El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández anunció hoy que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no dio paso al desembolso de fondos del presupuesto de gastos del gobierno central para la consulta del 16 de mayo en la que se elegiría a los delegados que irán al Congreso de Estados Unidos a cabildear por la estadidad.

Pero, el portavoz de la JSF, Edward Zayas dijo que el organismo, creado al amparo de la ley federal PROMESA, no se ha expresado todavía sobre ese asunto.

“Hasta el momento no se ha emitido nada. Hay que esperar a que la Junta se exprese”, sostuvo Zayas en declaraciones telefónicas a Primera Hora.

“La determinación de la Junta de Control Fiscal de no avalar el gasto de dinero para la elección de los cabilderos de la estadidad es el resultado positivo de una batalla iniciada por esta Cámara de Representantes a favor del pueblo de Puerto Rico. Esta lucha no es en contra de aquellos puertorriqueños que genuinamente aspiran a la estadidad”, reclamó Hernández en declaraciones escritas.

Sostuvo que el pasado 2 de marzo de 2021 la Cámara aprobó una resolución concurrente (Número 1) en reclamo de que el Legislativo federal apoye un proceso para Puerto Rico de autodeterminación inclusivo, participativo y vinculante que incluya todas las opciones de estatus, estadidad, estado libre asociado (ELA) no sujeto a la cláusula territorial, libre asociación e independencia.

“Le recuerdo al PNP que esta resolución se aprobó con el apoyo de legisladores de todas las creencias ideológicas. Es decir: estadolibristas, estadistas, libre asociacionistas e independentistas. Se trata, en cambio, de garantizar la responsabilidad fiscal en momentos en que el País atraviesa una crisis económica. Este es el resultado de la organización, disciplina y diligencia de un grupo de hombres y mujeres que forman parte de una delegación cuyo único norte velar por el bienestar de los puertorriqueños”, dijo el Presidente de la Cámara.

El secretario general del PNP y senador, Carmelo Ríos Santiago indicó por su parte, que si la determinación de la JSF fue de no dar paso la solicitud de fondos para la consulta de mayo, le recomendará al gobernador Pedro Pierlusi llegar “hasta las últimas consecuencias”. No descartó impugnar el dictamen de la Junta en los tribunales.

“Mi recomendación al Gobernador es que este es un caso que hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Él decidirá”, expresó Ríos Santiago.

El Gobernador indicó este lunes que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) había adelantado medio millón de fondos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Pero, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer indicó que estos fondos no son suficientes para que el organismo electoral pueda correr la consulta prevista para el próximo mes de mayo. “No son suficientes los fondos para completar el evento”, sentenció Rosado Colomer.

El Presidente de la CEE sostuvo que hasta el momento sólo hay unas 5 mil papeletas impresas y que faltan otras 900 mil.

“Estamos corriendo con un reloj bien apretado. El medio millón nos dio un respiro para el voto adelantado, pero todavía no tenemos los fondos para el evento per sé”, sostuvo.

A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Representantes entabló una demanda contra Pierluisi y el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli en la que solicita que el tribunal declare inconstitucional las leyes 166 y 167, que facultan al gobernador a convocar consultas de estatus para hacer valer el resultado a favor de la opción de la estadidad de noviembre de 2020 sin consultar a la Legislatura.

Las leyes garantizan a los llamados cabilderos de la estadidad, que serían seleccionados en la consulta de mayo, una asignación presupuestaria de $1,250,000 para gastos y salarios.

En la solicitud de Sentencia Declaratoria y de Injunction Preliminar y Permanente, Hernández alega que le toca al Poder Judicial establecer los linderos entre el poder Ejecutivo y el Legislativo y que la Constitución le delega a la Asamblea Legislativa el poder de aprobar el presupuesto y que el proceso se origina en la Cámara de Representantes.

La mayoría popular en la Legislatura aprobó, con el rechazo de la minoría novoprogresista, un proyecto de ley (P.C. 21) para derogar las leyes 166 y 167, que fueron aprobadas en los últimos días de la ex gobernadora Wanda Vázquez en La Fortaleza. La medida está en el despacho del gobernador Pierluisi, pero se anticipa que sería vetada o el mandatario no actuará sobre la misma.