La Junta de Supervisión Fiscal radicó hoy, jueves, una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico contra el gobernador Pedro Pierluisi en donde persigue anular la nueva Reforma Laboral y cualquier medida adoptada para aplicar la Ley 41 de 2022.

En un comunicado de prensa, el ente financiero adelantó que tomará las medidas para evitar la eliminación de la ley establecida en 2017 dado que la ley firmada por el Primer Ejecutivo en el pasado mes de junio “reduciría el empleo y la competitividad económica de Puerto Rico, repelería nuevas inversiones, disminuiría el crecimiento económico y reduciría significativamente los ingresos fiscales del Estado Libre Asociado”.

“Puerto Rico ha logrado un progreso sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico y la prosperidad, pero la aplicación de la Ley 41 revertiría ese progreso”, dijo el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel.

“Puerto Rico no puede implementar leyes que aten las manos de las empresas con deseos de crecer. La Ley 41 descarrilará el camino de Puerto Rico hacia la recuperación y disminuirá el crecimiento económico que el pueblo de Puerto Rico merece”, agregó.

Además, la Junta alegó que un análisis económico concluyó que la Ley 41-2022 tendrá un efecto negativo en el mercado laboral de Puerto Rico y en su economía en general, lo que conllevará menos puestos de empleo, una mayor emigración, un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales para el Estado Libre Asociado. La Ley haría que Puerto Rico sea menos competitivo en el mercado estadounidense y mundial.

“Desde 2017, la Junta de Supervisión ha sostenido consistentemente que una reforma laboral significativa es un elemento clave para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital. La Ley 41 derogaría incluso las limitadas reformas laborales recientes destinadas a aumentar el empleo y mejorar la economía, y en su lugar añadiría requisitos de la legislación laboral que afectan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, en violación directa de los términos expresos del Plan Fiscal certificado para Puerto Rico”, sostiene la Junta.

Anteriormente, Pierluisi había expresado que iba a defender la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral en los tribunales ante la insistencia de la Junta de eliminarlo por presuntamente contradecir tanto el plan fiscal como la Ley PROMESA.

“Lo vamos a litigar”, puntualizó en ese entonces a los medios de comunicación al culminar una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.

“Es que tenemos la razón y es al revés, hace todo el sentido del mundo el que mejoremos la oferta de empleo, el que haya un periodo de vacación razonable para todos los empleados en Puerto Rico, incluyendo a los del sector privado”, continuó.