La Junta de Supervisión Fiscal alegó en la noche de hoy, miércoles, que el Frente Amplio de Camioneros se ha negado a negociar con ellos para encontrar una solución a los problemas relacionados con las tarifas de acarreo.

Las expresiones surgen en medio de un paro de camioneros y transportistas que entraron hoy en “asamblea permanente” hasta que se consiga un acuerdo que reconozca un sistema de tarifas que les haga justicia, como el que aprobó en diciembre pasado el Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos y que fue paralizado por la Junta.

Según el ente federal impuesto por el Congreso para controlar las finanzas del País, el representante legal del Frente, Rolando Emmanuelli Jiménez, le habría expresado en una reunión en el mes de abril que el grupo “no estaba dispuesto a participar en el tema de las tarifas acarreo, el reglamento propuesto o la actualización del Plan Fiscal para tener en cuenta las preocupaciones de sus clientes”.

La comunicación por escrito entre ambas partes habría proseguido hasta mayo, cuando la Junta le informó que “entendía y respetaba” la decisión de la organización que representa de no participar en el diálogo.

“La Junta de Supervisión espera que el Frente Amplio también desista de crear dificultades adicionales al diario vivir del pueblo de Puerto Rico y participe en una solución amistosa al problema de las tarifas de transporte de carga terrestre”, expresó la Junta en declaraciones escritas a la prensa.

Se oponen a tarifas

Por otro lado, la Junta de Supervisión reiteró su oposición al reglamento sobre las tarifas diseñado por el Negociado de Transporte, ya que estipulan que no siguió el Plan Fiscal Certificado del Gobierno. Además, aseguraron tener jurisdicción bajo la Ley Promesa para revisarlo.

Según el tracto que realiza el ente federal, el Negociado les presentó el reglamento el pasado 11 de junio. Mientras, a petición de la Junta, el 20 de julio la agencia gubernamental le proporcionó documentos adicionales.

Luego de un análisis, ese mismo día la Junta le informó al Negociado que la adopción del reglamento no siguió el Plan Fiscal Certificado del Gobierno.

“En decir, el proceso que siguió el NTSP para adoptar el reglamento no cumplió con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), no se realizó un análisis de su impacto económico, y tampoco excluyó los contratos privados ya negociados”, manifestó la Junta.

“La Junta de Supervisión no puede aprobar un reglamento que infrinja los propios requisitos legales de Puerto Rico y el proceso para adoptar y poner en práctica dicho reglamento, y tampoco puede aprobar un reglamento que no esté en cumplimiento con el Plan Fiscal. Por su parte, el Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos debe asegurarse de que los reglamentos propuestos cumplan con LPAU y PROMESA. Al igual que con cualquier otra ley o reglamento, el Gobierno también debe proporcionar un análisis del impacto económico, incluyendo el crecimiento económico y el recaudo de impuestos, algo que el Negociado de Transportación y Otros Servicios Públicos tampoco ha hecho”, añadieron.

Durante los últimos meses, la Junta de Supervisión -ha estado y continuará- trabajando en cooperación con el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), con ciertos representantes de los camioneros de Puerto Rico y la comunidad empresarial, para encontrar una solución a los problemas relacionados con las tarifas de acarreo y sus implicaciones para las vidas de todos los puertorriqueños y la economía de Puerto Rico. Estos asuntos por trabajar incluyen el reglamento propuesto para aumentar las tarifas de acarreo y su extensión a nuevos segmentos de la economía, incluyendo los contratos privados.

La Junta de Supervisión se ha reunido con varios representantes de la industria de camiones, entre ellos, Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Frente Amplio de Camioneros, y con Camioneros Unidos de Puerto Rico. Sin embargo, en una reunión durante el mes de abril, Emmanuelli le expresó a la Junta de Supervisión que el Frente Amplio de Camioneros no estaba dispuesto a participar en el tema de las tarifas acarreo, el reglamento propuesto o la actualización del Plan Fiscal para tener en cuenta las preocupaciones de sus clientes.

La comunicación por escrito de la Junta de Supervisión con Emmanuelli continuó hasta mayo, cuando se le informó que entendía y respetaba la decisión de la organización que representa de no participar en este diálogo. No obstante, las conversaciones con otros representantes del transporte marítimo condujeron a un acuerdo que evitó un paro hasta que la Junta de Supervisión complete la revisión del reglamento y se complete un análisis económico. La Junta de Supervisión espera que el Frente Amplio también desista de crear dificultades adicionales al diario vivir del pueblo de Puerto Rico y participe en una solución amistosa al problema de las tarifas de transporte de carga terrestre.

La Junta de Supervisión ha estado revisando el reglamento propuesto, según lo requiere PROMESA. En ese sentido, el NTSP presentó dicho reglamento a la Junta el 11 de junio de 2021; mientras que el 20 de julio de 2021 -a petición de la Junta- el Negociado proporcionó documentos adicionales. Luego de un análisis, el 20 de julio la Junta de Supervisión informó al NTSP que la adopción del reglamento no siguió el Plan Fiscal Certificado del Gobierno.

En decir, el proceso que siguió el NTSP para adoptar el reglamento no cumplió con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), no se realizó un análisis de su impacto económico, y tampoco excluyó los contratos privados ya negociados.

La Junta de Supervisión no puede aprobar un reglamento que infrinja los propios requisitos legales de Puerto Rico y el proceso para adoptar y poner en práctica dicho reglamento, y tampoco puede aprobar un reglamento que no esté en cumplimiento con el Plan Fiscal. Por su parte, el NTSP debe asegurarse de que los reglamentos propuestos cumplan con LPAU y PROMESA. Al igual que con cualquier otra ley o reglamento, el Gobierno también debe proporcionar un análisis del impacto económico, incluyendo el crecimiento económico y el recaudo de impuestos, algo que el NTSP tampoco ha hecho.

La Junta de Supervisión reconoce la importante función que el segmento de transporte en camiones y sus trabajadores representan para el pueblo y la economía de Puerto Rico y continúa trabajando con todas las partes interesadas para resolver este asunto en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico y la economía de Puerto Rico.