La cosa está mala y no hay cómo esconderlo. 

José Carrión, presidente de la JSF dijo que revisaron las proyecciones de ingresos y de gastos, así como todas las deudas pendientes con suplidores, bonistas y demás. Fue de esa manera que llegaron a la conclusión de que en 10 años habrá un descuadre $10,000 millones más de lo que calculó García Padilla, para un gran total de $67,500 millones.

En otras palabras, los cálculos de la Junta apuntan a que si el Gobierno pagara todas sus deudas, sin hacer recortes de gastos e incentivos y ajustes en su estructura, cada familia tendría que poner $5,400 todos los años durante una década por encima de lo que paga ahora en contribuciones. Solo así podríamos tener las cuentas al día para el 2026.

Ante ese panorama la receta de la Junta está clara: privatizar todo lo que se pueda y hacer reformas en prácticamente todas las áreas: laboral, asistencia social, energética, tributaria, de permisos y de Gobierno.

Duro contra el mantengo

En su carta, la Junta machacó sobre todo con que el Gobierno tiene que hacer algo para que la gente se ponga a trabajar.

Dijeron que “urge” tomar medidas como: “asegurar que menos personas dependan de asistencia social y pasen a formar parte de la fuerza laboral”. 

Más adelante indican que los objetivos para el futuro de Puerto Rico deben incluir “aumentar la tasa de participación laboral” y “lograr que la mayor cantidad de padres y otros adultos hagan una transición de programas de asistencia social a la autosuficiencia y el empleo”. 

Cuando Primera Hora preguntó a Carrión si eso implica que la Junta espera que se cambien las leyes laborales, la respuesta fue tan simple, como tan contundente.

“Sí”, dijo Carrión en una conferencia telefónica. “Próxima pregunta”, agregó. 

Sobre la necesidad de despidos de empleados públicos, Carrión fue ambiguo: “se está analizando todo”. 

La Junta también sugiere “privatizar los activos del Gobierno” y como ejemplo mencionaron la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y los puertos. 

“Puede haber otras entidades que podría ser buen negocio, pero está sujeto a conversación con el gobernador electo... Deben ser decisiones que le sirvan bien al fisco y al pueblo de Puerto Rico”, indicó Carrión en la conferencia.

Las pensiones también se deberán “reformar”, según establece la carta, pero no ofrecieron detalles.

Rosselló Nevares reaccionó diciendo que muchas de las recomendaciones de la Junta ya están contenidas en su Plan para Puerto Rico e invitó al ente a “que siga diciendo con claridad la base de lo que hemos heredado”. Afirmó que espera crear incentivos para que las personas reciban más dinero si trabajan, que si dependen de ayudas sociales, mientras que prefiere hablar de alianzas público-privadas, más que de privatizar.

García Padilla dijo en comunicado separado que las nuevas cifras de déficit confirman “nuestra posición sobre la precariedad de las finanzas públicas y la magnitud de la crisis que heredamos”. 

Por otro lado, Carrión afirmó que la Junta ya ha iniciado algunas conversaciones con bonistas para tratar de llegar a un acuerdo bajo el título VI de la ley federal Promesa. De esta manera se espera negociar mejores acuerdos, en lugar de ir a la corte para detener los cobros y reestructurar la deuda, que es lo que dispone el título III de la misma ley, y que favorece la administración de García Padilla.

La moratoria vigente en el pago de la deuda con los bonistas expira el 31 de enero.