La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció hoy a aprobación del presupuesto certificado para el año fiscal 2022, que por primera ocasión desde la implantación de la Ley Promesa que trajo a la JSF fue aprobado por la Legislatura y firmado por el gobernador Pedro Pierluisi.

Según se explicó en la presentación, este presupuesto es uno mucho más detallado y más transparente, además de ser consistente con el plan fiscal.

El presupuesto certificado contiene $10,100 millones del Fondo General, $3,500 millones del Fondo de Ingresos Especiales, y $7,800 millones de fondos federales, que ponen el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico en $21,400 millones. Los gastos más grandes son para cuidado médico ($4,000 millones) y educación ($3,900 millones).

Además el presupuesto indica que Puerto Rico se beneficiaría con otra cantidad significativa de fondos federales que entrarán a la economía a través de paquetes de estímulo o de recuperación. Se espera que Puerto Rico reciba unos $20,000 millones en fondos de estímulo relacionados a la pandemia del COVID-19, incluyendo $1,900 millones en desempleo; $1,700 para adicionales para asistencia nutricional; $476 millones para apoyo a pequeñas empresas y 2,500 millones en incentivos fiscales. Otros $3,000 millones en fondos federales de recuperación de desastres se estarían desembolsando durante este año fiscal 2022.

Miembros de la JSF catalogaron la aprobación como un paso “importante y prometedor” para cumplir con las exigencias de la Ley Promesa, que exige cuatro años de presupuestos balanceados, entre otros asuntos, para que se pueda retirar la JSF.

“Es un paso muy importante y prometedor. Promesa contempla que el presupuesto se certifique en proceso de intercambio entre la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador y la Legislatura. La Junta tiene la autoridad para tomar la decisión final, pero siempre nos complace cuando nos ponemos de acuerdo en el presupuesto y todos hacen ajustes, todos cedieron en asuntos que eran de gran interés para ellos, para lograr un presupuesto con el que todos están de acuerdo y que refleja a un Puerto Rico viviendo dentro de su realidad”, comentó el presidente de la JSF, David Skeel.

Sin embargo, a preguntas de la prensa, los miembros de la Junta admitieron que, aunque ciertamente la aprobación del presupuesto en acuerdo con la Legislatura y el Ejecutivo eran motivo de celebración, y un paso en la dirección a cumplir con las exigencias de la Ley Promesa, aún queda muchísimo por hacer.

“Hay que empezar en algún punto. Y el proceso de los cuatro años con presupuestos certificados comienza ahora. Pero hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas reformas estructurales que se tienen que hacer, hay muchas mejores prácticas financieras que se deben incorporar al gobierno. Hay que asegurarse de hacer proyecciones de ingresos certeras, hay que asegurarse de legislar para asegurarse de cuánto se gasta, hay que asegurarse de que tienes un monitoreo correcto para que no te sobrepases en el gasto de tu presupuesto. Hay que dejar de pensar en el día de hoy y el presente, y empezar a pensar en dónde quieres estar en cuatro años para asegurarnos que tengamos las mejores prácticas financieras en vigor. Si no hacemos eso y si el pueblo no le exige eso al gobierno vamos a seguir en las mismas”, comentó John Nixon. “Así que sí, estamos contentos porque empezamos el proceso. Creo que cada uno de los miembros de la Junta quisiera no estar aquí en cuatro años, pero mucho de eso va a depender de cuán bien trabajamos en equipo y cuáles cambios estructurales podemos hacer a las finanzas”.

“Creo que hay muchas cosas que celebrar. Específicamente, el hecho que logramos certificar un presupuesto en cumplimiento provisto por el gobernador y la Legislatura en algo para celebrar, que no había ocurrido antes”, agregó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. “Otra cosa para celebrar es que habrá la mayor cantidad de dinero disponible, quizás en la historia, para invertir en Puerto Rico. Hay $21,400 millones en el presupuesto consolidado, pero hay otros $12,400 disponibles en fondos de estímulo por el COVID y fondos de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias, en inglés) a ser distribuidos este año. Eso son $34,000 millones disponibles para gastar este año. Definitivamente debemos celebrar el poder tener esos recursos para restaurar la economía. Nunca lo habíamos tenido antes, es una oportunidad histórica. Así que sí, hay muchas cosas inciertas, pero la disponibilidad de estos fondos para usarlos de manera estratégica es una certeza”.

Por su parte, el miembro de la JSF Antonio Medina, recordó que, según la Ley Promesa, para que se vaya la JSF, tienen que ocurrir tres cosas: que haya cuatro presupuestos balanceados corridos, salir de la bancarrota, y volver a los mercados.

Explicó que “hoy empieza a correr el reloj” luego de la certificación de “un presupuesto donde la Legislatura legisló y aprobó ese presupuesto, donde el gobernador firmó ese presupuesto, y nosotros lo certificamos realmente con unos comentarios sumamente menores”. Sostuvo, “si trabajamos en equipo con la Legislatura y con el gobernador, después de cuatro años empezando en el día de hoy; si sacamos a Puerto Rico de la bancarrota, y nosotros estamos comprometidos a hacer todo lo posible para lograr que eso pase dentro de este año fiscal”, entonces, este contaría como el primero de los cuatro años con presupuesto balanceado que exige Promesa.

Medina aclaró que, aunque la negociación para salir de la bancarrota, “obviamente depende de las negociaciones con los bonistas y depende también de la corte de quiebra, porque la decisión final no la tomamos nosotros”, el proceso está bien encaminado y “tenemos suficiente de la deuda ya negociada y presentada al tribunal, y lo que nos falta, por ejemplo PREPA (AEE), está encaminado”. Sin embargo, insistió, “necesitamos la ayuda de la Legislatura y necesitamos la ayuda y trabajar en conjunto con el gobernador”.

Agregó que “el tercer paso que faltaría sería volver a los mercados” de capital, para lo cual “es crítico que estemos al día en los estados financieros del gobierno, y sabemos que estamos tres años atrasados”.

“Por lo tanto, no es solamente el proceso presupuestario, es asegurarnos que los cambios críticos que están en el plan fiscal, se lleven a cabo”, reiteró Medina, quien exhortó a la Legislatura y la Administración a trabajar “en conjunto con nosotros” para hacer “estos cambios necesarios en cómo opera el gobierno, para realmente terminar Promesa y llevar a Puerto Rico y los puertorriqueños a tener el futuro que nos merecemos”.

Arthur González, también miembro de la JSF, destacó que, para cumplir las exigencias de Promesa de entrada a los mercados financieros y tener cuatro años consecutivos de presupuesto balanceado, “hay que pagar la deuda”. Aclaró que para que el presupuesto esté balanceado, tiene que incluir el servicio de la deuda, “que se va a dar si llegamos a un plan (de ajuste) confirmado, la deuda se emite y se comienza a pagar”.

Junto con el presupuesto del gobierno, se presentaron también los presupuestos certificados de varias agencias y corporaciones públicas: la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Compañía de Fomento Industrial, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Coporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

“Estos presupuestos reflejan las prioridades de gasto del gobierno para los próximos 12 meses, en conformidad con sus respectivos planes fiscales. Estos presupuestos son además mucho más transparentes que los que se hacían antes de la Ley Promesa, y continúan tratando de mostrar todos los gastos gubernamentales de manera comprehensiva y en detalles”, sostuvo Jaresko.