dejar eso bien claro”, comentó Jaresko. “Esto es un (programa) piloto. No sabemos si se extenderá. Lo que queremos es escuchar a los alcaldes, trabajar con los alcaldes, ver si podemos asistir a los municipios con la difícil tarea que tienen… No vamos a atender problemas específicos. Así que antes de dar cualquier otro paso, vamos a ver cómo funciona con estos primeros 10”.

La directora ejecutiva agregó que “respetamos y reconocemos el valor de los municipios y el arduo trabajo que tienen por delante”.

“El programa piloto lo que busca es asistir a esos municipios. Vamos a proporcionarles recursos. Queremos hacer el proceso tan colaborativo como sea posible. Queremos ayudarles de acara al futuro. No es una acción que deba verse como algo negativo”, comentó José B. Carrión, presidente de la JSF, quien fue enfático en negar que la acción se tratara de tomar control de los municipios.

“Creemos en los municipios. Lo hemos dicho, y como cualquier residente en Puerto Rico que vivió el huracán María, sabemos que los alcaldes fueron esenciales. Son el ente de gobierno más cercano al pueblo. Buscamos trabajar con ellos y asistirles”, reiteró Carrión.

Sobre que traería esto para el futuro, el presidente de la JSF dijo que habrá que esperar. “Eso es parte del proceso que queremos explorar con ellos, si será servicios compartidos o algún otro concepto. Peor no hacemos esto con una idea preconcebida”.

La JSF explicó que, al hablar de proveer recursos para los municipios, se referían a asistencia, asesoría y apoyo técnico y profesional, pero incluye algún tipo de asistencia financiera adicional.

El representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino, dijo que se recién se había enterado de la medida con los municipios por el ente fiscalizador. Afirmó que los municipios, “en su totalidad, han cumplido con el pago de sus deudas” y no se anticipa que vayan a incumplir con esos pagos, y agregó que el gobierno ha tomado diversas medidas “para permitirle más espacio en términos de sus finanzas”. Añadió que, “en términos de la postura del gobierno”, no recomendaba una aplicación en entidades cubiertas para los 78 municipios, pero acotó que eso “es prerrogativa de la Junta”.

“Sí he advertido que, viendo los recursos que hay que implementar, tanto a nivel de la Junta como de la entidad (municipio), para poder cumplir con los requisitos de la Junta, son muchos. Y la Junta ahora mismo no los tiene. Si va a aplicar el mismo criterio a los municipios que le ha aplicado al gobierno, simple y sencillamente no tiene el personal, no tiene los recursos”, aseveró Sobrino.

En cualquier caso, Sobrino dijo que si la propuesta de la JSF era realmente para ayudar a los municipios era bienvenida, pero de lo contrario, no presagiaba mucho futuro.

“Si es de la ayuda que es positiva, puramente ayudar, traer ideas nuevas, asistencia técnica, proveer recursos profesionales, pues a quién no le ayuda eso. Pero si es en términos de tratar de ponerse muy granular con el presupuesto, con los procesos internos administrativos, y vamos a entrar en esta dinámica de nuevo, por 78, les auguro que no van a tener mucho éxito”, agregó Sobrino.

La JSF también anunció que exigirá al Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM) un plan fiscal de cinco años. Según el ente fiscalizador, el CRIM tendrá que trabajar en actualizar el Registro de Propiedad y mejorar sus esfuerzos de recaudación. Afirman que el CRIM tiene “sobre $2,000 millones en cuentas por cobrar, un 62% de tasa de recaudación de impuestos sobre la propiedad, y sobre 300,000 propiedades fuera de su registro”.

Además, durante la reunión se aprobó la certificación del nuevo plan fiscal revisado que presentó la directora ejecutiva, y en el que, entre otros aspectos, se incluyen aumentos salariales a policías, bomberos y maestros, además de aumentos en partidas para hospitales, Ciencias Forenses, y un fondo para becas en la Universidad de Puerto Rico, según había adelantado Jaresko.

Ese plan, sin embargo, no está libre de controversias con el gobierno en algunas áreas, como el pago del bono de Navidad y las pensiones.

En este plan, explicaron Jaresko y Carrión, como parte de someter una información más detallada y transparente en lugar de cifras englobadas, “se prohíbe” expresamente el pago del bono de Navidad. Si lo hicieran, pues el gobierno tendría que buscar los fondos para eso de alguna otra partida. De no hacerlo, la JSF podría activar una disposición contenida en la Ley Promesa y reducir los fondos de algún otro renglón.

La JSF reiteró además su reclamo de reducir en un 10% en promedio todas las pensiones, aunque excluiría de esa reducción a aquellas personas con ingresos a nivel o por debajo de la línea de pobreza según establece el gobierno federal.

El gobierno se opone fervientemente a esas medidas y ya en el pasado incluso retó la disposición sobre el bono de Navidad.

El secretario de Hacienda y principal oficial financiero, Raúl Maldonado, afirmó que “el gobierno no puede imponer más medidas de austeridad” y aseguró que “algunas medidas propuestas por la Junta solo profundizarían el sufrimiento de la gente”.

Maldonado recordó que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló “es pagar el bono (de Navidad)”, y harían los esfuerzos necesarios para cumplir con eso.

En cuanto a las pensiones, Sobrino, reiteró que “por varias razones, tanto legales como morales, se van a seguir pagando y no vamos a apoyar un recorte a las mismas”.

No obstante, ambos funcionarios destacaron que el plan fiscal revisado ratificado por la JSF “se acerca más a las proyecciones que había hecho el gobierno”, y reconocieron los aumentos en partidas para seguridad pública, salud y educación, tal como reclamaba el gobierno. Sin embargo, insistió en “todavía entendemos” que los recortes que propone la Junta “son demasiado agresivos y no se van a poder dar. Porque la realidad es que ese nivel de recortes no es sostenible para tener una operación que funcione”.